La Justicia Federal avanzó de manera contundente sobre uno de los esquemas de corrupción más graves detectados en el área de políticas públicas vinculadas a la discapacidad. El juez federal Sebastián Casanello procesó a 19 personas, entre funcionarios públicos, empresarios farmacéuticos y colaboradores, acusadas de integrar una organización criminal dedicada al desvío sistemático de fondos públicos en el seno de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Entre los principales imputados figura Diego Spagnuolo, exdirector ejecutivo del organismo y hombre de confianza del presidente Javier Milei, a quien el magistrado señaló como jefe de la asociación ilícita.
Según la resolución judicial, la estructura montada dentro de la ANDIS no respondió a irregularidades aisladas ni a simples faltas administrativas, sino a un verdadero “sistema paralelo de administración del Estado”, orientado a direccionar compras, inflar precios y repartir retornos ilegales, con un perjuicio millonario para las arcas públicas.
La causa, impulsada por el fiscal federal Franco Picardi, quien ya había citado a indagatoria a 15 personas en noviembre de 2025, describe una operatoria sostenida en el tiempo y diseñada para simular legalidad. De acuerdo al fallo, el corazón de la maniobra estuvo en la manipulación del sistema informático de compras SIIPFIS. Bajo la conducción de la cúpula de la ANDIS, se instauró un esquema dual: procesos abiertos para aparentar transparencia y “Compulsas Especiales” cerradas, dirigidas de manera discrecional a un grupo reducido de empresas farmacéuticas.
“La neutralidad y racionalidad del sistema fue simulada a través del software; la trampa estaba en la carga de la información”, sostuvo Casanello. Audios y mensajes incorporados al expediente muestran que las adjudicaciones se decidían de antemano y luego se demoraban artificialmente para simular análisis de mercado inexistentes.
El proceso que tiene a Spagnuolo en la mira
Uno de los aspectos más delicados de la investigación es la injerencia directa de actores privados dentro del organismo estatal. El expediente acredita que empresarios accedían a información reservada y, en algunos casos, operaban directamente dentro de la ANDIS.
El caso paradigmático es el de una empleada de un laboratorio internacional que recibió usuario y contraseña oficiales para ingresar al sistema, auditar expedientes y reorganizar la bandeja interna de trámites.
Los intercambios de WhatsApp revelan hasta qué punto se había naturalizado un “doble mostrador”, con el control del organismo compartido entre funcionarios y empresas.
El análisis realizado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas detectó sobreprecios por $5.984.594.394,24 en una muestra de medicamentos e insumos. Droguerías como Profarma y Génesis concentraron la mayor parte de las adjudicaciones en las compulsas cuestionadas.
Las conversaciones interceptadas muestran cómo se acordaba inflar los valores, en algunos casos hasta un 90 por ciento, para luego distribuir los retornos, una operatoria que quedó documentada en cuadernos secuestrados durante allanamientos, donde se registraban montos, fechas y destinatarios.
La investigación también reconstruyó la ruta del dinero ilícito. Según el expediente, los fondos desviados se canalizaron a través de cuevas financieras, compra de inmuebles, vehículos de alta gama, remodelaciones en domicilios particulares y grandes sumas de dinero en efectivo, dólares y euros, halladas en viviendas y cajas de seguridad de los imputados.
Las escuchas revelan además la logística de los sobornos: entregas “en mano” por tratarse de funcionarios públicos, financiamiento de viajes oficiales y pago de muebles y obras en viviendas privadas solventadas por empresas del entramado investigado.
Casanello procesó a los 19 imputados sin prisión preventiva, pero les impuso embargos multimillonarios y la prohibición de salida del país. Además de Spagnuolo, fueron señalados como jefes u organizadores de la asociación ilícita el exdirector nacional Daniel María Garbellini; el empresario Miguel Ángel Calvete, identificado como quien articulaba las entregas de dinero; y Pablo Atchabahian, acusado de ejercer un rol de liderazgo “en las sombras”.
El expediente también alcanza a funcionarios de la ANDIS, empresarios farmacéuticos, prestanombres y colaboradores del entorno familiar de Calvete.
El fallo incorpora, además, un elemento de alta sensibilidad política. En los chats recuperados de los teléfonos de los acusados aparece mencionada de manera explícita la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, identificada por los integrantes del grupo como una figura clave de poder a la que buscaban acceder.
En una conversación de WhatsApp del 24 de enero de 2024, uno de los involucrados escribió: “Hay que llegar a Karina Milei” y “Ella es quien define todo”, en el contexto de la llegada de Spagnuolo a la ANDIS, a quien el grupo se refería como “el abogado de Milei”. El juez también citó denuncias periodísticas que dieron origen a la causa, entre ellas un artículo titulado: “Karina y los Menem aparecen involucrados en un caso de coimas por la compra de medicamentos”.
Lejos de cerrarse, la investigación recién comienza. Fuentes judiciales indicaron que los procesamientos constituyen apenas la primera etapa y que el expediente avanzará sobre los “márgenes difusos” del entramado: vínculos políticos, operadores informales y responsabilidades empresariales aún no delimitadas. En ese marco, Casanello ordenó nuevas indagatorias y citó a las personas jurídicas de varias droguerías para analizar la responsabilidad penal empresaria.
Lo que ya quedó expuesto, según coinciden los investigadores, es un esquema de corrupción estructural que convirtió una política pública esencial, destinada a personas con discapacidad, en un negocio multimillonario, y que amenaza con seguir revelando niveles de captura del Estado aún más profundos.