Los deudores alimentarios que incumplan con sus obligaciones hacia sus hijos no podrán apostar ni operar en plataformas de juego en línea en la Ciudad de Buenos Aires. Según informó el Gobierno porteño, la medida comenzó a aplicarse a partir de la puesta en práctica de una ley aprobada por la Legislatura y forma parte de las restricciones establecidas para quienes figuran en el Registro Público de Alimentantes Morosos (RPAM).
A partir de esta normativa, quienes estén inscriptos en el Registro no podrán abrir ni mantener cuentas activas, realizar depósitos, efectuar apuestas o solicitar retiros en las plataformas de juego habilitadas por Lotería de la Ciudad (LOTBA).
La prohibición alcanza a los juegos de azar y también a los juegos de destreza o cualquier otra modalidad de entretenimiento por internet que sea administrada por LOTBA. De acuerdo con la explicación oficial, se trata de una medida adicional destinada a proteger los derechos e intereses de niños, niñas y adolescentes en territorio porteño.
“En la Ciudad, los deudores alimentarios no pueden entrar a estadios ni espectáculos masivos. Ahora, tampoco pueden hacer apuestas online. Es muy simple: si no cumplís con una obligación tan básica como alimentar a tus hijos, tenés consecuencias”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
Cómo funcionará el control en la Ciudad
Para garantizar el cumplimiento de la nueva disposición, las empresas operadoras de juegos deberán consultar de manera automatizada y en tiempo real el Registro Público de Alimentantes Morosos antes de habilitar una cuenta de usuario.
Si el sistema detecta que una persona ya inscripta como deudora alimentaria cuenta con una cuenta operativa, la empresa deberá suspenderla de inmediato y notificar la situación tanto al Registro como a la Justicia de la Ciudad.
Las empresas de juego que no cumplan con estos controles quedarán sujetas a sanciones graduadas, de acuerdo con la regulación específica del sector, los pliegos de concesión y el Régimen de Faltas.
“Desde Lotería celebramos la sanción de esta ley porque apunta a que el Juego Responsable también sea una herramienta para proteger los derechos de chicos y adolescentes”, señaló el presidente de LOTBA, Jesús Acevedo.
“Para nosotros es importante que el sistema de juego regulado pueda acompañar políticas que tienen que ver con la responsabilidad y con la protección de los menores de edad. Quien tiene una deuda alimentaria con sus hijos tiene una obligación que debe cumplir y no corresponde que pueda destinar recursos a las apuestas”, agregó Acevedo.
La iniciativa incorpora un nuevo artículo, el 17 bis, a la Ley N° 269, que estableció la creación del Registro Público de Alimentantes Morosos. Además, suma otro artículo referido a los sistemas informáticos de consulta automatizada en tiempo real y a la protección de los datos personales.
Qué otras restricciones tienen los deudores alimentarios en la Ciudad
La prohibición para operar en plataformas de apuestas se suma a otras medidas que ya se encuentran vigentes en la Ciudad de Buenos Aires. Entre ellas, los deudores alimentarios morosos tienen prohibido ingresar a estadios de fútbol y espectáculos masivos mediante operativos de control.
Según informó el Gobierno porteño, desde el comienzo de estos procedimientos, hace más de un año, se impidió el ingreso de 284 personas que figuraban inscriptas en el Registro.
El Registro de Deudores Alimentantes Morosos, que está a cargo del Ministerio de Justicia de la Ciudad, reúne actualmente a 13.500 deudores, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de las 14 provincias que suscribieron convenios.
En territorio porteño, además, quienes incumplen sus obligaciones alimentarias enfrentan otras restricciones. Entre ellas, no pueden sacar tarjetas de crédito, abrir cuentas corrientes ni solicitar o renovar créditos en el Banco Ciudad. Tampoco pueden tramitar la licencia de conducir, salvo en el caso de la licencia profesional.
El régimen también establece impedimentos para postularse a cargos públicos, ser candidatos, participar en concursos y/o ser designados en cargos judiciales, entre otras restricciones previstas para quienes mantienen deudas alimentarias registradas.
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