Este documento de 34 páginas (aunque reales son 29 si no se cuentan las caratulas y páginas en blanco) se despliega en cuatro capítulos: Introducción; Intereses estratégicos de la nación; Lineamientos estratégicos y objetivos generales y Consideraciones finales.
Introduciendo conceptos y categorías como “Soberanía discursiva”, “Disputar narrativas”. “Comunicación estratégica”, “la soberanía informativa y decisional” o “alterar percepciones sobre proyectos estratégicos” el documento presentado es más que preocupante ya que sobre criterios discrecionales y arbitrarios, poniendo la “Batalla cultural” como eje en la política de inteligencia nacional vulnera derechos democráticos, de libertad de expresión que creíamos haber consensuado como política de estado en nuestro país.
El archivo adjunto del decreto simple 864/2025 ya en la introducción luego de un resumen histórico según el prisma partidario del oficialismo actual, despliega algunos conceptos más que preocupantes: “Un riesgo asociado es la carrera tecnológica que encabezan las grandes potencias, que acelera los saltos tecnológicos que influyen de manera transversal a todas las acciones del ESTADO NACIONAL y de la sociedad en general, debido a la ventaja competitiva que otorga a quien tiene mayor dominio sobre las tecnologías involucradas. La dislocación del conflicto por fuera de los ámbitos meramente políticos, bélicos o económicos ha tornado a la voluntad de las sociedades en uno de los principales objetivos de las acciones de actores estratégicos en disputa.
El conflicto, en toda su gama, demuestra como una constante, más allá de los campos de batalla y los mercados, el desarrollo de acciones no cinéticas mediante ciberataques, campañas de desinformación, ingeniería social y manipulación de la opinión pública para amoldar la moral del adversario, previo, durante y después del desarrollo de acciones políticas, militares y/o económicas principales.
De esta forma, las acciones híbridas, los esfuerzos de influencia, injerencia e interferencia y la desinformación se convierten en prácticas relevantes, con el objetivo de ampliar el margen de maniobra para permitir la persecución y eventual satisfacción de intereses de los actores estratégicos”, como señala el docuemento en la página 8.
La inteligencia sobre medios tecnológicos, o prepararse para ciberataques es algo obvio, que no debiera llamar la atención, es algo que muy pertinente desde hace décadas. Lo que llama la atención es destacar “campañas de desinformación, ingeniería social y manipulación de la opinión pública para amoldar la moral del adversario, previo, durante y después del desarrollo de acciones políticas”.
Posteriormente prosigue el texto diciendo que “para nuestro país será prioridad que la Inteligencia Nacional alcance la compresión de estos fenómenos que buscan afectar simultáneamente la cohesión social, la legitimidad institucional y los derechos fundamentales de los habitantes de la NACIÓN ARGENTINA”.
La duda es: ¿A qué se refiere con “estos fenómenos que buscan afectar simultáneamente la cohesión social, la legitimidad institucional y los derechos fundamentales de los habitantes de la NACIÓN ARGENTINA”?, un gobierno que agrede e insulta en forma permanente, a opositores, periodistas, científicos, discapacitados, jubilados, trabajadores estatales y privados.
¿Cuál es la cohesión que dicen defender?
Los empleados estatales como agentes encubiertos, la soberanía discursiva y la inteligencia semántica
Luego, en la página 9, expresa que “ello implica el desarrollo de una cultura de inteligencia en todos los organismos estatales que permitan al Sistema Nacional de Inteligencia (SIN), potenciar sus capacidades y focalizar con mayor precisión el esfuerzo nacional de inteligencia, a fin de su mejor contribución a la Seguridad Estratégica de la Nación».
¿Será que quieren que los empleados públicos sean una suerte de agentes infiltrados, o de buchones estatales que controlen al que piensa distinto del gobierno o en la sociedad?
Posteriormente en el capítulo siguiente, en el inciso 7 de la página 12, destaca: “el monitoreo de la influencia externa estatal en procesos decisionales, normativos y discursivos, que puedan condicionar la autonomía institucional o alterar la orientación estratégica nacional.”
Nuevamente, el eje en lo discursivo y lo normativo. ¿Será el comienzo de una inteligencia semántica?
En el capítulo 3, en la página 18, dice el documento: “en este contexto, la comunicación estratégica se consolida como herramienta para condicionar agendas, disputar narrativas y proyectar marcos interpretativos que influyen en la percepción públicay la gravitación internacional de los Estados. Para la REPÚBLICA ARGENTINA, este escenario plantea desafíos específicos en materia de soberanía discursiva, posicionamiento multilateral y defensa de sus intereses estructurales frente a presiones externas cada vez más sofisticadas”.
