La provincia de Tierra del Fuego se encuentra paralizada por una huelga total convocada por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Río Grande. La medida, de carácter indefinido, responde a la reciente decisión del Gobierno nacional de reducir los aranceles a la importación de productos electrónicos, lo que, según el gremio, pone en riesgo la continuidad del régimen de promoción industrial y miles de puestos de trabajo en la región.
El conflicto: una amenaza al empleo y la industria nacional
El anuncio del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la baja de aranceles para productos como celulares y televisores importados, generó una inmediata reacción en Tierra del Fuego. La UOM denunció que esta medida «afecta gravemente a la industria, los puestos de trabajo y el derecho soberano a continuar habitando esta provincia».
Las empresas electrónicas radicadas en la isla, como IATEC (Grupo Mirgor), BGH y Digital Fueguina, ya comenzaron a no renovar contratos laborales, afectando a más de 200 trabajadores. Estos despidos se suman a los 2.000 ocurridos a principios de año, cuando varias líneas de producción fueron paralizadas.
La UOM exige una «respuesta clara» tanto del gobierno provincial, encabezado por Gustavo Melella, como de las empresas instaladas en la isla. El gremio advirtió que la huelga continuará hasta que se garantice la continuidad del régimen de promoción industrial y los derechos laborales de los trabajadores.
Además del paro total en las plantas, los trabajadores tienen previsto movilizarse hacia el centro de Río Grande, en una demostración de fuerza y unidad frente a lo que consideran un embate contra la industria nacional.
Críticas al Gobierno nacional e incertidumbre
La decisión del Ejecutivo de reducir los aranceles a la importación ha sido duramente criticada por la UOM y otros sectores sindicales. El secretario general del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (Setia), Rodrigo Cárcamo, expresó que «una apertura indiscriminada de importaciones sería devastadora para nuestro sector» y que «si se implementan estos planes de ajuste, será muy difícil superar las etapas que se avecinan».
Desde la UOM, también se reclamó a la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) el «reconocimiento y el respeto incondicional» de las leyes laborales, y se solicitó la continuidad de la Ley 19.640 y del subrégimen de promoción industrial para Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Por estas horas, la situación en Tierra del Fuego refleja la tensión entre las políticas de apertura económica del Gobierno nacional y la necesidad de proteger la industria y el empleo en regiones periféricas. La continuidad del paro y las movilizaciones en la isla dependerán de la respuesta que brinden las autoridades nacionales y provinciales a los reclamos de los trabajadores.
Mientras tanto, la UOM y otros gremios advierten que la modificación del subrégimen industrial y la ley de promoción económica y fiscal de Tierra del Fuego «afectaría a toda la población y sería un combo nefasto para la sociedad».
Tierra del Fuego, a la deriva
La crisis en la provincia austral no es solo el resultado de decisiones económicas polémicas, sino la evidencia de un Gobierno desconectado de las realidades productivas del interior del país.
Al avanzar con una apertura comercial sin planificación ni consenso, el Ejecutivo pone en jaque a una de las pocas industrias estratégicas fuera del centro del país, condenando a miles de familias al desempleo y debilitando aún más la soberanía territorial.
Lejos de ser una medida de eficiencia económica, la baja de aranceles aparece como una concesión al capital importador que, en nombre de la «libertad de mercado», deja a Tierra del Fuego a la intemperie.