El Gobierno de Javier Milei cumplió 40 días de desobediencia del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordena la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
El 25 de junio, el máximo tribunal de justicia dejó firme la sentencia que ordena al Ejecutivo a girar los 2.5 billones de pesos en cumplimiento con los artículos 5 y 6, los cuales habían sido suspendidos por el gobierno. Las partidas deben plasmarse en actualizaciones salariales al personal docente y no docente, además de la recomposición de las becas estudiantiles.
De este modo, la gestión libertaria se niega a reconocer la voluntad del Congreso de la Nación que sancionó la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario hace casi un año, el 21 de agosto de 2025.
Finalmente, y ante el también desinterés del gobierno por cumplir con los fallos de la Justicia, el diputado nacional Esteban Paulón denunció la no aplicación de la ley y catalogó de “mentirosos” a los principales responsables.
“Docentes, no docentes y rectores denuncian que las partidas siguen sin llegar. La universidad pública no necesita más excusas. Necesita que cumplan la ley”, fustigó el diputado.
Además, calificó de mentirosos al presidente Milei, al jefe de Gabinete, Diego Santilli y al secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Sin embargo, puntualizó sobre el titular de la Comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, por sus dichos en la última reunión de comisión del 1 de julio.
En aquella ocasión, Finocchiaro aseguró que “había hablado con el Gobierno”, y que los giros presupuestarios llegarían para “el 15 de julio”, cuestión que no sucedió.
En tanto, Paulón denunció penalmente a Santilli, por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público ante la falta sistemática de hacer cumplir la Ley de Financiamiento Universitario.
La lucha del gobierno para desfinanciar las universidades
El Gobierno libertario tiene algunos objetivos claros, y uno de ellos pasa por el desfinanciamiento de las universidades nacionales más allá de lo que dicte el Congreso o la Justicia.
El conflicto con las universidades arrancó recién iniciado el gobierno, cuando Javier Milei decidió prorrogar el Presupuesto 2023 que perjudicaba a las facultades.
El primer gran enfrentamiento en pedido por el incremento de las partidas presupuestarias entre universidades y gobierno tuvo lugar el 23 de abril de 2024 con la primera marcha federal universitaria.
Atentos a los acontecimientos, y en apoyo a las universidades, bloques opositores al gobierno nacional impulsaron en la Cámara de Diputados una primera versión de la Ley de Financiamiento Universitario que fue sancionada el 12 de septiembre de 2024. Sin embargo, la misma fue vetada por Milei y finalmente descartada en su insistencia gracias a LLA, el PRO, la Liga del Interior y monobloques de algunas provincias.
Para el 21 de agosto de 2025, el Senado sancionó una nueva ley de Financiamiento Universitario con el apoyo de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. Nuevamente, llegó el veto de Milei para evitar aumentos en salarios y en recomposición de las becas.
Pero la historia fue distinta, dado que ambas cámaras aprobaron la insistencia de la ley, primero Diputados con 174 votos a favor y finalmente el Senado con 58 votos positivos dejó firme la iniciativa el 2 de octubre.
Pese a la derrota legislativa, el gobierno libertario promulgó la ley pero suspendió la aplicación de los artículos 5 y 6 a través del decreto 759/2025. Ya pasaron 40 días del fallo de la Corte Suprema de Justicia que revierte esa suspensión de los artículos pero que el Ejecutivo sigue sin acatar.
Además, Milei tuvo un último intento por derribar el financiamiento universitario a través del Presupuesto 2026, donde disponían la derogación de esta iniciativa junto a la Emergencia en Discapacidad y a la Sanitaria en el Hospital Garrahan. Finalmente, la propuesta no pasó de Diputados y las leyes quedaron vigentes en lo que significó una nueva frustración para el gobierno libertario.