“Hoy decimos de manera rotunda: ‘nunca más’ a la violencia de la dictadura y ‘siempre más’ a una democracia justa. Reconocemos la gravedad de lo acontecido en esos años violentos y comprendemos que la memoria exige una autocrítica, de la sociedad y la Iglesia presente en ella, que ayude a redescubrir y reconstruir el sentido de la fraternidad entre los argentinos”, señala el comunicado de la Comisión Permanente del Episcopado.
La relación entre la Iglesia y la última dictadura contiene contradicciones. Lejos de ser homogénea, estuvo atravesada por vínculos de cercanía, silencios institucionales, gestiones discretas y también experiencias de abierta resistencia. Mientras sectores de la jerarquía mantuvieron vínculos de cercanía o silencio frente al régimen, otros miembros, como sacerdotes, religiosas y laicos fueron perseguidos, secuestrados y asesinados.
Memoria y presente en el documento
La Comisión Permanente del Episcopado destaca la importancia de hacer memoria, porque “nos permite comprometernos con los desafíos del presente y orientarnos hacia un futuro mejor”. También citan al Papa Francisco: “Nunca se avanza sin memoria, no se evoluciona sin una memoria íntegra y luminosa. Necesitamos mantener ‘viva la llama de la conciencia colectiva, testificando a las generaciones venideras el horror de lo que sucedió’ que despierta y preserva de esta manera el recuerdo de las víctimas, para que la conciencia humana se fortalezca cada vez más contra todo deseo de dominación y destrucción”.
A su vez, establecen un contrapunto con el presente argentino al señalar que “la libertad para una Nación nunca se construye por la vía de la violencia y la violación de los derechos humanos de otros hermanos y hermanas”. En su comunicado, escriben que “la verdadera libertad va de la mano con la fraternidad y con una efectiva igualdad que permite a todos vivir con dignidad”.
No mencionan explícitamente al Gobierno nacional, pero advierten sobre una tendencia creciente al autoritarismo” donde los populismos explotan la angustia de los ciudadanos, pero “no representan el remedio de una vida buena”. También llaman a “una política que ponga la economía al servicio de la dignidad humana, que promueva la paz y que cuide nuestra casa común, empezando por preservar el aire puro y las fuentes de agua dulce y potable” y por un “diálogo sincero, desinteresado y honesto al servicio de una verdadera amistad social”.
La colaboración en los altos rangos
Una investigación realizada por el sacerdote Luis Liberti y el historiador Federico Tavelli, basada en archivos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos y publicada en el libro “Confesiones de Estado”, detalla que hubo un plan para contener a la Iglesia e impedir que las violaciones a los derechos humanos escalaran en el ámbito internacional.
Estos archivos también mencionan la amenaza de Estados Unidos si llegan a conocerse internacionalmente las violaciones. En ese contexto, de acuerdo a los autores, la dictadura buscó impedir que las denuncias llegaran al Vaticano, mediante estrategias de ocultamiento progresivo: primero la mentira y la negación y luego la entrega de información parcial.
Lo cierto es que las cabezas del episcopado argentino, Alfredo Tortolo, Juan Carlos Aramburu y Raúl Primatesta debían conocer, al menos parcialmente, lo que ocurría. Se reunieron con Jorge Rafael Videla y Emilio Massera la noche previa al golpe de Estado. El mismo 24 de marzo de 1976, Adolfo Tortolo (arzobispo de Paraná, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina) estuvo por un largo rato con Videla, Massera y Orlando Ramón Agosti.
A su vez, se habló durante mucho tiempo de la supuesta colaboración de Jorge Bergoglio, entonces superior de la Compañía de Jesús en Argentina, en la desaparición de los padres jesuitas Orlando Yorio y Francisco Jalics. No obstante, no se comprobó e incluso el Tribunal Oral Federal N°5 evaluó el caso en 2011 y el juez Castelli afirmó que “es totalmente falso decir que Jorge Bergoglio entregó a esos sacerdotes” y que, según las evidencias que observaron “su actuación no tuvo implicancias jurídicas en estos casos”.
Resistencias y persecuciones dentro de la Iglesia
Si bien desde la cúpula episcopal hubo sectores cercanos al régimen, también existieron experiencias de resistencia dentro de la Iglesia, muchas de las cuales terminaron en persecución y muerte. Hubo sectores que denunciaron la represión, acompañaron a las víctimas y, en muchos casos, pagaron con su vida ese compromiso.
