En medio de un clima de creciente tensión institucional, parte de la oposición y organismos de derechos humanos expresaron su rechazo al decreto presidencial que reforma el estatuto profesional de la Policía Federal Argentina (PFA), impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Según denuncian, la normativa representa un avance preocupante hacia un “Estado policial”, al otorgar mayores facultades operativas y disciplinarias a la fuerza, en detrimento de los controles civiles y democráticos. Desde el Congreso Nacional, distintos bloques ya preparan proyectos para dar de baja el DNU firmado por el Ejecutivo.
La nueva normativa, formalizada mediante el Decreto 383/2025, reemplaza el reglamento vigente desde 2005 y habilita a la PFA a intervenir con mayor libertad ante situaciones que «alteren el orden público», autoriza tareas de inteligencia sin orden judicial previa y facilita los mecanismos internos de sanción, desplazando instancias de defensa y apelación.
Para los críticos, se trata de una reforma que centraliza el poder en la cúpula policial y reduce los contrapesos institucionales, en un contexto de creciente criminalización de la protesta.
El Frente de Izquierda fue uno de los primeros espacios en alzar la voz contra la medida. La diputada Myriam Bregman calificó la reforma como un “intento de consolidar un Estado policial al servicio de la represión de la protesta social”, y cuestionó que se haya implementado vía decreto, sin pasar por el Congreso.
Desde Unión por la Patria también expresaron su preocupación, señalando que se trata de una política de seguridad punitivista y autoritaria, más orientada a la represión que a la prevención. Además, el rechazo parlamentario no tardó en materializarse.
Legisladores de distintos bloques ya anunciaron que impulsarán iniciativas para dejar sin efecto el decreto, en línea con lo previsto por el artículo 99 inciso 3 de la Constitución, que limita el uso de DNU en materias penales, legislativas y electorales. “Vamos a presentar un proyecto de ley para anular este decreto inconstitucional”, anticipó la senadora Anabel Fernández Sagasti.
En paralelo, organizaciones como el CELS, Amnistía Internacional y la APDH emitieron comunicados donde alertan sobre los efectos regresivos de la reforma. “La discrecionalidad que otorga este nuevo estatuto vulnera principios básicos del Estado de derecho y puede facilitar abusos de autoridad”, señalaron.
Mientras tanto, desde el oficialismo defienden la reforma como una herramienta necesaria para “modernizar la fuerza” y dotarla de mayores capacidades operativas frente al narcotráfico y el crimen organizado. Bullrich, en declaraciones radiales, sostuvo que la medida busca «recuperar la autoridad perdida y restablecer el orden».
El debate en torno a este decreto promete escalar en las próximas semanas, con movilizaciones sociales en puerta y un Congreso dividido. La discusión no solo gira en torno a la PFA, sino al tipo de modelo de seguridad y democracia que se pretende consolidar en la Argentina actual.