Frente al Ministerio de Economía, diversas organizaciones sociales agrupadas en la Mesa Nacional de Barrios Populares realizaron una conferencia de prensa para reclamar la reactivación de las obras de infraestructura en asentamientos y villas del país. Denunciaron que, a pesar de la sanción de la Ley 27.453, que establece la integración socio-urbana de barrios populares, los proyectos están paralizados desde la devaluación y el ajuste presupuestario impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo.
Las organizaciones presentaron un amparo judicial en nombre de más de 37 barrios, en lo que consideran una lucha urgente ante la falta de avances en cuestiones básicas como el acceso al agua potable, electricidad segura y viviendas dignas.
«A seis años de la sanción de la ley, la realidad de 1.200.000 familias en barrios populares es crítica. Desde el cambio de gobierno en diciembre de 2023, la devaluación y el desfinanciamiento del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), han frenado más de 700 obras en todo el país», afirmaron en un comunicado los representantes de la MNBP.
La Mesa, que agrupa a entidades como Cáritas, Techo, la UTEP, y la CTA Autónoma, entre otras, denunció que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 193/24 fue clave para el recorte del presupuesto destinado a la urbanización de barrios populares. Ante la falta de respuestas por parte del gobierno, decidieron avanzar por la vía judicial con un amparo colectivo que busca revertir el desfinanciamiento.
Barrios al borde de la crisis
«Nuestro barrio está al lado de SADESA, que nos contamina con cromo. No tenemos cloacas ni acceso a agua potable, y los desechos industriales quedan en nuestro suelo», denunció Pame, vecina del barrio El Paredón de Lomas de Zamora, durante la conferencia y en declaraciones al portal Tiempo Argentino. La curtiembre a la que hace referencia es propiedad del empresario Marcos Galperín, uno de los críticos del Fondo de Integración Socio Urbana.
El testimonio refleja la situación de precariedad en la que viven muchas familias, agravada por el abandono estatal y la contaminación ambiental. Las organizaciones responsabilizan al gobierno por la falta de soluciones concretas y denuncian que la política actual va en contra de la ley vigente.
Hostigamiento y persecución en los barrios populares
Durante la jornada, las organizaciones también expresaron su solidaridad con la militante social Fernanda Miño, exsecretaria de Integración Socio Urbana, quien fue víctima de un violento allanamiento en su hogar en el barrio La Cava, San Isidro. Miño ha sido blanco de acusaciones infundadas, como la reciente declaración de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien la acusó sin pruebas de estar involucrada en el robo de una moto.
«Nos están empujando a organizarnos para defender lo que construimos durante años», señaló Gastón «Batara» Reyes, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). El líder barrial criticó duramente las políticas de ajuste y advirtió sobre la posibilidad de más protestas si no se reactiva el financiamiento de las obras.
«Exigimos la inmediata reactivación de los proyectos de integración socio-urbana y el restablecimiento del financiamiento. La Ley de Barrios Populares es clara en cuanto a la responsabilidad del Estado en mejorar las condiciones de vida de los habitantes de estos barrios», enfatizó la MNBP, que concluyó la conferencia con el himno nacional y cánticos de protesta dirigidos a Caputo.
Las organizaciones sociales no descartan continuar con más acciones en los próximos días, mientras la situación en los barrios populares sigue siendo desesperante y los reclamos de justicia y derechos humanos no cesan.