La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves la transferencia de la función judicial en materia laboral desde el ámbito nacional al Fuero del Trabajo porteño, en un paso considerado central por el Gobierno de Jorge Macri para avanzar en la autonomía jurisdiccional de la Ciudad.
El proyecto, impulsado por la Jefatura de Gobierno, fue sancionado con 36 votos a favor, 2 en contra y 20 abstenciones. Los bloques del oficialismo y sus aliados, Vamos Juntos, La Libertad Avanza, Confianza y Desarrollo y el radicalismo, acompañaron la iniciativa, mientras que el peronismo optó por abstenerse.
La votación se produjo después de varios meses de tratamiento y debate en las comisiones legislativas y ratifica el acuerdo celebrado entre el Estado Nacional y la administración porteña para concretar el traspaso de la Justicia Laboral Nacional a la órbita de la Ciudad.
El convenio había sido firmado el 9 de febrero de 2026 por el entonces jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni, en representación del Estado Nacional, y el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia. Posteriormente, el acuerdo fue aprobado por el Congreso Nacional en el marco de la sanción de la Ley 27.802 de reforma laboral.
La transferencia se inscribe en el proceso de consolidación de la autonomía porteña establecido por el artículo 129 de la Constitución Nacional, incorporado con la reforma de 1994, que reconoció a la Ciudad un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción.
Cómo será la transición, de acuerdo a lo que votó la Legislatura
Uno de los puntos centrales del acuerdo es el régimen previsto para las causas laborales que ya se encuentran en trámite. La Justicia Nacional del Trabajo conservará competencia exclusiva sobre los expedientes iniciados antes de la puesta en funcionamiento efectivo del fuero porteño, hasta el dictado de la sentencia definitiva.
En cambio, todas las demandas que se inicien con posterioridad a la entrada en vigencia del nuevo sistema quedarán radicadas exclusivamente ante el Fuero del Trabajo de la Ciudad, que también tendrá a su cargo la ejecución de las sentencias.
El esquema contempla, además, un cierre progresivo de los juzgados nacionales involucrados en la transferencia, sujeto a la correspondiente ratificación del Congreso Nacional. En particular, se prevé el cierre inmediato de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y de 30 juzgados nacionales del trabajo que actualmente se encuentran vacantes.
La Nación, a su vez, se compromete a no realizar nuevas designaciones para cubrir las vacantes correspondientes a las competencias que serán transferidas y a avanzar en la negociación de convenios específicos para concretar la transferencia progresiva de las partidas presupuestarias necesarias.
Del lado de la Ciudad, el acuerdo establece un plazo de hasta 180 días corridos para concursar y seleccionar a los magistrados y a los integrantes del Ministerio Público, Fiscalía, Defensa y Asesoría Tutelar, y disponer los recursos operativos y edilicios necesarios para poner en funcionamiento los juzgados y salas creados por la Ley 6.789.
El nuevo fuero laboral porteño contará, además, con su propio régimen procesal, habilitado junto con su creación formal por las leyes 6.789 y 6.790.
Las competencias que quedan fuera del traspaso
El acuerdo también delimita las materias que permanecerán bajo jurisdicción federal. Entre ellas se encuentran los conflictos colectivos de trabajo, las acciones vinculadas con el régimen de asociaciones sindicales —como encuadramiento, personería y elecciones—, las causas en las que sea parte el Estado Nacional y aquellas materias no delegadas derivadas del Pacto Federal del Trabajo, establecido por la Ley 25.212.
Estos conflictos quedarán bajo la competencia de la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal.
Asimismo, el texto ratifica, en línea con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Levinas”, que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (TSJ) será considerado tribunal superior de la causa y tendrá competencia para resolver los recursos ordinarios y de inconstitucionalidad contra resoluciones de la justicia nacional ordinaria con asiento en la Ciudad.
“Sentencias más rápidas”
Tras la aprobación, el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, defendió el alcance de la transferencia y destacó las modificaciones que, según sostuvo, tendrá el nuevo sistema.
“La Justicia Laboral local va a ser completamente distinta a lo que conocemos hoy, con sentencias más rápidas gracias a modernizaciones procedimentales y tecnológicas”.
Tapia sostuvo además que el nuevo fuero busca evitar que los conflictos laborales se conviertan en un obstáculo para la actividad económica
La entrada en vigencia efectiva del convenio quedará supeditada a la aprobación del acuerdo específico posterior referido a la transferencia de los recursos necesarios para su implementación.
Con la ratificación legislativa, la Ciudad dio así un nuevo paso en la construcción de un sistema judicial propio. Para la administración de Jorge Macri, el traspaso de la Justicia Laboral constituye una pieza más del proceso iniciado con la autonomía porteña en 1994 y una de las políticas centrales de su gestión para completar las competencias jurisdiccionales de la Ciudad.
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