El termotanque que gasta más de lo necesario. La ventana que deja pasar el frío del invierno. La pared que convierte el verano en un horno. Durante décadas, los porteños compraron y alquilaron viviendas a ciegas, sin saber cuánto les costaría mantenerlas climatizadas. Esa era la norma hasta ahora.
En una movida que pone a Buenos Aires a la par con las 16 provincias que ya avanzaban en la materia, el Gobierno de la Ciudad firmó esta semana un convenio con la Secretaría de Energía de la Nación para adherir al Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas (PRONEV).
El acuerdo, rubricado en un encuentro que reunió a Natalia Persini, Subsecretaria de Ambiente porteña, y Antonio Milanese, Subsecretario de Transición Energética nacional, entre otros funcionarios, introduce en el distrito más poblado del país un sistema que funciona como el «calorías» de las viviendas: una etiqueta que va de la A (verde, eficiente) a la G (rojo, energívoro).
De los electrodomésticos a los hogares de CABA
La lógica no es nueva. Desde hace años, los argentinos eligen heladeras y aires acondicionados mirando etiquetas de colores. Lo que el PRONEV propone es extender esa misma lógica a la vivienda completa. «Es estandarizar y visibilizar el consumo energético del sector residencial», explican desde la Subsecretaría de Ambiente.
En otras palabras: poder comparar, con una mirada, si ese departamento en Palermo gastará el triple en gas que el de Villa Crespo.
El sistema funciona así: un etiquetador habilitado evalúa la vivienda y emite un certificado. La etiqueta resultante cuantifica el requerimiento energético del inmueble «independientemente de su uso», según especifica el programa.
Esto significa que no importa si el dueño es austero o derrochador: la casa tiene una eficiencia intrínseca que la etiqueta revela.
¿Por qué ahora?
La adhesión de CABA no es casual. La Ciudad tiene un Plan de Acción Climática 2050 que compromete a reducir emisiones, y el sector residencial es una pieza clave del rompecabezas. Las viviendas representan una porción significativa del consumo energético nacional y, por tanto, de los gases de efecto invernadero. Sin mediciones estandarizadas, diseñar políticas públicas eficientes era como navegar sin brújula.
«Facilita el diseño de programas de eficiencia», reconocen desde el gobierno porteño. Pero hay un efecto colateral quizás más potente: el mercado. Al exponer la eficiencia energética, el etiquetado crea presión. Una vivienda clase A potencialmente vale más y gasta menos. Una clase G enfrenta una depreciación encubierta. Es, en esencia, empoderar al consumidor con información que antes estaba oculta bajo yeso y ladrillos.
El camino voluntario para las viviendas
Por ahora, nadie obliga a etiquetar. La adhesión al programa es voluntaria, tanto para propietarios como para desarrolladores inmobiliarios. Los interesados deben contactar a un etiquetador habilitado, cuya red aún se está conformando, y solicitar la evaluación.
Para orientarse, el gobierno porteño habilitó el correo electrónico etiquetadodeviviendas@buenosaires.gob.ar.
La pregunta que queda flotando es cuánto tardará la «voluntariedad» en volverse una exigencia tácita del mercado. En Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Salta, algunas de las 16 provincias que ya operan con el sistema, la etiqueta comienza a aparecer en avisos de venta y alquiler. Los bancos hipotecarios empiezan a mirarla para evaluar riesgos. Las aseguradoras, para calcular primas.
Buenos Aires, con su mercado inmobiliario masivo y su parque edilicio envejecido, es el terreno de prueba definitivo. Si el etiquetado funciona aquí, funcionará en cualquier lado. Y si falla, las lecciones serán igualmente valiosas para el resto del país.
Mientras tanto, los porteños que alguna vez se preguntaron por qué su factura de gas era astronómica tendrán, por primera vez, una respuesta antes de firmar la escritura. El color de la etiqueta lo dirá todo.