Miles de personas se movilizaron hacia las inmediaciones del Ministerio de Economía en un reclamo que unió a las cuatro centrales obreras, organizaciones sociales, movimientos de la economía popular y entidades de pequeñas y medianas empresas. La consigna que resumió la protesta se repitió en varios carteles: «el arma en la cabeza es el plan económico de Milei».
La jornada había comenzado horas antes con la concentración convocada por el Movimiento Libres del Sur, que fijó el punto de partida a las 13 en Plaza de Mayo, frente a la Catedral, para luego recorrer distintas sucursales bancarias antes de confluir con el resto de las organizaciones y sindicatos rumbo al Ministerio de Economía.
«Un plan deliberado de Milei», según Libres del Sur
En un comunicado difundido previo a la movilización, la dirigente de Libres del Sur, Silvia Saravia, había anticipado los motivos de la protesta y responsabilizó directamente a la gestión libertaria por la situación de endeudamiento de las familias.
«Las deudas de las familias alcanzan a más de 6 millones de personas y afectan al conjunto de jóvenes, trabajadores, jubilados y ciudadanos en general», señaló, y agregó que el Gobierno «habilitó que las tarjetas de crédito y las billeteras virtuales no tuvieran límite para incrementar sus tasas de interés», lo que permitió tasas superiores al 1.300%.
Saravia enumeró además el impacto de la política económica sobre los ingresos: la caída del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, el congelamiento del bono jubilatorio, la eliminación del Plan Potenciar Trabajo y la pérdida de más de 300.000 puestos de trabajo registrado desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
A esto sumó el impacto de la eliminación de la Ley de Alquileres y el aumento de los servicios públicos por encima de la inflación como factores centrales del endeudamiento de «millones de compatriotas» que, según remarcó, «nos estamos endeudando para comprar alimentos y medicamentos».
La dirigente fue especialmente crítica con la lectura oficial del fenómeno: «No es ‘algo entre privados’, como dicen Milei y Caputo. Es un plan deliberado para trasladar ingresos hacia los que más tienen», sostuvo, en referencia a las declaraciones del propio Presidente, que había señalado que «nadie les puso una pistola en la cabeza» a quienes se endeudan.
La CGT entregó un petitorio en el Ministerio
En el tramo final de la marcha, dirigentes de la CGT, la UTEP y las dos CTA llegaron hasta las puertas del Ministerio de Economía, fuertemente custodiado por un vallado que se extendió desde Avenida Colón hasta Plaza de Mayo, para entregar un petitorio dirigido al ministro Caputo.
El documento reclamó medidas urgentes frente al aumento de la morosidad y describió el círculo vicioso que atraviesan las familias: «Cuando una familia deja de poder pagar una tarjeta de crédito o un préstamo, deja de consumir. Cuando una empresa no puede financiar su capital de trabajo, reduce su actividad. Y cuando cae el consumo y cae la producción, también se resiente el empleo».
«Este petitorio es para que el Gobierno dé una solución en lo inmediato. Son los responsables de esta crisis económica que se agudiza y alcanza situaciones críticas entre las familias», afirmó el secretario general de la CGT, Cristian Jerónimo.
El reclamo central apuntó a que el Banco Central ejerza su rol de regulador sobre las tasas de interés que aplican bancos, aplicaciones financieras y billeteras virtuales. Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la morosidad en préstamos otorgados por billeteras virtuales y aplicaciones financieras trepó al 29,6%, un nivel que superó incluso los registros de la pandemia y que triplica al de la banca tradicional. El fenómeno golpea especialmente a los sectores más jóvenes y de menores ingresos, que recurren al crédito para cubrir gastos cotidianos.
De acuerdo con los datos difundidos, tres empresas concentran el 40% de los préstamos en mora: Tarjeta Naranja y Naranja Digital Compañía Financiera, ambas vinculadas al Grupo Galicia, y Mercado Libre, la compañía de Marcos Galperín. Las centrales obreras también reclamaron un programa de refinanciación de deudas que contemple tasas acordes a la evolución de los ingresos.
Un fenómeno que ya alcanza a más de 20 millones de personas
Según cifras difundidas por las organizaciones convocantes, los endeudados con el sistema bancario y las billeteras virtuales ya suman cerca de seis millones de personas, mientras que el universo total de endeudados, que incluye además el circuito informal, rondaría los 20 millones, casi la mitad de la población del país. Las organizaciones sociales advirtieron además sobre la existencia de un circuito de prestamistas barriales, muchas veces vinculado, según sus denuncias, a estructuras narco o criminales, del que no existen estadísticas oficiales.
Desde el Gobierno, la lectura es distinta. Mientras la movilización avanzaba hacia el centro porteño, Milei participaba de un encuentro del Council of the Americas en el Hotel Alvear, donde sostuvo que «el desempleo no aumentó, tampoco cayeron los salarios». El mandatario había insistido semanas atrás en que el endeudamiento privado no es un asunto en el que su gestión deba intervenir: «Si yo me meto entre los privados, le voy a tener que tocar el bolsillo a otro, y eso me parece que está mal».
Los datos oficiales sobre el cierre de empresas, sin embargo, contrastan con ese diagnóstico: según el último registro con aportes al SIPA, en mayo cerraron tres empresas por hora en la Argentina, un total de 2.371 unidades productivas en el mes, que elevó a 8.438 la cifra acumulada de cierres en lo que va del año.
Las Pymes también se movilizaron
Por la mañana, antes de la marcha central, distintas cámaras de pequeñas y medianas empresas realizaron su propia movilización para exigir que el Congreso trate una ley de emergencia para el sector. «Mientras se funden las 30.000 Pymes de todo el país, los gobernadores miran para otro lado; tienen que ordenar a sus diputados y senadores que voten la ley de Emergencia en el Congreso de la Nación», planteó a Página/12 Leo Bilansky, director de mundoempresarial.ar e integrante de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), una de las entidades que impulsó la protesta junto a Apyme y la Fundación Pro Tejer.
El reclamo de las Pymes también quedó plasmado en el petitorio de la CGT, que pidió atender la situación de endeudamiento de las empresas «que compromete su capital de trabajo y amenaza la continuidad de su actividad poniendo en juego las fuentes de trabajo».
Proyectos frenados en el Congreso
En el Parlamento existen 28 proyectos de la oposición orientados a atender la situación de familias y empresas endeudadas, pero ninguno avanzó: según se informó, La Libertad Avanza bloquea su tratamiento en comisión.
Ante la parálisis legislativa a nivel nacional, algunas provincias avanzaron con medidas propias. En Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof informó la apertura de un expediente de investigación contra las billeteras virtuales, luego de que se conociera que solo en el primer semestre del año se recibieron 2.240 denuncias contra Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud por incumplimientos a la normativa de defensa del consumidor y por hechos de acoso y hostigamiento.
En La Rioja, el gobernador Ricardo Quintela declaró por 180 días la emergencia económica, crediticia y social vinculada a las operaciones de crédito para consumo, a través de un DNU que crea un régimen de intervención estatal más fuerte frente a prácticas abusivas, exige mayor información a quienes otorgan créditos, incorpora mecanismos de registro y fiscalización, y habilita instancias de conciliación para las situaciones de endeudamiento insostenible.
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