El 8 de octubre de 2016, Mar del Plata se convirtió en el epicentro de una tragedia que marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género en Argentina. Lucía Pérez, una adolescente de 16 años, fue víctima de un narcofemicidio que destapó, no sólo la violencia machista en su máxima expresión, sino también las fallas de un sistema judicial que, años después, seguiría cuestionado.
Aquel día, los padres de Lucía, Marta Montero y Guillermo Pérez, comenzaron un camino de lucha que aún persiste. En medio del dolor, levantaron su voz para exigir justicia, no solo por su hija, sino por todas las mujeres que, como Lucía, han sido víctimas de femicidios. Su caso resonó en las calles, en las instituciones y en los medios de comunicación, pero también mostró cómo, en muchas ocasiones, los relatos periodísticos perpetúan la violencia hacia las víctimas.
El primer juicio: revictimización y estereotipos
En 2018, el primer juicio por el caso de Lucía Pérez dejó un sabor amargo. La justicia absolvió a los acusados por el femicidio, condenándolos únicamente por venta de drogas. La sentencia, que ignoró las pruebas de abuso sexual y femicidio, reflejó el sesgo de género que aún persiste en el sistema judicial. Para Marta Montero, este fue «un sopapo no sólo para nuestra familia, sino para toda la comunidad».
La cobertura mediática durante este juicio también fue objeto de críticas. Lo cierto es que algunos medios hegemónicos como La Capital de Mar del Plata contribuyeron a construir un relato que revictimizaba a la víctima, destacando detalles irrelevantes de su vida personal mientras minimizaban la responsabilidad de los acusados. «Hablaron de Lucía como si ella fuera responsable de lo que le pasó. Eso duele y enoja», comentó Marta.
El segundo juicio: una batalla por la memoria de Lucía
En 2023, el segundo juicio por el femicidio de Lucía Pérez se desarrolló en un contexto social diferente, influenciado por los avances del movimiento feminista. Este juicio representó un nuevo intento de buscar justicia, pero también puso en evidencia la resistencia del sistema judicial a adoptar una perspectiva de género.
Pese a las críticas y denuncias, los jueces Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas, responsables de la sentencia del primer juicio, fueron restituidos en sus cargos tras un jury político en noviembre de este año. Este fallo no solo golpeó nuevamente a la familia Pérez, sino que encendió la indignación en todo el movimiento feminista.
El jury fue convocado para evaluar el accionar de los magistrados Gómez Urso y Viñas, señalados por haber ignorado pruebas fundamentales y reproducido estereotipos de género en su sentencia. Sin embargo, lejos de establecer una condena ejemplar, el jurado político decidió restituirlos en sus cargos, un acto que Marta Montero, madre de Lucía, calificó como “una traición no solo a mi hija, sino a todas las mujeres”.
El fallo generó un repudio generalizado, especialmente porque se percibió como una ratificación de las prácticas judiciales que perpetúan la impunidad en casos de violencia de género. Para Marta y Guillermo Pérez, padres de Lucía, la resolución del jury no solo deshonra la memoria de su hija, sino que representa un retroceso en la lucha por una justicia con perspectiva de género.
Los nombres detrás del fallo
El jurado político estuvo compuesto por legisladores de diversos espacios políticos, pero la mayoría que votó a favor de los jueces pertenecía al oficialismo provincial de Unión por la Patria. Entre los nombres señalados por la familia Pérez y el movimiento feminista se encuentran:
- Susana González, diputada de Unión por la Patria.
- Maite Alvado, diputada provincial, también integrante del jurado político.
- Gabriela Demaría, senadora provincial.
- Gustavo Soos, senador oficialista, quien votó a favor de los magistrados.
El único voto disidente en el jury provino del senador radical Ariel Martínez Bordaisco, quien cuestionó el desempeño de los jueces y la resolución que los restituyó en sus cargos.
La lucha incansable de la familia
Marta Montero no ha dejado de alzar su voz. En cada espacio público que le brindan, ya sea en congresos, marchas o entrevistas, Marta denuncia la impunidad y señala a quienes, desde el poder político y judicial, han contribuido a perpetuarla.
En el marco del “IV Congreso Estado Presente”, Marta tomó el micrófono para expresar su indignación frente al gobernador Axel Kicillof y las legisladoras que formaron parte del jury. “Fue una situación tremendamente violenta que nos tocó vivir. Poner a la familia de una víctima junto a quienes avalaron la impunidad es revictimizante y cruel”, manifestó ante les presentes Marta.
En su intervención, Montero calificó a los legisladores que votaron a favor de los jueces como “traidores” y pidió a la ciudadanía que no les otorgue su voto en las próximas elecciones. “La memoria de Lucía y de todas las mujeres asesinadas merece justicia, no complicidad con los femicidas”, sentenció.
El rol de los medios: entre el apoyo y la traición
Marta Montero reconoce el valor de algunos medios alternativos e independientes que han acompañado su lucha. Sin embargo, también denuncia cómo otros medios han operado para deslegitimar su causa y reforzar discursos misóginos. «Los medios son una herramienta poderosa. Pueden ayudar a conseguir justicia o perpetuar la violencia», reflexionó Marta, subrayando la necesidad de una cobertura ética y comprometida.
A ocho años del femicidio de Lucía Pérez, su caso sigue siendo un símbolo de la lucha contra la violencia de género. Marta y Guillermo continúan peleando, no solo en los tribunales, sino también en las calles y en los medios. Su mensaje es claro: la justicia no puede construirse desde la impunidad ni desde el olvido.
«Lo que queremos es que ningún otro padre, ninguna otra madre, tenga que pasar por esto. Que las muertes de nuestras hijas no sean en vano», concluyó Marta, con la firme convicción de que su lucha es también la de todas las mujeres.