El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) avanza con el pedido de exoneración a la investigadora Virginia Aparicio, integrante del equipo argentino del Proyecto SPRINT, una investigación financiada por la Unión Europea que detectó glifosato y otros plaguicidas en muestras humanas y ambientales.
El caso enfrenta a la investigadora y a organizaciones gremiales con las autoridades del organismo, que le atribuyen distintas irregularidades administrativas. Aparicio sostiene que el proceso disciplinario está vinculado con los resultados de la investigación y denuncia un intento de disciplinamiento sobre la comunidad científica del INTA.
El Proyecto SPRINT
En español se lo denomina “Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global”. Comenzó en 2018, cuando un consorcio de instituciones de 10 países europeos, además del INTA y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), intentaban evaluar el impacto de los plaguicidas.
En la primera etapa, Aparicio y su equipo midieron la presencia de plaguicidas en muestras ambientales, vegetales, animales y humanas. En 2023, cuando debía continuar con la siguiente fase del proceso y reunirse con los productores para comentar los resultados, desde el INTA se lo prohibieron.
Los resultados que recolectaron resultan preocupantes. Detectaron la presencia del glifosato en el 86,1% de los voluntarios argentinos muestreados, contra el 35,2% en las pruebas en Europa. En las muestras de materia fecal de los participantes bonaerenses analizados la cifra llegó al 100%. Además, encontraron clorpirifos, un insecticida prohibido, en el 37,7% de los argentinos examinados, frente al 3,7% de los europeos. A su vez, hallaron rangos de 43 a 86 plaguicidas en el polvo del interior de las viviendas que analizaron y entre 6 y 22 en los alimentos analizados.
A comienzos de 2024, Gastón Rodríguez reconstruyó para Tiempo Argentino las razones por las que el proyecto dejó de realizarse en Argentina. En su nota, explicó que “fue por presión de la Mesa de Enlace”, ya que “las entidades ruralistas le dijeron a la conducción política del INTA que, con esos datos, no iban a poder sembrar nada” y que les establecerían prohibiciones. Las autoridades cedieron a esa presión.
¿Qué pasó con Virginia Aparicio?
Aparicio es ingeniera agrónoma y científica de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Balcarce. Tiene más de 20 años de trayectoria en el organismo y actualmente enfrenta un proceso disciplinario que podría terminar con su exoneración de la administración pública. En diálogo con Página 12 denunció que quieren quitarle la identidad científica y “generar miedo para que el resto de los investigadores se autocensuren” y “que se dejen de investigar los temas verdaderamente importantes, los temas sensibles”.
A mediados de 2023, cuando comenzaban a difundirse los resultados, el INTA suspendió una reunión prevista con productores y posteriormente decidió retirar a Aparicio del proyecto. La resolución que formalizó su salida fue firmada el 7 de diciembre de 2023 por el entonces presidente del organismo, Mariano Garmendia. Allí fue cuando le realizaron un sumario que luego continuó con un pedido de exoneración ratificado en la última sesión del Consejo Directivo.
Según su abogado Mario Bolla, el sumario que tramitó el INTA carece de fundamentos jurídicos sólidos y busca generar un “efecto disciplinador”. Acusan a Aparicio por faltas administrativas derivadas del cumplimiento de sus tareas científicas, que, de acuerdo al abogado, la exoneración sería una medida desproporcionada que no se aplica ni en los casos más graves dentro del empleo público. En declaraciones con Eco News, Bolla explicó que “no le perdonan que tenga en su poder los resultados que el gobierno no quiere mostrar”, tanto el actual como el anterior.
Además, denunció que algunas de las acusaciones no tienen mucho sentido. Por ejemplo, la de “ocultamiento de información a jerarquías superiores”, dado que «Virginia le comunicó cada acción del proyecto al jefe directo de la Estación Experimental”. “Otra cosa que se le imputa es que causó perjuicio económico y material al Estado nacional, lo que también es totalmente falso. El INTA no puso un solo peso en SPRINT, todas las partidas llegaron desde Europa y fueron debidamente rendidas”, detalló el abogado.
Por su parte, Aparicio describió lo que sucedió en declaraciones en Página 12: “Ahora me quieren exonerar por un proyecto que en su momento fue aprobado por las autoridades, a través de la firma de un convenio. Cuando comenzamos a recolectar y procesar los primeros datos, desde el INTA comenzaron a visualizar el caudal de información generado y me pidieron suspender una reunión y luego salir del proyecto. Más tarde, me iniciaron una investigación sumarial”.
Por esta razón, la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA) emitió un comunicado donde expresó su preocupación por la situación. Ellos quieren evitar una “sanción desproporcionada que, recayendo en una sola persona, terminaría persiguiendo, censurando y silenciando a toda la investigación y el personal del INTA”.
Señalan que SPRINT fue “aprobado por todas las instancias de consulta, gerencia, dirección y política del INTA” y, una vez aprobado, los investigadores tenían el compromiso y la obligación de ejecutarlo. “Aplicar la máxima sanción a una investigadora por hechos producidos en el marco de un proyecto institucional tendría consecuencias sobre todo el personal y debilitaría la investigación pública”, explicaron. Por eso, rechazan la cesantía de la doctora Virginia Aparicio y consideran inadmisible su exoneración. Mientras esperan la medida disciplinaria, tanto el APINTA como ATE CONICET realizaron un formulario con la consigna “No a la exoneración de Virginia Aparicio” en el cual piden a las autoridades del INTA que “no hagan efectiva la exoneración de la Dra. Virginia Aparicio y que garanticen plenamente su derecho de defensa y el debido proceso”.
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