El resultado de las elecciones legislativas nacionales del domingo envalentonaron al gobierno y ahora, con un Congreso más favorable, avanzan hacia una regresiva reforma laboral.
Se trata de una iniciativa que Javier Milei tiene pendiente desde que asumió como Presidente, cuando publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, apenas asumido su mandato. Allí, había un capítulo laboral donde varios artículos fueron suspendidos por la justicia.
Además, el gobierno también se quedó a medias con la Ley Bases que quedó trabada hasta que pudo sancionarse en junio del 2024 pero con la caída de 42 de los 58 artículos que contenía el capítulo laboral.
En este caso, se trata de una iniciativa que tiene como base un proyecto de ley que fue presentado por la diputada libertaria Romina Diez a fines de 2024. Este proyecto plantea modificaciones en la jornada de trabajo, indemnizaciones y convenios colectivos.
La excusa del gobierno para avanzar con esta reforma es la de formalizar a ocho millones de trabajadores que son parte de la economía informal.
Se espera que el proyecto libertario ingrese a la Cámara de Diputados a mediados de diciembre. El mismo que es la base del presentado en su momento por Diez, tendrá aportes del Consejo de Mayo, coordinado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que engloba a representantes de las provincias junto a empresarios, gremios y legisladores.
La reforma que propone el gobierno
La reconfiguración del Congreso de la Nación le otorgó mayores facilidades al gobierno para impulsar los proyectos de ley que desea. Si bien necesitará de convencer a otros espacios, el terreno se visualiza más amigable para la aprobación de sus iniciativas
En este caso, se trata de la “Ley de promoción de inversiones y empleo”, basado en un proyecto de la diputada Romina Diez, cercana a Karina Milei, y que reproduce varios artículos del DNU 70/23 que quedó suspendido por medida judicial.
El proyecto, como punta de lanza, plantea una jornada laboral que se podrá extender hasta un máximo de 12 horas diarias, a diferencia de las 8 actuales. Otra de las polémicas, es la habilitación a percibir parte del salario no en dinero, sino en comida o canastas de alimentos, denominado como “ticket canasta”.
Además, los empresarios podrían despedir empleados y pagar indemnizaciones hasta en 12 cuotas mensuales. Tema vacaciones, se busca el fraccionamiento de las mismas, para que puedan tomarse en partes, según se acuerde.
Por otro lado, plantean la flexibilización de convenios, donde se autorizaría la implementación de sistemas de banco de horas y otros esquemas laborales flexibles, a negociar mediante los convenios colectivos de cada sector.
A su vez, se plantean otorgar beneficios fiscales a las pequeñas y medianas empresas para fomentar la contratación de nuevo personal.
Otra de las polémicas radica en la negociación por los salarios, donde plantean que las paritarias se discutan “por productividad y por empresa”. Se habla de “negociaciones dinámicas”, pese a que el empleador es siempre quien tiene mayor poder sobre el empleado.
La CGT rechazó la reforma laboral de Milei
La semana pasada, la CGT emitió un comunicado en el cual rechazó la reforma laboral que presenta el gobierno de Javier Milei, el cual esperaba el resultado de las elecciones para lanzarse por todo.
La central remarca que el proyecto del gobierno se trata de una reedición del DNU 70/23 que fue una “decisión inconsulta” y que fue judicializada con éxito.
En esa línea, el comunicado que comanda el secretario General de la UOCRA, Gerardo Martínez, dice sobre el proyecto de ley: “Pretende presentarse como la solución a los problemas económicos del país, cuando en realidad profundiza la desigualdad y la exclusión”.
Asimismo, agrega que “ningún país crece empobreciendo a sus trabajadoras y trabajadores” y señala que la causa de la crisis no está en el “exceso de regulaciones laborales” sino en “la ausencia de una política económica que genere condiciones reales de inversión productiva y rentabilidad sostenible”.
Por otro lado, señalan que más del 90% del empleo formal en Argentina lo generan las Pymes, a las que catalogan como “motor de las economías regionales”.
En tanto, solicitaron por un “pacto productivo”, para generar políticas que generen valor agregado y una capacitación laboral con la formalización del empleo: “Queremos una Argentina productiva y exportadora, que recupere la agenda del desarrollo desde el trabajo digno, la inclusión y la justicia social”.
Por último, la CGT consideró que la modernización del mercado laboral debe enfocarse en “el fortalecimiento de las Pymes, la promoción de la industria nacional y la defensa de las convenciones colectivas libres y sin restricciones”.
Y culminaron: “Los gobiernos hablan de garantía jurídica para el patrimonio y las utilidades del empresariado, pero esa garantía desaparece cuando los destinatarios son las trabajadoras y los trabajadores”.