Este martes se realizó una reunión informativa conjunta de las comisiones de Justicia, presidida por la legisladora Inés Parry; Asuntos Constitucionales, a cargo del legislador Hernán Reyes; y Seguridad, presidida por la legisladora Gimena Villafruela. En el encuentro se trataron los proyectos de ley que impulsan la creación del Servicio Penitenciario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y una nueva Ley de Ejecución Penal.
El ministro de Justicia, Gabino Tapia, participó del debate y explicó que estos proyectos tienen como fin “contar con un sistema autónomo, que por ahora estará enfocado en los delitos cuya competencia ya fue transferida a la justicia porteña”. Además, señaló que se trabaja en articulación con el gobierno nacional para descomprimir la situación actual en las comisarías de la Ciudad.
Por su parte, el subsecretario de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Leandro Halperín, expresó que “la Ciudad está en condiciones de afrontar este desafío, con un cuerpo legislativo comprometido. Todos los bloques han presentado iniciativas, lo que permite construir una legislación a partir del diálogo y el consenso”.
A su vez, Halperín enfatizó en la necesidad de repensar el sistema penitenciario. “No podemos seguir limitándonos al castigo. El sistema debe ofrecer herramientas reales para que las personas condenadas puedan reinsertarse en la sociedad”, dijo. “El objetivo es que quienes cumplan una pena no regresen en peores condiciones de las que ingresaron”, agregó.
El subsecretario también propuso fortalecer la participación de las víctimas en el proceso de ejecución penal, garantizando su derecho a ser informadas, participar y expresar su opinión ante el juez de ejecución, sobre todo en lo vinculado a eventuales beneficios otorgados a la persona condenada.
En tanto, los especialistas destacaron que CABA tiene la posibilidad de diseñar desde cero un modelo propio de sistema penitenciario, sin estructuras heredadas. Para reforzar esto pusieron como ejemplo que en 2016, con la sanción de la Ley 5688, se creó la Policía de la Ciudad y se estableció un sistema integral de seguridad pública con participación de los tres poderes del Estado. En esa misma lógica, hoy se busca avanzar con una legislación que complete el sistema de justicia penal local.
De acuerdo a información compartida por funcionarios, en la actualidad más de 400 personas se encuentran privadas de libertad por decisiones de la justicia de la Ciudad. Esta realidad, mencionaron, exige decidir cómo intervenir frente a quienes fueron declarados culpables por delitos y deben cumplir una pena.
Por último, los representantes del poder Ejecutivo plantearon que el desafío es transformar el tiempo de encierro en un tiempo con sentido, dotando al sistema de herramientas para la resocialización, facilitar el acceso a educación, trabajo, salud mental, vínculos sociales y familiares. “La sociedad ya no espera solamente que alguien sea castigado, espera que no vuelva a delinquir”, concluyeron.