Aquí vuelve sobre el tema de la comunicación como algo estratégico, habla de “disputar narrativas” e introduce el concepto de “soberanía discursiva”.
Como si hubiera un solo discurso que represente a nuestra nación. ¿Esto es un coletazo de la “Batalla Cultural” que quiere imponer el asesor Santiago Caputo a las políticas de inteligencia como si fuesen de dominio partidario por parte del oficialismo libertario? Plantear que solo hay un solo discurso y que se corre de ahí debe ser espiado, exhibe sin lugar a duda la intención de espiar movimientos sociales, sindicatos, partidos políticos opositores.
Contra la Libertad de Expresión
Cerrando la misma página 18 del informe un párrafo dice: “Detectar, identificar, reconocer, monitorear, analizar y ponderar contenidos estratégicos de mensajes emitidos por actores de interés, evaluando sus efectos y, a la vez, proporcionar bases de conocimiento sobre receptores de la propia comunicación estratégica para facilitar su desarrollo, así como evaluar efectos de la misma.”
Esto implica un ejercicio controlador sobre discursos, contenidos y expresiones de las y los ciudadanos de nuestro país. Abiertamente opuesto a lo que dice la Constitución Nacional en sus artículos 14 cuando afirma que «todos los habitantes de la Nación gozan del derecho conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa».
También contradice la Ley 26032 Servicio de Internet , Garantía Constitucional-Libertad de Expresión, que en su artículado explicita que “la búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de toda índole, a través del servicio de Internet, se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión».
También contradice a la ley 23054, por la cual Argentina adhiere a la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica, que en su artículo 13 establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión”.
Y también que “no se puede restringir el derecho de expresión por vía o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
La SIDE espiando mandriles, kukas y zurdos
Ya en la página 19 de este informe se advierte: “Estas operaciones, a menudo de origen encubierto o articuladas por actores no convencionales, buscan erosionar la cohesión social, condicionar procesos electorales, alterar percepciones sobre proyectos estratégicos y debilitar la legitimidad institucional mediante narrativas manipuladas.Frente a esto, la inteligencia permite identificar patrones discursivos, mapear redes de influencia, rastrear trazabilidad operativa y diseñar respuestas preventivasbasadas en evidencia, fortaleciendo la resiliencia informativa nacional y la capacidad de anticipación ante escenarios de riesgo”.
Frente a esto la pregunta que uno se hace es: ¿A que se refiere con “alterar percepciones sobre proyectos estratégicos y debilitar la legitimidad institucional mediante narrativas manipuladas”?
¿Entran en este conjunto las críticas económicas al modelo en curso, cuando se dice que no se acumulan reservas, que el dólar esta devaluado, que cierran fábricas, que aumenta el desempleo?
¿Este anexo del decreto 864/2025 es la justificación institucional para salir a espiar “mandriles”, “kukas” o “zurdos”? ¿Luego que viene, procesos judiciales por dañar con opiniones o contenidos el “proyecto estratégico”?
Anticipo del ajuste y la represión a la protesta social
En la página 20 el anexo del decreto 864/2025 advierte que “la evolución del orden económico y financiero puede condicionar márgenes de maniobra soberana, activar presiones geopolíticas o generar entornos de volatilidadsocial“.
Conscientes de los planes de ajuste y desindustrialización que se vienen implementando desde el comienzo del gobierno de Milei, advierten sobre “entornos de volatilidad social” y por ello enfocan allí el espionaje interno, es decir, a opositores, movimientos sociales, sectores gremiales, grupos barriales que organicen la protesta social.
Esto no es casual, tiene su correlato en el accionar represivo que se instrumentó con los protocolos de la ex ministra Patricia Bullrich, que todos los miércoles lesiona a jubiladas y jubilados y también a periodistas y fotógrafos. El caso más emblemático es el del fotoperiodista Pablo Grillo, que pelea por su vida tras haber recibido el disparo de una cápsula de gas en forma intencional y criminal.
Luego dice que “el sistema democrático y sus instituciones constituyen vectores de legitimidad que pueden ser objeto de erosión mediante operaciones de influencia, judicialización estratégica o polarización inducida”.
Casi como un chiste de mal gusto, enumeran todo lo que vino haciendo el propio gobierno nacional tratando de influir en procesos electorales con imágenes y videos manipulados con IA (Campañas en CABA contra el PRO y Santa Fe contra Fuerza Patria). O encarcelando a la principal líder opositora y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Ni hablar de la polarización extrema que genera el gobierno al negar reuniones institucionales a 4 gobernadores entre ellos Axel Kicillof, que gobierna la provincia más grande de Argentina.
