Miguel Antonio Galván publicó un informe en el Boletín n°222 del Instituto de Estudios Nacionales del Foro Patriótico y Popular, bajo el nombre “La minería: saqueo y contaminación”. En él plante que Argentina atraviesa una nueva ola de explotación minera marcada por la extranjerización de sus recursos estratégicos, la escasa intervención estatal y una creciente subordinación a los intereses geopolíticos de las potencias. Con el respaldo del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el gobierno de Javier Milei abrió de par en par la puerta a conglomerados multinacionales que avanzan sobre el litio, el cobre, el oro y otros minerales codiciados, sin que eso se traduzca en beneficios tangibles para el país ni para las comunidades afectadas.
El autor expresa: “Un mundo que va a la guerra, nos lleva a la disolución nacional, empodera a las provincias ricas en minerales estratégicos a salir al mundo a ofrecer nuestras riquezas a inversores extranjeros en base al poder sobre el subsuelo que le dio Menem y las reformas constitucionales de los noventa y una ley de minería gravosa para el interés nacional con regalías ridículas y una normativa entreguista con fletes baratos y puertos en el Paraná sin control alguno”.
Un mapa de inversiones extranjeras
Galván denuncia con claridad que la política del presidente profundiza un modelo de “entrega y sumisión nacional” al permitir el saqueo de los recursos estratégicos del subsuelo argentino por parte de capitales extranjeros. El RIGI actúa como principal herramienta de este proceso, permitiendo que “una lluvia de viejos y nuevos emprendimientos inunde aceleradamente la penetración del extractivismo y el saqueo minero”.
En Jujuy, la empresa Exar S.A. explora para explotar el salar de Cauchari, en fase piloto para la producción de 40.000 toneladas por año de carbonato de litio. Se trata de una asociación (“joint venture”) entre Ganfeng Lithium LATAM (China), Lithium Argentina y la estatal JEMSE, con reservas estimadas de 1,5 millones de toneladas y una inversión de 565 millones de dólares. Además, otras firmas chinas firmaron acuerdos para explotar litio, plata, plomo y zinc en la mina Adquirir. La empresa estatal jujeña tiene 19 zonas exclusivas y participa con solo el 5% de la producción anual en el proyecto Sales de Jujuy, en manos de Allkem Limited (Australia) y Toyota Tsusho (Japón). A su vez, el único proyecto de cobre actualmente en producción en el país está ubicado en las yungas de Jujuy, en Santa Bárbara, gestionado por MOM Mining, una empresa del grupo Villanueva, que exporta hasta 5.000 toneladas por mes.
En Salta, la situación es similar. Allí “mineras extranjeras prevén invertir 10.000 millones de dólares en Salta y Jujuy”, según acuerdos firmados entre el ministro Caputo y el gobernador Sáenz. La provincia ya desplazó a San Juan como la primera en el país en atractivo para inversiones mineras. Río Tinto, a través de su subsidiaria Rincón Mining, invertirá 2.000 millones de dólares para producir 50.000 toneladas anuales de litio grado batería en el salar del Rincón. En paralelo, el proyecto Taca Taca, a cargo de la canadiense First Quantum Minerals, prevé una inversión de más de 3.500 millones de dólares, y se estima una producción de 250.000 toneladas anuales de cobre fino. También se destacan las inversiones de Eramine Sudamérica (franco-china) en el salar Centenario-Ratones (870 millones en una primera etapa) y Posco (Corea del Sur) en el Salar del Hombre Muerto, con 2.000 millones.
El avance de Río Tinto en Salta es particularmente significativo: según el autor, “la nueva inversión se destaca como la mayor en el país en el sector del litio”, con plantas de fosfato, hidróxido y carbonato de litio en planificación. Arcadium Lithium, tras la fusión de Livent y Allkem, suma proyectos en Salta, Jujuy y Catamarca, consolidando un “negocio del litio de clase mundial”.
