El Gobierno de Javier Milei vuelve a ser repudiado tras el anuncio de nuevas políticas regresivas en materia de discapacidad. A través de la Resolución 187/2025, publicada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se implementó un nuevo baremo para evaluar el grado de discapacidad y determinar si corresponde o no una pensión no contributiva.
Sin embargo, lo que más indignación generó es el uso de términos arcaicos y altamente discriminatorios como “idiota”, “imbécil” y “débil mental”, categorías que se utilizaban hace más de 70 años y que fueron eliminadas de la medicina y la salud pública por su carga estigmatizante.
El repudio no tardó en llegar, por lo que la ANDIS argumentó este jueves que se trató de un “error derivado de una terminología obsoleta”. Tras el escándalo, el Gobierno responsabilizó y desvinculó a Miriam Améndola. Más allá de las decisiones y las justificaciones de las autoridades, desde distintas organizaciones señalan la importan de seguir trabajando contra la discriminación y la protección de derechos.
En este marco, Nota al Pie dialogó con la presidenta de la Red de Derechos por las Personas con Discapacidad (REDI), Gabriela Troiano, quien calificó lo ocurrido como “grave”. “Primero plantean la salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS), donde se establecen las condiciones para el otorgamiento (de una pensión) y de la determinación de la condición de discapacidad, las cuales están dadas a nivel internacional por la CIF (Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud)”, agregó.
En ese sentido, Troiano aseguró: “Es un sistema que vienen planeando”. “Primero cierran el INADI para que nadie le haga juicio por todo esto. Luego, se dan de baja de la OMS para no cumplir con el CIF”. “Es algo planificado”, reiteró.
En relación con esto último, la presidenta de REDI alertó que “se vuelve al modelo médico donde no tienen en cuenta la situación económica ni el lugar donde viven”. Para aclarar esta cuestión ejemplificó que no es lo mismo vivir en una villa de emergencia, de donde no se puede salir fácilmente con una silla de ruedas, que estar en el centro porteño. “Lo que no se tiene en cuenta es el modelo social de la discapacidad”, mencionó.
Más allá del brutal ajuste que vienen sufriendo las personas con discapacidad, el uso de términos discriminatorios en un documento oficial expone el discurso de odio y violencia institucional que caracteriza la gestión de La Libertad Avanza (LLA). “No es solo una cuestión de palabras, es un ataque directo a la dignidad de las personas con discapacidad”, aseguró Troiano.
Ajuste brutal sobre las pensiones por discapacidad
Como se mencionó, el documento se enmarca en la política de ajuste brutal del Gobierno de Milei. En 2024, se retomó el Decreto 432/97, una norma de la era menemista que endurece los requisitos para acceder a pensiones no contributivas. Entre los cambios más drásticos, se volvió a utilizar la palabra “invalidez”, que fue eliminada en 2004 cuando Argentina adhirió a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En la práctica, esta medida apunta a dar de baja al menos 200.000 pensiones en 2025. Según explicaron desde REDI, el ajuste ya se siente en todo el país:
- En agosto de 2024, el Gobierno redujo la entrega de nuevas pensiones de 55.000 a solo 13.000.
- No se otorgó ni una sola pensión a niños con discapacidad.
- Las auditorías no contemplan la realidad social de las personas: si alguien tiene un trabajo precario o un auto viejo, pierde el beneficio.
“La pensión no contributiva no debería estar atada a la idea de incapacidad laboral”, indicaron desde REDI. “Lo que debería existir es una Asignación Universal por Discapacidad, que garantice un ingreso digno sin que las personas sean obligadas a demostrar que no pueden trabajar”, explicaron.
El Gobierno desmanteló los mecanismos de denuncia
Por otro lado, Troiano también resaltó que el desmantelamiento del sistema de salud afecta directamente a las personas con discapacidad. “No están recibiendo medicación, ni turnos, ni tratamientos”, denunció.
En este sentido, Troiano apuntó que la estrategia oficial es tan perversa que ni siquiera se notifican correctamente los recortes: “Las citaciones para auditar las pensiones llegan a domicilios incorrectos, dejando a miles de personas sin posibilidad de defenderse” comentó. “Mandaron cientos de telegramas al Hospital Borda porque las pensiones fueron tramitadas ahí, sin importar que esas personas están internadas y no pueden trasladarse”, relató.
Además, explicó que las exigencias para mantener el beneficio son prácticamente imposibles de cumplir: “Le están pidiendo a la gente estudios médicos que tardan meses en conseguirse en un hospital público. No es una auditoría, es un plan de recorte masivo”, agregó.
Mientras tanto, las personas con discapacidad y sus familias enfrentan un escenario cada vez más incierto. “Las personas trasplantadas no están recibiendo su medicación. Las pensiones están siendo dadas de baja sin criterio. Los certificados de discapacidad no se están renovando”, advirtió Troiano.
En un contexto de ajuste feroz y violencia institucional que pone en riesgo derechos adquiridos, la lucha del colectivo de personas con discapacidad se vuelve más urgente que nunca.
*Desde Nota al Pie nos comprometemos a visibilizar esta realidad a través de nuestras notas, como así también dar lugar a las voces de los protagonistas mediante producciones especiales como la serie Inclusives.