La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso de queja de la defensa del Correo Argentino, la cual solicitaba apartar a los jueces de la causa que se tramita en Comodoro Py.
El pedido se trató de un recurso presentado por Jaime Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher, ambos vinculados al Grupo Macri e imputados en la causa que tramita el juez Federal, Ariel Lijo desde 2017. Los apuntados eran los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah, por “temor de parcialidad” de estos.
En primera instancia fue la Cámara Federal la que no dio lugar a la petición del Grupo Macri, mientras que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó ese rechazo: “la defensa no ha conseguido demostrar que, en las particulares circunstancias que rodean la incidencia, se encuentre objetivamente sustentado el temor de parcialidad denunciado”, falló el juez Javier Carbajo.
Tras ello, el recurso de queja llegó hasta el máximo tribunal, donde se consideró que el mismo “no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (art. 14 de la ley 48)”. Por ello, señalaron: “Se desestima la presentación directa”, e intimaron a los recurrentes con un depósito económico bajo apercibimiento de ejecución.
Este fallo llevó la firma de los jueces de la Corte Suprema: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes recientemente aprobaron la condena a Cristina Fernández de Kirchner.
La denuncia del presidente del Correo Argentino, Robirosa, y de su representante legal, Kleidermacher, se basaba en una presunta “enemistad manifiesta hacia Mauricio Macri”, y por ende, a ellos mismo, por parte de los jueces.
En su argumento, estos representantes esgrimían que Farah había denunciado presuntas presiones del gobierno macrista mientras que Boico había defendido a funcionarios del kirchnerismo en el pasado.
Macri y la deuda del Correo Argentino
La historia de la deuda del Correo Argentino con el Estado viene de larga data, lo que derivó en una causa estancada y que de avanzar, le preocuparía a Mauricio Macri.
La empresa Correo Argentino fue privatizada en 1997 y concesionada al Grupo Macri pero la misma entró en un concurso de acreedores en 2001 por incumplimientos financieros, especialmente con el pago del canon de concesión al Estado.
En ese entonces, la empresa quedó con una deuda de 296 millones de pesos, entonces equivalentes a la misma cifra en dólares. En 2003 se le rescindió el contrato y el Correo volvió a manos del Estado, pero la deuda permanece, hasta hoy.
Por esa razón, en 2016 cuando el propio Mauricio Macri llegó a la presidencia del país, intentó autocondonarse la deuda que arrastraba. De tal modo, su gobierno en nombre del Estado aceptaba una propuesta del Grupo Macri que significaba una quita del 98,82% de la deuda.
Esa maniobra estuvo cerca de concretarse pero fue la fiscal Gabriela Boquin quien dio cuenta de la jugada y sostuvo que la propuesta es “abusiva, implica perjuicio fiscal y su irregular aceptación perjudica gravemente el patrimonio del Estado nacional”.
A su vez, señaló que la empresa se benefició con un “eterno concurso” con el que suspendió todo tipo de pago. En consecuencia, se inició una causa penal que desde 2017 está en el juzgado federal de Ariel Lijo y pocos fueron los avances.
En esta causa, además de Jaime Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher, están involucrados el ex ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y el ex titular de Asuntos Jurídicos de esa misma cartera, Juan Manuel Mocoroa.
Pasaron más de dos décadas, y el Grupo Macri sigue sin pagar un peso de la deuda que contrajo con el Estado. El fallo de la Corte Suprema adverso a la defensa de Correo Argentino S.A. podría reactivar una causa que para la justicia, nunca fue prioridad.