Un nuevo informe de Amnistía Internacional Argentina advierte sobre una regresión alarmante en materia de derechos LGBTI+ desde la asunción del gobierno de Javier Milei. El documento, titulado “La ofensiva contra los derechos LGBTI+ en Argentina”, señala la combinación de discursos oficiales hostiles, desmantelamiento de políticas públicas, y un aumento de la violencia y la impunidad.
El informe enmarca la situación local dentro de una tendencia global de reacción organizada especialmente contra la igualdad de género y la diversidad sexual, impulsada por sectores conservadores que buscan reinstalar una “política del miedo” y deslegitimar las luchas feministas y LGBTI+.
Amnistía aseguró que el uso de estas estrategias se intensificó en los últimos años. En el caso de Argentina, los mensajes estigmatizantes del presidente Milei y otros funcionarios -como el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona– contribuyeron a legitimar un clima social hostil hacia las diversidades. Tras el discurso del mandatario en Davos, donde vinculó la “ideología de género” con la pedofilia, se registró una ola de ataques y agresiones a personas LGBTI+ en distintas provincias.
En esa línea, la organización mencionó el ataque digital contra el diputado Esteban Paulón, quien recibió insultos homofóbicos, falsas acusaciones y expresiones de odio. También destacó el incendio intencional a una vivienda de una pareja de lesbianas en la localidad de Cañuelas; la golpiza a una pareja de lesbianas en el barrio de Recoleta; la agresión con arma blanca a una activista lesbiana en la provincia de Salta; la agresión física a la artista afrotravesti Joy Hoyos, entre otros casos.
Retrocesos en políticas públicas
Como se mencionó, estos hechos se dan en un contexto de desmantelamiento de políticas públicas que protegen a las diversidades. Al respecto, Amnistía enumeró medidas llevadas adelante desde que asumió La Libertad Avanza. Entre las principales medidas adoptadas por el Ejecutivo, la organización destacó:
- Restricción de tratamientos hormonales y cirugías a menores de 18 años mediante el DNU 62/2025, que modificó la Ley de Identidad de Género.
- Eliminación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
- Eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, sin que sus funciones se trasladaran a otra área.
- Prohibición del lenguaje inclusivo y de la perspectiva de género en la administración pública nacional.
- Desmantelamiento de la Línea 144, que pasó de ser un canal exclusivo para denunciar violencia de género a un servicio genérico.
- Suspensión del Programa Acercar Derechos (PAD) y eliminación de 13 programas de atención y acompañamiento a víctimas de violencia de género y personas trans.
- Desfinanciamiento de la Educación Sexual Integral (ESI), que en 2025 no tuvo asignación presupuestaria.
En este marco, Amnistía recordó que “los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos de todas las personas que se encuentren bajo su jurisdicción”. “Esto incluye el deber de garantizar el derecho a vivir una vida libre de violencia; adoptar medidas prácticas para prevenir, abordar y combatir la violencia de género; garantizar la debida diligencia reforzada en las investigaciones ante violaciones de derechos humanos y proporcionar un conjunto integral de servicios que permita a las mujeres y personas LGBTI+ acceder a la justicia, obtener una reparación y superar las numerosas consecuencias de la violencia de género y reconstruir su vida”, detallaron.
Por último, instó al Estado argentino a adoptar un compromiso público y sostenido con la igualdad y la no discriminación, condenando sin ambigüedades toda expresión de odio y violencia hacia las personas LGBTI+.