Luego de la presentación del Presupuesto 2026, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), fundado por Claudio Lozano, presentó un informe en el que sostiene que “el presupuesto constituye la cristalización del ajuste ya realizado en los primeros años de gestión”. En ese sentido, agrega: “Se trata de un
presupuesto diseñado para sostener la contracción del gasto público, priorizar el pago de
la deuda y garantizar un superávit financiero que, lejos de resolver los problemas
estructurales de la economía, anticipa nuevos recortes en caso de que la recaudación
caiga”.
Por su parte, Lozano afirmó que Javier Milei y su vocero, Manuel Adorni, “presentan un verdadero dibujo presupuestario para mentir que están priorizando algo del gasto social. Todo una verdadera zaraza en un marco de dibujo completo, que lo único que promueve es priorizar y blindar el superávit para pagar los intereses de deuda”.
Según el informe difundido por el IPyPP, junto al Instituto de Estudios y Formaciones (IEF) y el Instituto de Desarrollo Productivo (IDEP), el proyecto oficial muestra una supuesta mejora en áreas como educación, pero parte de una caída acumulada desde el inicio de la gestión. “Desde que asumió Milei, los fondos para educación cayeron un 47% en términos reales. El 8% de aumento que anuncian solo sería tal si se cumpliera la inflación del 10% que dibujaron en el Presupuesto, lo cual es improbable”, apuntó Lozano.
“Ajuste perpetuo, deuda primero, sociedad después”
El documento, titulado “Presupuesto 2026: ajuste perpetuo, deuda primero, sociedad después”, advierte que el plan económico cristaliza la contracción del gasto público iniciada en 2023, priorizando el pago de la deuda y utilizando el superávit financiero como “excusa” para seguir ajustando si caen los ingresos fiscales.
Entre los principales puntos señalados, el informe detalla:
Supuestos macro inverosímiles: el Presupuesto proyecta un crecimiento del consumo del 10,2% en 2025, pese a que los salarios siguen 7% por debajo de 2023 y el crédito al consumo paga tasas +100% anual. Al respecto, desde el Instituto aseguran que “es inverosímil pensar en semejante expansión con ingresos en caída y financiamiento prohibitivo”.
Además, señalan que no tiene sentido esperar un boom de inversiones cuando el país atraviesa una recesión con cierre de empresas, caída de la producción y en medio de una desindustrialización.
En referencia al dólar, resaltaron: “Sostener el dólar proyectado ($1.423 en dic-26) es imposible porque implica bajarlo de los niveles vigentes”. “El esquema solo cierra con más deuda, en un contexto donde los mercados internacionales están cerrados para la Argentina”.
Recaudación regresiva: el 78% de los ingresos fiscales seguirá recayendo en salarios, consumo y jubilaciones, mientras que Bienes Personales representará menos del 1% del total. “El esquema tributario mantiene su sesgo procíclico y regresivo, cargando sobre los sectores populares y liberando a los patrimonios”, advierten.
Gasto público recortado: entre 2023 y 2025, el gasto cayó 29% en términos reales, con fuertes reducciones en transporte, servicios económicos, ciencia y educación. “El proyecto propone llevar los gastos Sector Público Nacional en 2026 al 15.3% del
producto”. “Los cálculos fiscales presentados son prácticamente un calco de la proyección
de cierre 2025 lo que significa estabilizar y perpetuar el ajuste operado durante los
primeros años de gestión”, añaden.
Superávit contable, deuda creciente: aunque el Ejecutivo proyecta un superávit financiero del 0,3% del PBI, la deuda aumentaría en $9,5 billones durante 2026 debido a intereses capitalizables que no se registran como gasto.
Frente a ello, el IPyPP aseverá que el Presupuesto 2026 no baja la inflación ni reactiva la economía, sino que consolida la recesión como ancla, ajusta partidas sociales y productivas, reconoce déficits externos estructurales y profundiza la dependencia del FMI. “El superávit no es solución sino la excusa para más ajuste”. “Plata hay, lo que falta es voluntad política. Y al revés de lo que dice Milei: lo peor no pasó”, concluye el informe.
El rechazo de la CTERA
En este marco, la Confederación de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) rechazó el Presupuesto presentando por el mandatario. Mediante un comunicado, afirmaron que el mismo “constituye una nueva vuelta de tuerca en la política de ajuste neoliberal iniciada en diciembre de 2023, que ya había golpeado duramente a la escuela pública, y ahora pretende avanzar con un recorte aún mayor”.
En sintonía con el informe antes mencionado, la CTERA menciona cifras irreales. “El Gobierno proyecta para diciembre de 2025 una inflación interanual del 24,5%, cuando la inflación acumulada ya llega al 19,5% en agosto y se mantiene en valores cercanos al 2% mensual. Todo indica que el año cerrará con un 28%/30%, lo que vuelve inverosímil la estimación oficial”. Asimismo, señala que la cifra de inflación proyecta para el próximo año es “una cifra ficticia ante la presión inflacionaria actual”. “Del mismo modo, resulta poco serio proyectar un crecimiento de 5,4% del PBI en 2025 y 5% en 2026, cuando la actividad económica viene en caída desde hace meses”, agrega.
Por otro lado, denuncia que el Presupuesto representa un mayor desfinanciamiento en áreas claves como educación, ciencia y tecnología. En esa línea enfatiza en que el artículo 30 del proyecto propone la derogación de normas que garantizan el financiamiento de la educación y la ciencia. A ello se le suma que el proyecto elimina explícitamente la meta del 6% del PBI para la educación; el financiamiento progresivo de la ciencia y la tecnología hasta llegar al 1% del PB; el Fondo Nacional para las Escuelas de Educación Técnico Profesional (0,2% de los ingresos corrientes); y el aumento progresivo de la inversión destinada a la defensa nacional (FONDEF).
Ante este escenario, la CTERA se declaró en estado de alerta y movilización. Y comentó que “convocará a reunión de Secretarios Generales para evaluar medidas de acción, para defender el derecho social a la educación y exigir un presupuesto que garantice el financiamiento de la escuela pública, la universidad, la ciencia y la tecnología”.