En Catamarca, la entrega también avanza. Río Tinto se reunió con el gobernador Jalil para acelerar sus proyectos, como “Sal de Vida”, que ya recibió 638 millones de dólares y promete la repavimentación de la Ruta 43. Zijin Mining Group, de origen chino, controla el proyecto Tres Quebradas en Fiambalá, y avanza hacia una segunda etapa productiva. En el mismo salar, Galán Lithium comprometió 200 millones de dólares para desarrollar el proyecto Hombre Muerto Oeste. El megaproyecto MARA, formado por Agua Rica y Minera Alumbrera, cuenta con reservas de 5,4 millones de toneladas de cobre. Según Jalil, el RIGI “se ha convertido en una herramienta importante para inversiones”, mostrando el alineamiento de las provincias con esta política entreguista.
En San Juan, la concentración minera es imponente. El autor resalta “una gigantesca reserva polimetálica” y proyectos como Josemaría y Filo del Sol, que comenzarán su producción en 2030, fruto de la alianza entre Lundin (Canadá) y BHP (Australia). El proyecto Los Azules, de McEwen Copper, ya recibió más de 2.700 millones de dólares en inversiones, con participación de Río Tinto y apoyo de YPF Luz. Glencore sigue controlando El Pachón, una de las mayores reservas de cobre del país. Veladero, operada por Barrick Gold junto a Shandong Gold (China), produjo 550.000 onzas de oro en 2024. Según el autor, “el cobre y el oro sanjuanino no pagarán los aranceles del 10% que impuso EE. UU., mientras las exportaciones mineras alcanzan los 156 millones, con Suiza como principal destino”.
El peso de los grandes empresarios también se hace notar. Eduardo Elsztain amplió su participación en los proyectos Hualilán y Casposo, y se convirtió en accionista mayoritario de Austral Gold. El boletín advierte que “el verdadero hombre fuerte del poder tras el trono de Milei no es Galperín, sino Elsztain”, con intereses en minería, banca, energía y agricultura.
En Mendoza, avanza la exploración de cobre y uranio en Malargüe por parte de Kobrea Exploration y Apeley S.A., mientras el gobernador Cornejo promueve un esquema separatista con “retenciones cero” para atraer capitales extranjeros. El IANIGLA del CONICET desaconsejó ocho proyectos mineros por desarrollarse en glaciares y ambientes periglaciares, pero la presión empresarial busca avanzar igualmente.
La situación se completa con casos como el de La Rioja, donde la firma estatal Kallpa impulsa la explotación de litio en el Salar El Leoncito, sin licencia ambiental según denuncian organizaciones de Chilecito. Santa Cruz, por su parte, alberga proyectos de oro y plata operados por Newmont, Pan American Silver y Patagonia Gold.
Para el autor, todo este proceso representa “un plan de disgregación nacional” promovido por el gobierno, donde “las provincias ricas en minerales estratégicos salen al mundo a ofrecer nuestras riquezas”, mientras las comunidades afectadas permanecen marginadas y sin beneficios. La política minera actual, lejos de impulsar el desarrollo, perpetúa un modelo de enclave, contaminación y dependencia, en un país donde “las potencias y monopolios extranjeros se disputan nuestros bienes comunes con el aval del Estado”.
Impacto ambiental y tensiones sociales
Diversos informes destacan que los emprendimientos mineros avanzan sobre zonas ambientalmente sensibles. En Mendoza, el Instituto de Nivología y Glaciología del CONICET desaconsejó autorizar ocho proyectos ubicados en ambientes periglaciares. En Río Negro, comunidades mapuches han logrado frenar momentáneamente la producción en Calcatreu, y en La Rioja, asambleas ciudadanas denuncian falta de licencia ambiental.
Lejos de revisar las condiciones de entrega heredadas del menemismo, el gobierno de Milei profundiza un modelo que consagra la lógica de enclave: exportación primaria, evasión impositiva, puertos y ferrocarriles al servicio del capital extranjero, sin agregado de valor ni planificación productiva. La “fiebre del litio” encubre un proyecto político regresivo que reduce al Estado a simple garante de contratos extractivos.
La historia vuelve a repetirse: la Argentina es rica en recursos pero pobre en derechos. Mientras las mineras multiplican sus ganancias, el país cede su soberanía y las provincias son alentadas a competir entre sí por inversiones, en un esquema que algunos analistas ya definen como “balcanización económica”.