El gobierno de Venezuela solicitó el apoyo del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, frente a lo que calificó como “amenazas” de Estados Unidos. El canciller Yván Gil expresó la preocupación de Caracas por el despliegue de buques de guerra y fuerzas militares estadounidenses en el mar Caribe, incluso con capacidad nuclear, lo que a su entender pone en riesgo la estabilidad de una región declarada “zona de paz” en 2014.
Durante una reunión con el coordinador residente de la ONU en Caracas, Gianluca Rampolla, Gil reclamó el acompañamiento de la organización para “restablecer la sensatez en América Latina y el Caribe”.
La advertencia llega en medio de una escalada discursiva de Washington. La Casa Blanca aseguró que está dispuesta a “usar todo su poder” contra el narcotráfico en la región, en un mensaje que incluyó la posibilidad de operaciones navales y aéreas en el Caribe. Al mismo tiempo, el Gobierno estadounidense duplicó la recompensa por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro, llevándola a 50 millones de dólares, bajo acusaciones de liderar «una red de narcotráfico en alianza con grupos armados colombianos».
Rechazo y contexto regional
Caracas rechaza las acusaciones y sostiene que Venezuela está libre de cultivos ilícitos. El canciller Gil citó el Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de la ONU, que ratifica esa condición, y denunció que Washington utiliza “falsas narrativas” para justificar posibles acciones militares.
Barco de la flota de Estados Unidos, con la mira en Venezuela. Crédito: Emily Hazelbaker
La tensión se produce en un momento particular. Tras años de sanciones económicas y aislamiento, Venezuela muestra signos de recuperación económica y de cierta normalización de su vida interna. Esto coincide con un giro de la política exterior estadounidense, que en los últimos meses parecía apostar a un acercamiento pragmático con Caracas para asegurar suministros energéticos, especialmente petróleo.
Sin embargo, en línea con declaraciones recientes de la DEA y la Casa Blanca, la administración de Joe Biden (y previamente la de Donald Trump), volvió a situar a Venezuela como un objetivo de su política de seguridad, reeditando el discurso que asocia al chavismo con el narcotráfico y el terrorismo.
Geopolítica y advertencias militares
En clave regional, la presión de Washington encuentra eco en gobiernos aliados como República Dominicana, Ecuador y Paraguay, que acompañaron la narrativa estadounidense. En contraste, Colombia, bajo la presidencia de Gustavo Petro, se ha manifestado en contra de cualquier intervención militar, descartando la posibilidad de utilizar su territorio como base de operaciones.
En el caso de Argentina, en las últimas horas se conoció la declaración de «terrorista» al Cartel de Soles, lo que motivó la felicitación al gobierno de Javier Milei por parte de María Corina Machado, una de las referentes de la oposición en Venezuela.
La hipótesis de una incursión armada contra Venezuela enfrenta serias dificultades, señalan especialistas militares, tanto por el relieve de su costa como por la capacidad de defensa del Ejército y la movilización social. “Venezuela resistió la guerra económica, cultural e informativa; ahora la amenaza es militar”, advirtió Gil.
La posición de la ONU
Desde Nueva York, el secretario general António Guterres pidió a ambas partes resolver sus diferencias por vías pacíficas. A través de su portavoz adjunta, instó a “desescalar las tensiones y ejercer la contención”, mientras el Gobierno de Maduro asegura que mantiene su sistema de defensa en “alerta permanente”.
La crisis es parte del resurgimiento del interés estratégico de Washington en América Latina, en un contexto global marcado por la guerra en Ucrania, la ofensiva israelí en Gaza y la disputa por recursos energéticos. Venezuela, con sus reservas petroleras, reaparece como un actor central en ese tablero.
Y Argentina, con Milei, se pone a disposición de la lógica intervencionista en uno de los continentes del mundo caracterizados por su mantenimiento de la paz.