Quince días después del colapso de la losa del estacionamiento subterráneo del complejo habitacional Estación Buenos Aires, en el barrio porteño de Parque Patricios, más de 200 propietarios y ocupantes siguen sin poder volver a sus casas con normalidad.
La Justicia autorizó un reingreso parcial y gradual a los sectores técnicamente considerados seguros, pero las condiciones del retorno generan más preguntas que respuestas: sin luz, sin agua, sin gas, y con el trauma de haber visto derrumbarse el edificio en el que vivían.
El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires fue el encargado de habilitar el retorno progresivo, basándose en informes técnicos que certificaron condiciones mínimas de seguridad en determinadas áreas del predio.
Sin embargo, la habilitación está lejos de ser una reapertura total. Las Torres A, B, C y D de los pisos superiores fueron consideradas aptas. La planta baja está habilitada en su mayor parte, excepto las zonas más próximas al área colapsada. En el subsuelo, solo se permiten los sectores periféricos que no estuvieron bajo la losa derrumbada.
Lo que sigue clausurado es elocuente: toda el área central del derrumbe, un departamento específico de planta baja y cualquier sector donde continúen tareas de reconstrucción o apuntalamiento. La Policía de la Ciudad controlará los accesos y Bomberos acompañará en situaciones que lo requieran.
Pero hay un detalle que resume la situación mejor que cualquier plano técnico: los servicios de luz, agua y gas no serán restablecidos hasta que los vecinos ocupen físicamente las unidades. Es decir, para tener electricidad y agua corriente, primero hay que volver. Y para volver, hay que atravesar el miedo.
Un regreso que nadie celebra en Estación Buenos Aires
Según fuentes del caso, una parte importante de las familias tiene temor de regresar a sus hogares luego del colapso. Y no es para menos: el derrumbe, ocurrido en la madrugada del 4 de marzo, sin víctimas fatales de milagro, expuso fallas estructurales que los vecinos denuncian que venían advirtiendo desde hacía tiempo.
A ese miedo se sumó el calvario del alojamiento transitorio. Los evacuados que estaban en el Hotel América fueron trasladados al Hotel Marbella, en la zona de Congreso, un cambio que los propios afectados describieron como un empeoramiento de las condiciones.
Entre quienes permanecen en alojamiento provisorio hay 21 niños, dos de ellos con discapacidad, uno con diagnóstico de autismo, y al menos una persona mayor con problemas de movilidad. Las familias reclamaron intervención urgente de las autoridades ante una situación que consideran inaceptable.
El protocolo de reingreso, que según el Gobierno porteño se encuentra en elaboración, prometía ordenar el retorno de manera progresiva y segura. Hasta el momento, no había sido comunicado formalmente. Los vecinos, mientras tanto, anunciaron una nueva movilización para el 21 de marzo.
COSUD: la constructora señalada por los vecinos, pide tiempo
En el centro de la escena aparece Constructora Sudamericana SA (COSUD), la empresa a cargo de la obra en el sector donde ocurrió el colapso. Según los informes técnicos, sobre la losa derrumbada había al menos 40 centímetros de tierra cubiertos por un material similar a laja.
Esa sobrecarga, combinada con filtraciones, humedad y un espesor de hormigón presuntamente insuficiente, habría provocado el deterioro estructural que derivó en el colapso.
El diagnóstico más contundente llegó desde la academia. El vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la UBA, Raúl Berterode, advirtió que la losa no solo soportaba una carga excesiva de tierra sino que mostraba «deformaciones muy grandes», lo que hace presumir un espesor de hormigón insuficiente.
Además, señaló que se trata de «una losa sin vigas ni capiteles», lo que la hace «especialmente sensible a las fallas por punzonado», el mismo tipo de falla frágil que causó el colapso. Berterode recomendó con urgencia el retiro cuidadoso de parte de la tierra sobre la losa del Sector 1, el complejo «espejo» del derrumbado, y alertó que en caso de lluvia, el peso sobre esa estructura podría incrementarse sustancialmente.
Frente a este panorama, COSUD comunicó a los vecinos del Sector 1 que continúa analizando imágenes y que realizó cerca de 200 escaneos en puntos de interés, cada uno de los cuales requiere análisis individual. La empresa aclaró que ese trabajo «corresponde a horas de gabinete que pueden alcanzar entre 15 y 20 días», aunque aseguró que su equipo trabaja de manera exclusiva en el tema para entregar resultados «a la brevedad».
El Gobierno porteño, por su parte, realizó una inspección en el Sector 1 y lo declaró estructuralmente seguro, aunque detectó filtraciones y humedad en el subsuelo, y notificó al consorcio para que realice reparaciones y apuntalamiento preventivo de la losa de cocheras.
El derrumbe ocurrió en la madrugada del 4 de marzo en la losa del estacionamiento subterráneo del Sector 2 del complejo, ubicado entre las calles Astor Piazzolla, Lavardén, Avenida Suárez y Mafalda, en Parque Patricios. No hubo víctimas fatales. Más de 300 familias resultaron afectadas y el predio fue clausurado de manera preventiva mientras se realizan pericias y evaluaciones estructurales.
La cadena de responsabilidades
El complejo Estación Buenos Aires fue impulsado durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner en el marco del programa Procrear, con financiamiento del Banco Hipotecario. La obra atravesó también las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Tras la rescisión del contrato con la empresa original en 2019, distintos sectores quedaron a cargo de diferentes constructoras.
El Gobierno de la Ciudad sostuvo que el proyecto fue licitado por el Estado nacional y que no tuvo injerencia ni en la construcción ni en los controles técnicos.
Esa aclaración, sin embargo, no exime a ningún actor de la cadena. Los abogados de los afectados trabajan para determinar contra quién o quiénes accionar judicialmente, contemplando los daños psicológicos, el riesgo para la vida y el perjuicio económico sobre las viviendas. Una de las preocupaciones es que un eventual pedido de quiebra de COSUD, que los vecinos consideran improbable pero no descartan, pudiera obstaculizar el resarcimiento.
El expediente penal sigue su curso. Hay custodia policial las 24 horas en las zonas clausuradas. Y mientras la Justicia avanza en determinar responsabilidades, cientos de familias esperan poder volver a dormir en sus camas sin preguntarse si el techo va a aguantar.
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