El pasado lunes fue un día agitado en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dentro de la causa que recae en su contra desde hace un tiempo. La cuestión pasa porque se acusa al organismo deportivo de retener 19 mil millones de dólares de manera indebida, una situación que se agravó con algunas pruebas que se relacionan con el Banco Credicoop. En tanto, la defensa había pedido el sobreseimiento de la causa pero desde la Fiscalía no dieron lugar a su reclamo.
Números en rojo
Es cierto que la problemática judicial lleva varias semanas en el ojo público pero día tras días se revela nueva evidencia que compromete la inocencia tanto de la AFA como de sus dirigentes. De este modo, la Justicia en lo Penal Económico no descansa en su investigación por la supuesta retención indebida de aportes. En las últimas horas se conoció que el juez Diego Amarante evalúa de forma minuciosa las cuentas bancarias y los plazos fijos del organismo.
Puertas adentro se especula que se realizaban depósitos de hasta 8 mil millones de pesos y colocaciones en dólares dentro de la entidad bancaria mencionada. Por su parte, ciertas fuentes judiciales catalogaron toda la nueva información recolectada como “una pila de documentación”. Esta postura apunta a dictaminar la posible responsabilidad de las máximas autoridades de la casa madre del fútbol argentino frente al no pago de obligaciones tributarias.
En ese sentido, la causa que asecha la vida diaria de la AFA se tramita bajo la lupa de Amarante y el fiscal Claudio Navas Rial. De hecho, el expediente contempla como imputados al presidente Claudio Tapia, el tesorero Pablo Toviggino, el secretario general Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo. Cabe mencionar que toda la movida en la Justicia inició luego de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El puntapié inicial fue en diciembre último con un par de acusaciones por parte del organismo recaudador que indicó que la AFA incumplió pagos de 19 mil millones de pesos. El número total corresponde a la supuesta retención ilegal y falta de pago de IVA, Impuestos a las Ganancias y aportes previsionales durante varios períodos fiscales de 2024 y 2025. La gravedad del asunto implicó que Rial impute de manera formal a la cúpula dirigencial y solicite diversas pruebas.
Para empezar, ARCA se volvió el querellante en la causa luego de que el juez lo aceptara y se le ordenó a Credicoop que brindara todos los movimientos financieros de la AFA. Dentro del escrito se menciona que ese banco maneja la mayoría de las cuentas y sus informes preliminares reconocen saldos operativos por 8 mil millones de pesos y plazos fijos en dólares. La investigación busca demostrar que la AFA tenía capacidad y facilidad suficientes para afrontar sus obligaciones fiscales y previsionales.
Cadena de consecuencias
La situación que afronta la AFA generó que Tapia lleve a cabo una defensa judicial mediante la participación de los abogados Norberto Frontini y Lucio Simonetti. Su gran maniobra fue en la dirección del sobreseimiento de los acusados para llegar al cierre definitivo de la causa. El argumento utilizado por los profesionales apunta a que existen resoluciones de ARCA y el Ministerio de Economía de la Nación que afectan a la entidad deportiva por su categoría social.
Ese panorama sostiene que las ejecuciones fiscales se mantienen suspendidas para las entidades sin fines de lucro. A su vez, los letrados recalcan que el organismo recaudador no puede ejecutar la deuda en modo judicial ni exigirla de forma penal. Con esa justificación se alega que no existía obligación alguna de pago exigible y que esa interpretación no implicó que se cometiera algún delito en los períodos fiscales indicados.
Más allá que la petición de la defensa tuvo un revés por parte del fiscal tras una posterior evaluación, surgió otra preocupante investigación en paralelo. Lo sucedido con el Banco Credicoop generó el interés en otros juzgados para profundizar ciertos aspectos institucionales de la AFA. Muestra de ello es la aparición en escena del juez federal de Lomas de Zamora, Luis Amarilla, que comenzó una indagación por los movimientos de la entidad en el extranjero.
El nuevo escenario pone en jaque el contrato con la empresa TourProdEnter LLC como epicentro de la causa, en la cual ya se solicitaron detalles de cuentas, apoderados y movimientos bancarios desde 2021. Por el momento se espera que se emitan todas las opiniones del fiscal y la querella sobre la planificación de la defensa. Una vez que ese proceso culmine, el juez Amarante podrá dictaminar la situación procesal tanto de la AFA como de Tapia.
Todo en contra
A pesar de siempre encontrar una salida apropiada, la rápida defensa de la AFA por presunta apropiación indebida se derrumbó en poco tiempo por un tecnicismo. De hecho, el fiscal Rial dictaminó que “no se observa en autos ninguna circunstancia desincriminante” como una tajante respuesta para denegar el pedido de sobreseimiento y darle continuidad a la causa. Además, resaltó que el método defensivo busca una interpretación que viola el orden legal.
Es en ese contexto que aparece como figura central el Banco Credicoop, entidad presidida por Carlos Heller, como máxima agencia financiera de la AFA. Luego de analizar a detalles cada informe bancario de la entidad, se reflejó una abismal diferencia entre los hechos contables y la versión de la defensa. El hallazgo de incumplimientos en giros de los fondos al fisco refuerza la hipótesis de la Fiscalía al insistir que la AFA ostentaba una importante liquidez.
Si bien el ilícito de retención indebida penaliza al ente que conserva dinero ajeno cuando podía abonarlo, la defensa de la AFA prosiguió con la idea de que las ejecuciones fiscales estaban suspendidas. Sin embargo, una averiguación posterior complicó la situación procesal de los dirigentes. Ante el planteamiento de la defensa, el propio Rial desacreditó la validez del mismo con total autoridad en su escrito tras una consulta al ARCA sobre el alcance de las resoluciones.
“Cumplida la fecha de vencimiento, estamos frente a la existencia de una obligación exigible, la cual el contribuyente no cumplió en el plazo estipulado por la ley penal”, explicó. Asimismo, añadió que las cuestiones administrativas sobre plazos o excepciones de cobro “no son aplicables ni oponibles a la judicatura de un proceso penal”. “La interpretación pretendida importa una violación al orden de prelación de las normas”, enfatizó respecto a aprobar la defensa de la AFA ya que representaría una gravedad institucional.
Incluso, afirmó que una resolución administrativa no puede derogar de manea táctica el Código Penal y que la respuesta técnica de ARCA fue correcta al no tocarse los vencimientos. “Se encuentran reunidas las condiciones objetivas de los tipos penales denunciados”, concluyó. La decisión final del magistrado se efectuará recién cuando ARCA dictamine su postura, la cual sería negativa contra la defensa, como autoridad de aplicación y querellante de la causa.