La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), reconocida por su labor en la defensa de los derechos fundamentales en Argentina, expresó su enérgico rechazo al decreto 780/24 emitido recientemente por el Poder Ejecutivo. Según la APDH, esta normativa representa un grave retroceso en términos de acceso a la información pública, uno de los pilares esenciales de una democracia saludable.
El decreto permite al gobierno determinar de forma discrecional qué información es pública y cuál no, una facultad que la APDH considera ilegítima y contraria a los principios de la Ley de Acceso a la Información Pública, aprobada para garantizar la mayor transparencia posible en la gestión pública. «Este decreto transgrede tanto la letra como el espíritu de la ley», afirma el organismo, señalando que el propósito original de esta legislación era adoptar el criterio más amplio de acceso a la información.
Uno de los puntos más controvertidos del decreto es que habilita al Poder Ejecutivo a establecer barreras para periodistas, investigadores y la ciudadanía en general, dificultando el acceso a datos clave para la fiscalización y la toma de decisiones informadas. «El gobierno se arroga el derecho de propiedad sobre la información pública», advierte la APDH, alertando sobre las consecuencias de este control en la difusión de actos y omisiones del Estado, especialmente aquellos que puedan resultar inconvenientes o vergonzantes para las autoridades de turno.
Además, la APDH denuncia que el decreto introduce la figura del abuso de derecho, lo que podría ser utilizado como una herramienta para intimidar a quienes intenten solicitar información pública. Esta disposición, consideran, podría generar miedo entre los ciudadanos y reducir las solicitudes de información, afectando directamente la participación y el control ciudadano sobre los actos de gobierno.
La organización también subraya que la normativa no respeta el rol del Congreso Nacional, único órgano con potestad para legislar sobre derechos fundamentales como el acceso a la información, derecho que forma parte de los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de derechos humanos.
La APDH llamó a la sociedad y a las instituciones democráticas, incluidos los poderes legislativo y judicial, a movilizarse para exigir la anulación del decreto 780/24. En sus palabras, «los derechos no pueden retroceder, y es el Estado quien debe garantizarlos». La preocupación radica en que el gobierno de turno utiliza este decreto para restringir el acceso a información clave, lo que amenaza la transparencia y la rendición de cuentas, valores esenciales en una democracia.
La APDH invita a los ciudadanos a unirse a esta causa y a mantenerse informados a través de sus plataformas oficiales, donde publican novedades sobre las acciones en defensa de los derechos humanos. También recuerdan que la organización se sostiene a través de donaciones y que cualquier aporte es bienvenido para continuar con su labor.