Uno de los casos más recordados es el de los Mártires Riojanos, que recientemente fueron beatificados. Uno de ellos fue el laico Wenceslao Pedernera, que fue fusilado el 25 de julio de 1976 frente a su mujer y sus hijas. Los otros dos eran sacerdotes: el padre Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias. Ambos eran parte de la pastoral del obispo Enrique Angelelli en una parroquia de Chamical, La Rioja. Ellos fueron secuestrados el 18 de julio, detenidos y torturados en la Base de la Fuerza Aérea del pueblo y luego fusilados. Sus cuerpos fueron hallados dos días después junto a las vías del tren.
Enrique Angelelli impulsaba una diócesis cercana al pueblo, que promovía la formación de cooperativas de campesinos y la organización de sindicatos de peones, mineros y empleadas domésticas. Su accionar lo convirtió en un blanco de persecución: campañas de difamación a través del diario El Sol y, por sus pensamientos, hasta fue apedreado junto a sacerdotes y religiosas durante las fiestas patronales de San Antonio en junio de 1973.
Le aconsejaron que se vaya de la provincia, pero no quiso. El 4 de agosto cuando volvía de Chamical, tras el velorio de Longueville y Murias lo mataron en la carretera. Aunque en un principio había sido descartado como un accidente, en la sentencia del juicio realizado en 2014 esto dijo el Tribunal: “Tenemos por cierto que la maniobra brusca que ocasionó el vuelco del vehículo que conducía Monseñor Angelelli y que desencadenó la muerte del Obispo y las heridas que pusieron en riesgo la vida de Arturo Pinto, se produjo por la intervención voluntaria e intencional del conductor no identificado de un vehículo color claro (blanco o gris) presumiblemente Peugeot 404, que se interpuso en la marcha”.
Hubo otros obispos que fueron críticos con la Dictadura, cómo Miguel Hesayne, de Viedma, uno de los pocos que se animó a criticar abiertamente los abusos del gobierno militar, como el asesinato de Angelelli. O Jaime de Nevares, fundador de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos a fines de la década de 1960 y del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos en plena dictadura. Y luego fue parte de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).
No se puede hablar de resistencia y persecución durante estos años sin mencionar la Iglesia de la Santa Cruz que se encuentra en San Cristóbal (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), lugar donde se encontraban las familias de desaparecidos y desaparecidas para coordinar acciones de denuncia y visibilización.
En ese ámbito se infiltró Alfredo Astiz, quien participó de las reuniones haciéndose pasar por familiar de una víctima. Entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977, grupos de tareas cazaron al grupo utilizando la información del “Ángel Rubio”. En esos días secuestraron a las Madres de Plaza de Mayo Esther Ballestrino de Careaga, María Eugenia Ponce de Bianco y Azucena Villaflor, a los militantes Ángela Auad, Gabriel Horane, Raquel Bulit, Patricia Oviedo, Remo Berardo, Horacio Aníbal Elbert y José Julio Fondevila y las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet.
La masacre de San Patricio
Los mártires riojanos no fueron los únicos representantes de la Iglesia Católica víctimas de la dictadura. Tan solo unos meses después del Golpe de Estado en 1976, el 4 de julio, un grupo de tareas de las fuerzas militares entraron en la Iglesia de San Patricio en Belgrano (Capital Federal) y asesinaron a los sacerdotes Alfredo Kelly, Alfredo Leaden, Pedro Duffau y a los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti.
La historia oficial señaló que habían sido “elementos subversivos” quienes habían realizado el crimen. La verdadera hipótesis es que fue una venganza policial por un atentado previo. “Estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes y son M.S.T.M. (Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo), Viva la Patria”, y “Por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal”, son algunas de las inscripciones que se encontraron en la alfombra roja.
Días antes, Alfredo Kelly había brindado un sermón con un mensaje extremadamente político criticando a la comunidad y a los vecinos de Belgrano. En el mismo hablaba de que ya no se puede ser indiferente a lo que pasa alrededor: “Quiero ser bien claro al respecto: las ovejas de este rebaño que medran con la situación por la que están pasando tantas familias argentinas, dejan de ser para mí ovejas para transformarse en cucarachas”.
Dentro de la jerarquía eclesiástica sabían la verdad de lo sucedido, debido a las amenazas que había recibido la Iglesia San Patricio. En la misa posterior, el padre Roberto Favre proclamó por el fin de las desapariciones y por la vuelta del Estado de Derecho.
A casi medio siglo del golpe de Estado, el documento del Episcopado vuelve a poner en discusión no solo el rol de la Iglesia durante la dictadura, sino también su lugar en el presente. Entre autocríticas, silencios y deudas pendientes, la memoria sigue siendo un terreno en disputa dentro y fuera de la institución.