La Comisión Bicameral del Congreso comenzó en septiembre el proceso de selección para designar a la autoridad de la Defensoría del Pueblo de la Nación, un cargo que se encuentra vacante hace 16 años. En este marco, Amnistía Internacional, la Asociación Civil por la Igualdad y Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Poder Ciudadano presentaron el documento con lineamientos para la evaluación de las candidaturas.
Publicado bajo el nombre “Criterios para la designación de su titular tras 16 años de vacancia”, este documento busca garantizar que la persona elegida tenga probada idoneidad moral, trayectoria en la defensa de los derechos humanos y género e independencia.
En ese sentido, Amnistía explicó que la Defensoría del Pueblo de la Nación es una de las instituciones más relevantes del sistema constitucional. “Tiene un rol esencial en el control del poder público y en la defensa de los derechos humanos”, agregó. Cuenta con varias funciones: puede actuar preventivamente, fiscalizar la actuación de los órganos estatales, recibir denuncias de la ciudadanía e instar investigaciones y procesos judiciales en tutela de los derechos que se hallen en juego en cada caso.
Tal como señaló la organización, la lista de personas preseleccionadas ya se publicó y ellas deberán presentar su plan de gestión ante la Comisión. Luego, esta propondrá entre una y tres candidaturas al Congreso, que deberá aprobar la designación con una mayoría de dos tercios.
Por su parte, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, expresó: “En un contexto de retrocesos y desafíos en materia de derechos humanos, el Congreso tiene la oportunidad histórica de designar a una persona con idoneidad y compromiso con la defensa de los derechos en un rol clave que lleva años vacante”.
Amnistía Internacional subrayó además la importancia de que, en organismos unipersonal como la Defensoría del Pueblo, la representación equilibrada entre los géneros se garantice mediante la alternancia en el acceso a los cargos, promoviendo así una participación igualitaria en los espacios de toma de decisión, de acuerdo con las obligaciones internacionales en materia de igualdad de género.
En esa línea recordó que desde su creación en 1994, la institución solo tuvo defensores varones, por lo que el Congreso “debería priorizar la designación de una mujer con compromiso con la igualdad de género, para asegurar la debida alternancia y avanzar hacia una representación más equitativa”.
Asimismo, la organización remarcó que los procesos de selección deben incorporar de manera explícita criterios de igualdad y perspectiva de género, garantizando que estas dimensiones orienten tanto la evaluación de candidaturas como la toma de decisiones finales. “Del mismo modo, resulta deseable promover la diversidad en la ocupación del cargo, incluyendo la representación de distintas regiones del país y la valorización de trayectorias provenientes de diversos ámbitos sociales y profesionales”, concluyó.