En un contexto de creciente conflictividad social, el Observatorio Nacional Contra la Violencia Institucional y Prevención de la Tortura (OCVIPT) presentó el martes 22 de julio el Segundo Informe Especial de Monitoreo de la Represión a las Manifestaciones Públicas. El evento tuvo lugar en el anfiteatro de la sede nacional de ATE, en Ciudad de Buenos Aires, y reunió a organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y sindicales.
El informe, encabezado por Gustavo Segovia, denuncia una clara escalada represiva por parte de las fuerzas de seguridad federales y provinciales, con datos que marcan un crecimiento del 35% en los episodios de represión respecto al último semestre de 2024.
Datos clave del informe
Entre los datos más relevantes del relevamiento, se destacan:
- 107 episodios de represión en el primer semestre de 2025, con epicentro en Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Jujuy.
- 82 detenciones arbitrarias, la mayoría durante manifestaciones sindicales o cortes de rutas.
- 25 heridos por balas de goma, gases o golpes policiales.
- 11 intervenciones a medios alternativos o comunicadores, lo que constituye una grave afectación a la libertad de prensa.
- Una tendencia creciente a criminalizar la protesta social, especialmente vinculada a reclamos laborales, piqueteros y movilizaciones estudiantiles.
Represión “sistémica y funcional”
Según el informe, la represión no es un fenómeno aislado, sino que responde a una lógica sistemática de disciplinamiento social. “No es una serie de excesos: es una respuesta planificada del Estado ante la protesta”, advierte el documento.
Desde el Observatorio señalaron también que las fuerzas de seguridad actúan con niveles crecientes de impunidad, amparadas en nuevas normativas regresivas, como el protocolo anti-piquetes impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Un llamado urgente a defender la democracia
Durante la presentación, Segovia remarcó que “la democracia no puede coexistir con una práctica sistemática de represión. Defender el derecho a manifestarse es defender el corazón mismo del sistema democrático”.
El documento también propone medidas para revertir esta tendencia, como la derogación de protocolos represivos, el control parlamentario sobre las fuerzas de seguridad, y una reforma estructural del aparato policial que priorice los derechos humanos.
Repercusiones y próximos pasos
La publicación del informe marca un punto de inflexión: distintas organizaciones ya anunciaron que lo presentarán como insumo ante la ONU y la CIDH. Además, se espera que ATE y CTA Autónoma impulsen nuevas acciones judiciales y políticas para frenar esta avanzada represiva.