Este miércoles se conoció una nueva maniobra judicial del Gobierno respecto a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Con el objetivo de privatizar la disciplina con el modelo europeo, las autoridades presentaron un recurso contra el fallo que respalda a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La Justicia se mostró a favor de la casa madre del fútbol doméstico y el juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto aprobó la medida cautelar que suspende la reglamentación de las SAD. Por su parte, el Estado criticó esta decisión.
Una perseverancia eterna
El tema político que envuelve a la AFA y al Gobierno desde hace tiempo no parece tener un pronto final. De hecho, el segundo insiste en facilitar el arribo de las SAD como una alternativa de desarrollo para los clubes de fútbol y otras disciplinas. Por su parte, la AFA no altera su estoica postura de negación a su inclusión y los rounds entre su presidente, Claudio Tapia, y Milei no cesan.
Dentro de ese transparente conflicto apareció la determinación de Pinto pero ponerle un freno al avance de las SAD pero ahora surgió otra problemática. El Ministerio de Justicia informó que los representantes letrados del Poder Ejecutivo Nacional calificaron al juez como “incompetente” al aplicar una decisión de semejante índole. Incluso, sostuvieron que no le correspondía involucrarse en la reglamentación de un decreto de alcance nacional.
Además, describieron el hecho como un “mamarracho jurídico” debido a que la ubicación de la AFA es en Capital Federal. Esta declaración va de la mano con el enfoque de que la reglamentación otorgaría la posibilidad a los socios de los clubes de elegir el nuevo modelo o mantener el viejo. A su vez, manifiestan que este avance recién se aplicaría de forma vigente el próximo año.
Con objetivos claros
Desde que Milei asumió la presidencia nacional y reveló sus intenciones para con el fútbol argentino, la AFA puso el grito en el cielo para impedir que las SAD lleguen a su jurisdicción. Con esa primicia, el ente regulador argentino realizó una presentación con Tapia a la cabeza en la que se sostenía una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el Estado. La misma polemizó la legitimidad de diversos artículos de un decreto emitido por el Poder Ejecutivo.
Asimismo, se sostiene una justificación sobre los decretos plasmados por la AFA que alteran tanto la estructura y funcionamiento de las asociaciones deportivas. Incluso, aseguran que la reglamentación conforma “una palmaria intromisión del Estado Nacional en entidades privadas” y que “violan un sinnúmero de artículos de la Constitución Nacional”. Sin duda que cada nuevo conflicto que brota entre Milei y Tapia incrementa el enigma en el futuro del fútbol argentino.
El pasado 2 de septiembre se reveló que Pinto respaldó la medida de la AFA bajo el expediente número 22121/2024 y dejó ver su inclinación. Ordenó al Gobierno que suspendan los efectos de los artículos 335 y 345 del Decreto Nacional de Urgencias 70/2023 y la reglamentación de las SAD. A lo que sumó que su decisión tendrá vigencia hasta que sea dictada la sentencia definitiva.
Contra la corriente
En las últimas horas se conoció la noticia que una importante entidad deportiva de la Liga Profesional no sigue la misma línea que la AFA. La apelación aplicada por el Gobierno podría recaer en un juicio político en el Consejo de la Magistratura y confirma que La Libertad Avanza no se rendirá ante Tapia. No obstante, el Chiqui tiene a la gran mayoría de los clubes de su lado, a excepción de uno que cuenta con peso propio.
En medio de la postulación para seguir en el cargo presidencial, al menos, hasta 2029, un club le generó un nuevo dolor de cabeza. Tapia presentó una única nómina que recibió un respaldo casi total de las instituciones pero un reciente anuncio provocó un nuevo pie de guerra. Resulta que Estudiantes de La Plata, presidiado por Juan Sebastián Verón, encaminó una posible inversión extranjera de 100 millones de dólares junto al conocido empresario Foster Gillet.
De hecho, el ex mediocampista es junto a Andrés Fassi, el mandamás de Talleres de Córdoba, los dos grandes apostadores por el modelo de las SAD. Incluso, la Brujita podría iniciar el camino que ya se recorre en Barrio Jardín al abrirle las puertas del fútbol al ingreso de enormes e importantes capitales. Esa postura va contra la ideología de Tapia y la AFA, situación que se refleja en la ausencia de ambos dirigentes en la lista del Chiqui para continuar al frente.
La unión hace la fuerza
La existente conflictiva entre la AFA y el Estado Nacional escaló tantos escalafones que el organismo del fútbol argentino recibió una buena noticia en medio de flamante apelación. Tanto la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) como la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) aparecieron en escena para respaldar la resistencia ante las SAD. Además, se opusieron de manera tajante a una posible intervención del Gobierno de Milei.
El primero en alzar la voz fue Emiliano García Silvero, director Legal y de Cumplimiento de la FIFA, al indicar el poder que posee la propia AFA. “Resulta, a la vista del marco jurídico de la FIFA, la única entidad competente para decidir los aspectos relativos a la naturaleza jurídica de los clubes afiliados a la misma”, expresó. Lo que justificó mediante los propios órganos legítimos de gobierno asociativo como medios en esa determinación.
“Corresponde a la AFA, sin intervención estatal alguna, decidir democráticamente si sus clubes afiliados deben de retener la naturaleza jurídica de asociaciones civiles de manera obligatoria”, enfatizó. A lo que agregó que eso refleja el artículo 10 (2) Estatutos de la AFA y desde ahí debieran aceptar “transformarse en Sociedades Anónimas Deportivas u optar por un modelo diferente”.
Por su parte, Montserrat Jiménez, directora Jurídica de Conmebol, envió un documento a la AFA para explicar las sensaciones del organismo sudamericano. “Establecer la obligación de incluir a los clubes que se transforman en SAD como miembros de la AFA constituye una flagrante intromisión y una injerencia arbitraria por parte del Estado”, detalló. A lo que añadió como justificación que “despoja a una asociación civil privada de la facultad de decidir con autonomía acerca de su régimen de gobernanza, su gestión y sus intereses”.
“Resulta totalmente inconstitucional, arbitrario y contrario a los DDHH que una ley exija a la AFA la inclusión de un miembro que no cumple con sus parámetros y fines”, resaltó el escrito. Para finalizar también tildó como institucional el hecho de “compeler a esta asociación civil privada a cambiar sus estatutos sociales”. Estas considerables muestras de amparo para con la AFA fortifican el rechazo contra el avance de las SAD para futuros nuevos capítulos.