Las Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), a través de su Observatorio «Mujeres, Disidencias, Derechos» y en articulación con el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi), presentaron el informe Futuro en pausa, sobreviviendo al ajuste de Milei, un relevamiento federal sobre cómo la política económica del Gobierno nacional impacta en la vida cotidiana de mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans, intersex y personas no binarias (LGBTTINB+).
El trabajo de campo se realizó entre el 29 de mayo y el 15 de julio de 2026, de forma presencial, con formularios en papel y dispositivos electrónicos, en localidades de todo el país. Sobre 1.605 respuestas recibidas, se validaron 1.538 tras un proceso de depuración, lo que garantiza un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 2%.
La muestra respetó la distribución poblacional por región: 65% correspondió al Centro (CABA, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y La Pampa), 15% al NOA, 8% al NEA, 7% a Cuyo y 5% a la Patagonia.
Del total de encuestadas, el 94% se identificó como mujer, el 3% como varón, y el 3% restante como no binarie, varón trans o mujer trans/travesti. En cuanto a orientación sexual, el 80% se definió como heterosexual y el resto se distribuyó entre bisexual, lesbiana, gay, marica u homosexual, u otras orientaciones.
Del cruce de ambas variables surge que el 16% de las encuestas fue respondida por población LGBTTINB+. El promedio de edad fue de 40 años, y el 84% de las consultadas integra hogares con ingresos menores a $1.800.000 mensuales.
Ajuste en la mesa: menos comida, peor calidad
El primer eje del informe muestra el impacto directo sobre el consumo cotidiano. El 90% de las encuestadas afirmó haber ajustado las compras diarias del hogar, y el rubro más recortado fue vestimenta (69%), seguido de cerca por los alimentos básicos, mencionados por el 52%.
Casi 9 de cada 10 personas (88%) consideró que en los últimos seis meses compró «menos» o «mucho menos» en relación a sus ingresos personales.
La brecha entre ingresos y gastos básicos es otro dato clave: en el 21% de los hogares esos gastos «nunca» se cubren, y en el 49% se cubren solo «a veces». Los alimentos (62%) y los medicamentos (53%) son percibidos como los rubros con precios más excesivos, por delante incluso del alquiler (52%).
Frente a este escenario, el 98% de las encuestadas debió adoptar alguna estrategia de supervivencia económica: comprar en ofertas (80%), hacer compras mayoristas (41%) o adquirir productos usados (27%) fueron las más mencionadas. El 85% dejó de salir a comer con familia o amistades, y el 49% suspendió actividades culturales.
En el plano estrictamente alimentario, el 87% modificó su consumo de alimentos por motivos económicos: el 65% redujo simultáneamente calidad y cantidad de su comida.
Por falta de recursos, el 65% dejó de comprar carne, el 35% dejó de comprar lácteos y el 29% dejó de comprar frutas y verduras. Un dato que el informe señala como «indicativo de inseguridad alimentaria»: en el 42% de los hogares, algún integrante debió saltear una comida por falta de dinero.
Pluriempleo de las mujeres, informalidad y deudas para llegar a fin de mes
El segundo bloque del informe aborda el mundo del trabajo. El 67% de las encuestadas recibe ingresos por algún trabajo remunerado, pero el 51% de esas ocupaciones son precarias (informales o formales independientes). El 29% tiene más de un trabajo pago, y el 56% sumó nuevas actividades, venta de ropa o comida, changas de limpieza y cuidado, manejo de redes sociales, conducción en aplicaciones, en los últimos seis meses para completar ingresos. El 25% perdió su empleo o su principal fuente de ingresos en ese mismo período.
Un tercio de las encuestadas (33%) directamente no percibe ningún ingreso propio: el 55% de ellas está desempleada y el 22% se dedica de manera exclusiva y no remunerada al trabajo doméstico.
