El conflicto entre la Comisión Investigadora del caso $LIBRA y los poderes del Estado llegó a un nuevo escalón. Luego de meses de citaciones sin respuestas y negativas judiciales, los miembros del cuerpo legislativo preparan un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el que buscarán revertir la falta de auxilio público para que testigos y funcionarios, entre ellos la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei, comparezcan ante el Congreso.
“Pusimos a nuestros asesores a trabajar en el escrito. Esta semana entraría el recurso extraordinario ante la Corte”, adelantaron fuentes parlamentarias consultadas, mientras avanzan también en denuncias por mal desempeño contra el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano, quienes intervinieron en el expediente.
La tensión se arrastra desde que el magistrado se negó a habilitar el uso de la fuerza pública para garantizar la presencia de los citados. La Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal ratificó esa decisión, dejando sin efecto el pedido de los diputados. La Comisión considera que esa postura bloqueó la investigación y que “los jueces no quieren involucrarse”.
Por eso, el cuerpo legislativo decidió apelar a la Corte Suprema: “Queremos que el máximo tribunal defina si el Poder Judicial tiene la obligación de asistir al Congreso cuando se trata de causas de interés público”, señalaron.
La actividad del Parlamento es complementaria a la causa que también se está tramitando en Estados Unidos.
La lista de funcionarios que no respondieron a las citaciones es extensa. Además de la hermana presidencial Karina Milei, figuran el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona; el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik; el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc; la responsable de la unidad de investigación creada por el Ejecutivo para el caso, María Florencia Zicavo; y el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Emilio Silva. Todos ellos serían denunciados por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En los pasillos del Congreso, los legisladores hablan abiertamente de “encubrimiento”. A pocos días de la presentación del informe final, prevista para el martes 18 de noviembre a las 16 en el Salón Delia Parodi, la tensión institucional crece. Allí se darán a conocer las conclusiones y recomendaciones de la investigación, y todo el material recabado será enviado a la Justicia.
La disputa por el caso $LIBRA, nacida de la sospecha sobre un esquema de criptomonedas con posibles ramificaciones en estructuras del Estado, promete un nuevo capítulo en los Tribunales. Esta vez, en el despacho de los jueces de la Corte Suprema.