A continuación, el texto señala que “en el plano social, fenómenos como la migración, el envejecimiento poblacional o la urbanización acelerada reconfiguran demandas, tensiones y capacidades estatales”.
Aquí nuevamente la “batalla cultural» vuelve a aparecer para abrir el paraguas con políticas anti inmigratorias, o poniendo como enemigos a los barrios populares, las villas o asentamientos, y los reclamos por el derecho a la vivienda. En ambos sin respetar la letra de la Constitución Nacional, cuando en el preámbulo y en el artículo 20 establece que “los extranjeros gozan en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano”, o en el artículo 14 el derecho a la vivienda propia.
Ciberespacio
Avanzando el documento, llegamos a la pagina 25 donde se aborda el tema de la ciberseguridad. Dentro de su desarrollo advierte “El ciberespacio también habilita dinámicas de desinformación, activación de conflictos sociales, judicialización estratégica y captura de plataformas de decisión. Por ello, su análisis desde la inteligencia debe integrar capacidades de monitoreo técnico, trazabilidad de flujos, identificación de actores funcionales y anticipación de escenarios disruptivos, articulando respuestas que protejan tanto activos digitales como la soberanía informativa y decisional del ESTADO NACIONAL«.
Nuevamente aparece un concepto a descifrar: “la soberanía informativa y decisional”. ¿El Estado tiene juna sola forma de informarse? ¿Quién determina que información pertenece a ”la soberanía informativa y decisional” y cual no?
Se abre un lugar arbitrario para decir que contenidos son permitidos y cuales no. La puerta hacia la censura y la manipulación informativa, cercenando la libertad de expresión, queda abierta de par en par.
En la página 26 profundiza este razonamiento: “estas capacidades no solo redefinen los umbrales operativos en defensa, inteligencia y logística, sino que habilitan nuevas formas de disuasión, proyección de poder y resiliencia institucional frente a escenarios disruptivos.”
¿Cuáles serían las “nuevas formas de disuasión”? ¿Sera a partir del espionaje de empleados estatales, como decía anteriormente? ¿O a través de amenazas y ejercicios represivos de amedrentamiento?
¿Las “nuevas formas de disuasión” incluyen las patoteadas digitales con trolls en las redes sociales de las que permanentemente son víctimas, dirigentes opositores, periodistas no oficialistas, artistas o todo aquel que no se cuadre con el lineamiento oficial del partido gobernante?
Por último, en sus “Consideraciones finales” el anexo denominado “Política de Inteligencia Nacional” sobreactúa su pertenencia al marco democrático e institucional y su adscripción a los lineamientos del al Ley 25520 de Inteligencia Nacional. No obstante, en más de una vez y a lo largo de sus páginas no hace más que contradecirla. Si bien en sus fundamentos y en sus consideraciones finales cita a la Ley 25520 de Inteligencia nacional, en su desarrollo, no hace más que contradecir sus artículos 4 y 5. En estos artículos de esta norma sancionada por el Congreso de la Nación en noviembre de 2001 establecen:
“Artículo 4° — Ningún organismo de inteligencia podrá:
1. Realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir, por sí, funciones policiales ni de investigación criminal, salvo ante requerimiento específico realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción, o que se encuentre, para ello, autorizado por ley.
2. Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción.
3. Influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en su política exterior, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo.
4. Revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones relativa a cualquier habitante o a personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, salvo que mediare orden o dispensa judicial.
Artículo 5° — Las comunicaciones telefónicas, postales, de telégrafo o facsímil o cualquier otro sistema de envío de objetos o transmisión de imágenes, voces o paquetes de datos, así como cualquier tipo de información, archivos, registros y/o documentos privados o de entrada o lectura no autorizada o no accesible al público, son inviolables en todo el ámbito de la República Argentina, excepto cuando mediare orden o dispensa judicial en sentido contrario”.
Este anexo tan solo con fuerza de decreto simple no debiera ser ignorado, por diputados y senadores que juraron por la Constitución Nacional. Es un texto que habilita explícitamente el espionaje interno, la discriminación a los migrantes, a la pobreza, a quien piensa distinto, la represión y judicialización de la protesta social.
Permite el hostigamiento en redes sociales quienes no acompañen los lineamientos de La Libertad Avanza como partido gobernante u osen a poner en cuestionamiento la “soberanía discursiva”.
Es contrario a lo que dice el Pacto San José de Costa Rica, la Constitución Nacional, la Ley de Inteligencia nacional y la Ley de Internet. Sienta las bases para deteriorar nuestra democracia, en búsqueda de un modelo cada día más ajustador de los sectores populares, más autoritario y represivo.