Las recientes declaraciones de la ministra Sandra Pettovello, en las que afirmó que «el Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia… el Estado interviene subsidiariamente cuando hay un desastre», son un grave desconocimiento de la Ley y ponen en riesgo a las infancias en Argentina.
El Estado, Garante Irrenunciable de Derechos
La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), de jerarquía constitucional en Argentina, es clara: el interés superior del niño/a es primordial. El Estado no es un actor de emergencia, sino el garante principal de esos derechos.
Esto se refuerza con la Ley 26.061 de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, que exige mecanismos preventivos y universales. Las palabras de la ministra contradicen directamente estas normativas fundamentales.
Resulta paradójico que, mientras en la Provincia de Buenos Aires se impulsa un Observatorio de Derechos de Infancia y Adolescencia para fortalecer políticas públicas inclusivas, desde el gobierno nacional se difundan posturas regresivas que desdibujan esa responsabilidad estatal.
Un Modelo de Cuidado Anacrónico y Perjudicial
La idea de que solo la familia es responsable del cuidado infantil es limitada y peligrosa. Ignora las desigualdades estructurales que enfrentan muchas familias, especialmente aquellas en pobreza o monoparentales, y la carga desproporcionada de cuidados no remunerados que recae sobre las mujeres.
Frente a esa realidad, la ausencia de un sistema de cuidados público y comunitario perpetúa la desigualdad de género y limita el desarrollo pleno de niños y niñas.
Alianza con modelos que culpabilizan a las víctimas
Las simpatías de la ministra por organizaciones como CONIN y sus «escuelas para padres» son alarmantes. Este modelo, promovido por una parte de la Iglesia Católica, atenta contra los derechos de las niñeces al:
- promover una visión biologicista y moralizante de la pobreza, culpabilizando a las madres por la malnutrición en vez de abordar los factores estructurales como el desempleo o la falta de servicios.
- Difundir ideas contrarias a los derechos sexuales y (no) reproductivos, incluyendo la oposición al preservativo y la educación sexual integral.
- En vez de empoderar, estos modelos culpabilizan a las familias, reforzando estigmas.
Adoptar estas prácticas como políticas públicas es un retroceso inaceptable en los derechos de las infancias en nuestro país.
Desde el Observatorio Nacional MuMaLá – Mujeres de la Matria Latinoamericana, exigen a la ministra Pettovello alinear sus políticas con las Leyes vigentes y dejar de intentar legitimar desde su cargo posicionamientos que no hacen más que vulnerar derechos.