A fuerza de marchas históricas, clases públicas y movilización social, la defensa de la universidad pública volvió a empujar al Congreso a dar respuestas. El miércoles, la Cámara de Diputados aprobó finalmente el emplazamiento para que el próximo 8 de julio a las 16:00h se reúnan las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Educación.
En el encuentro, los miembros debatirán el proyecto de Ley de Financiamiento Universitario. La propuesta busca asegurar recursos sostenidos para las casas de altos estudios en todo el país y dar respuestas al prolongado desfinanciamiento que atraviesa el sector.
La Federación de Docentes de las Universidades Nacionales (Fedun), celebró el avance y aseguró que seguirán impulsando “con firmeza” la aprobación de esta ley, que consideran fundamental para garantizar una universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad al servicio de la comunidad.
Desde Fedun destacaron que este paso es clave para “recuperar los salarios de docentes y no docentes, fortalecer el presupuesto de funcionamiento, mejorar las becas estudiantiles y asegurar fondos para las carreras estratégicas que necesita el desarrollo nacional”, explicó Daniel Ricci, secretario general de la federación.
¿Qué propone la Ley de Financiamiento Universitario?
El proyecto de Ley, impulsado en la Cámara baja, apunta a establecer un financiamiento sostenible para las universidades públicas sin poner en riesgo el equilibrio fiscal. Entre los principales objetivos se destaca:
- Actualización de salarios docentes y no docentes.
- Aumento de los gastos de funcionamiento de las universidades.
- Incremento de las becas para estudiantes.
- Creación de un fondo para fortalecer carreras consideradas estratégicas para el desarrollo del país.
- Garantizar recursos para el sistema de Ciencia y Tecnología.
Desde Fedun advirtieron sobre el “escenario alarmante” que atraviesan las universidades públicas por las “brutales políticas de ajuste y desinversión” llevadas adelante por el gobierno nacional.
La discusión sobre esta ley, aseguraron, no habría sido posible sin la movilización permanente de estudiantes, docentes y no docentes, y el respaldo de una sociedad que sigue defendiendo la educación pública como un derecho.
La lucha por la educación pública no afloja
En los últimos meses, la comunidad universitaria protagonizó jornadas históricas para visibilizar la crisis presupuestaria que atraviesan las instituciones. La enorme movilización del 23 de abril, que reunió a más de 800.000 personas en todo el país, fue un punto de quiebre.
Desde entonces, las protestas no cesaron y, como hemos contado en Nota al Pie, se intensificaron con nuevas marchas, clases públicas y paros en defensa del presupuesto.
Si bien el Congreso aprobó ahora el emplazamiento para tratar la ley en comisiones, la oposición había intentado avanzar en el tratamiento sobre tablas para discutirla directamente en el recinto.
Sin embargo, no alcanzaron los dos tercios necesarios y finalmente, con 168 votos a favor y 61 en contra, se logró fijar la fecha para el próximo debate. El camino legislativo aún es largo, pero la presión social parece haber logrado, una vez más, que las universidades públicas recuperen protagonismo en la agenda nacional.