La creciente presión política y social obligó al Gobierno a dar marcha atrás con uno de los puntos más cuestionados de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. A menos de 24 horas de una jornada nacional de lucha y luego de perder el respaldo de varios gobernadores y senadores aliados, el oficialismo decidió retirar del debate el capítulo que modificaba la Ley de Tierras para flexibilizar la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
La decisión fue adoptada durante una reunión del bloque de 44 senadores que integran La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y otros espacios. Allí se acordó, por unanimidad, postergar el tratamiento del Capítulo III del proyecto, referido al régimen de tierras rurales.
En un comunicado, el oficialismo sostuvo que la medida responde a la necesidad de “continuar trabajando” ese capítulo para alcanzar un mayor consenso y aclaró que no implica su eliminación definitiva. Sin embargo, la marcha atrás llegó cuando la Casa Rosada ya había perdido los votos necesarios para aprobar esa parte de la iniciativa y buscaba evitar que una derrota hiciera naufragar el resto del proyecto.
El cambio de estrategia comenzó a gestarse durante las últimas horas, cuando distintos gobernadores rechazaron públicamente cualquier modificación que facilitara la extranjerización de tierras. El neuquino Rolando Figueroa fue uno de los primeros en pronunciarse y su posición impactó directamente sobre el voto de la senadora Julieta Corroza. Poco después, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, también expresó su rechazo a la reforma. A ese escenario se sumaron los radicales Flavio Fama y Daniel Kroneberger, además de la salteña Flavia Royón y el santacruceño José María Carambia, quienes anticiparon que no acompañarían el capítulo más controvertido del proyecto.
Con ese panorama, el oficialismo dejó de reunir los 37 votos necesarios para aprobar la reforma y comenzó a negociar una salida que evitara una derrota parlamentaria. En ese sentido, en el encuentro se acordó avanzar con el tratamiento del resto de la ley, que incluye las reformas al régimen de expropiaciones, los procedimientos de desalojos, la actualización de la Ley de Manejo del Fuego y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble. “El capítulo referido a la Ley de Tierras continuará siendo trabajado hasta lograr una redacción que reúna el mayor acompañamiento posible”, expresaron en el escrito.
ATE celebró el retroceso y ratificó la movilización
Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) atribuyeron la marcha atrás a la presión ejercida por la movilización popular y aseguraron que la protesta prevista para este jueves seguirá en pie. “Es un triunfo de la lucha del pueblo que no sólo rechaza este proyecto, sino también a un Gobierno que quiere entregar el país entero con todos sus recursos”, afirmó el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar.
El dirigente sostuvo que el retiro del capítulo demuestra que “solo estando en la calle vamos a seguir recuperando soberanía” y confirmó que la concentración prevista para mañana sigue en pie y comenzará a las 12 en la intersección de Avenida Rivadavia y Rodríguez Peña, frente al Congreso, además de las movilizaciones convocadas en distintas provincias.
“A Milei se le están terminando las balas y cuando eso suceda, vamos a ir por él. Igual vamos a movilizar para seguir repudiando a los senadores que han tergiversado su representación, porque debieran impulsar y votar iniciativas para defender los intereses de nuestra nación y no rematarla”, concluyó.
Aunque el Gobierno consiguió evitar una derrota inmediata al retirar el capítulo sobre la Ley de Tierras, la oposición y las organizaciones convocantes consideran que el cambio de postura constituye el primer efecto de la resistencia política y de la movilización social, y anticipan que mantendrán la presión durante el debate del resto del proyecto.