Sobre el endeudamiento, el informe recoge una frase reciente del presidente Javier Milei, quien sostuvo que nadie obligó a nadie a endeudarse, y la contrasta con los datos relevados: el 63% de las encuestadas está endeudada, y el 59% acumula deudas con dos o más fuentes de manera simultánea. La principal fuente es la tarjeta de crédito bancaria (49%), seguida de créditos o préstamos por billetera virtual (32%) y deudas por servicios públicos e impuestos (25%).
El documento advierte que estos préstamos no se destinan a gastos ocasionales, sino a sostener necesidades básicas o pagar intereses de deudas previas, muchas veces a tasas usurarias y fuera del sistema bancario formal, lo que, según MuMaLá, expone a las mujeres endeudadas a situaciones de violencia, pérdida de bienes o de la vivienda en los casos más extremos.
Salud mental bajo presión: preocupación, angustia y síntomas físicos
El informe dedica un capítulo entero al bienestar psicofísico, y los resultados son contundentes. Ante la consigna de describir su estado de ánimo, «preocupada» fue la respuesta más elegida (61%), seguida de «angustiada» (45%), «ansiosa» (43%) e «intranquila» (41%).
El 83% señaló que las preocupaciones económicas afectan su descanso o sueño, y el 81% dijo experimentar desbordes emocionales con regularidad. En el último mes relevado, el 86% presentó síntomas físicos asociados al estrés, dolores de cabeza, tensión muscular, insomnio, con un 29% de casos calificados como intensos.
El documento vincula este deterioro con el desfinanciamiento de los dispositivos públicos de salud mental, las demoras crecientes para conseguir turnos y medicación, incluidos tratamientos hormonales, y la migración de profesionales hacia la atención privada, lo que deja a las usuarias del sistema público con esperas cada vez más largas o directamente sin atención.
Cuidados sin reconocimiento y una mirada hacia un futuro que empeora
Otro de los hallazgos centrales tiene que ver con las tareas de cuidado. El 55% de las encuestadas tenía personas a cargo económicamente al momento de la encuesta, en el 75% de los casos, niños, niñas o adolescentes, y el 94% declaró realizar tareas domésticas en su hogar, con un 53% que lo hace «siempre».
El informe recuerda que, según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del INDEC, las mujeres argentinas dedican a las tareas domésticas no remuneradas casi 20 puntos porcentuales más que los varones, un trabajo que en 2022 representó el 16,8% del PBI nacional, por encima de sectores como la industria manufacturera o el comercio.
Sobre la percepción general de la economía, el 70% de las encuestadas considera que su situación actual es peor que hace seis meses, y el 89% afirma que esa realidad económica limita sus proyectos personales.
Mirando hacia adelante, el 47% cree que su situación empeorará y solo el 21% espera una mejora.
«El Estado es responsable»: la lectura política del informe
En sus conclusiones, MuMaLá resume los hallazgos bajo una serie de etiquetas que atraviesan el documento: mujeres y diversidades «ajustadas», «hambreadas», «pluriempleadas y precarizadas», «endeudadas», «preocupadas, angustiadas, desbordadas» y «sobrecargadas» de tareas de cuidado.
El informe sostiene que, desde diciembre de 2023, los programas sociales sufrieron un recorte del 27,7%, las jubilaciones del 23,6%, los subsidios a la energía del 19,5% y la educación del 10,8%, al tiempo que el Gobierno nacional eliminó el acompañamiento económico para mujeres y personas LGBTTINB+ en situación de violencia y disolvió el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.
El documento también apunta contra la eliminación de la prórroga de la moratoria previsional, una herramienta que, según MuMaLá, permitía compensar los obstáculos estructurales que enfrentan las mujeres para acumular los 30 años de aportes necesarios para jubilarse, dado el peso de las tareas domésticas no remuneradas y la informalidad laboral en sus trayectorias de vida.
El cierre del informe sostiene que el actual gobierno combina un discurso «negacionista» en materia de género con un programa económico que funciona como el «complemento material» de esa violencia simbólica, agravando las condiciones de vida de mujeres y disidencias.
MuMaLá define al documento como una herramienta para visibilizar y combatir esas violencias, y lo resume en una consigna: «El Estado es responsable».
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