El lunes 18 de septiembre de 2006 se desarrollaba en La Plata la jornada final del juicio que acabaría con la condena a perpetua de Miguel Etchecolatz, uno de los hombres fuertes en la provincia de Buenos Aires durante la dictadura cívico-militar, que asoló Argentina entre 1976 y 1983.
Pero ese día faltó alguien a la audiencia. Era Jorge Julio López, un albañil cuyo testimonio fue clave para la condena por genocidio del ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense. Detenido entre octubre de 1976 y junio de 1979, fue testigo de la ejecución de dos desaparecidos a manos de un grupo represor liderado por Etchecolatz.
“Ese 18 de septiembre de 2006 algunos vecinos lo ven caminando por el barrio. La última persona que lo ve es frente a la casa de una policía bonaerense que aparecía en la agenda de Etchecolatz, Susana Gopar. Esa casa nunca se allanó. A ella la citaron, pero no le preguntaron casi nada”, recordó Werner Pertot, coautor junto a Luciana Rosende del libro “Los días sin López”, en la vigilia por Jorge Julio López. “Había muchas líneas de investigación que quedaron truncas”, dijo Pertot, en clara referencia al accionar de la Policía Bonaerense, en ese entonces a cargo del gobernador Felipe Solá.
López desapareció el 18 de septiembre de 2006, antes de que se dictara la sentencia a cadena perpetua en el juicio en el que había declarado como querellante y testigo principal.
Así se reflejaba en 2006 la condena a perpetua para Miguel Etchecolatz. En paralelo, comenzaba la denuncia por la desaparición de Jorge Julio López, testigo clave en la sentencia.
El tema tuvo implicancias internacionales, cuando en 2014 el colectivo “Justicia YA!” La Plata presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), contra el Estado argentino por su responsabilidad directa en el impedimento para que avance la investigación y se esclarezca el segundo secuestro y desaparición forzada de Jorge Julio López.
En 2023, el Estado argentino reconoció su responsabilidad internacional por la desaparición de Jorge Julio López y en un acuerdo de “solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se responsabilizó “por la falta de articulación de medidas” para proteger a López “como víctima y testigo en juicio por crímenes de lesa humanidad”.
El acuerdo fue suscripto en ese momento por el entonces secretario Horacio Pietragalla Corti; los hijos de Jorge Julio López, Rubén y Gustavo; sus abogados y miembros de la Cancillería. De ese modo, el Estado argentino dejó asentada su responsabilidad internacional “por la falta de articulación de medidas” para resguardar a López “como víctima y testigo en juicio por crímenes de lesa humanidad y de debida diligencia en la investigación de la desaparición y en la búsqueda de su paradero”.
Hoy se conoció que el gobierno de la provincia de Buenos Aires aumentó la recompensa pública a quienes puedan aportar información sobre López. “Quienes dispongan de información que permita determinar el paradero de Jorge Julio López pueden contactarse al 911, al teléfono 0221 429-3015, o bien por correo electrónico a perdes@mseg.gba.gov.ar. Se garantiza la reserva de identidad y la confidencialidad de quienes aporten datos”, detallaron e indicaron que el monto de la recompensa oscila entre $2.500.000 y $5.000.000”.
El juicio de 2006 en La Plata y la persistencia de la memoria
El 20 de junio de 2006 comenzaron las actuaciones, que finalizaron el 19 de septiembre. La importancia histórica estuvo en que fue el primer juicio oral realizado en el país luego de las declaraciones de inconstitucionalidad y nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), recuerda que “se caracterizó por la irrupción de las querellas en la escena de justicia y la presencia del movimiento popular que había luchado durante años contra la impunidad y tiene el valor de haber inscripto por primera vez en el discurso de la Justicia la caracterización de la dictadura como un genocidio”.
En el registro de archivo que la CPM tiene en su página web, se recuerda que “el Salón Dorado de la Municipalidad de La Plata, lugar donde se realizaron las audiencias de debate, la Plaza Moreno y toda la ciudad fueron el escenario de múltiples iniciativas que en importante número acompañaron el juicio. Sin embargo, dadas las tecnologías de la época y la inexistencia de redes sociales, han quedado pocos registros públicos de ellas”.
Este miércoles, como parte de las actividades, se hizo un acto en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, donde se nombró como Jorge Julio López a una de las aulas. Participaron la decana de Periodismo Ayelén Sidun; el secretario y subsecretario de Derechos Humanos de la Facultad, Jorge Jaunarena y Alberto Mendoza Padilla, respectivamente; Rosa Bru, madre de Miguel; miembros de la Fundación Construyendo Conciencia y Rubén López, el hijo del militante desaparecido. “Vivimos tiempos difíciles, en los últimos meses vemos que este Gobierno nos está tirando bombas de ensayo para ver que hacemos, pero parece que tenemos el ego tan alto que no nos podemos poner de acuerdo en cómo pararlo. ¿Tal vez estamos esperando que las Abuelas nos digan que tenemos que salir a la calle? No aprendimos nada”, expresó Rubén.
La jornada cerró con una marcha desde la Plaza Moreno, en el centro de La Plata. Allí se plantearon las consignas de “Cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas”; “Basta de represión, hambre, ajuste y criminalización” y “Protestar es un derecho, no un delito”.
Un final abierto mientras el silencio siga siendo parte del pacto
Etchecolatz, que había nacido el 1 de mayo de 1929, estaba alojado en la Unidad 34 de Campo de Mayo cuando murió el 2 de julio de 2022. En las semanas previas había sido trasladado a la clínica Estrada de la localidad de Merlo e internado en terapia intensiva. Luego lo trasladaron al Sanatorio Sarmiento para colocarle un marcapasos. Había recibido un fallo favorable en la Cámara de Casación para volver a su casa, que no llegó a cumplirse. Al mismo tiempo seguían abiertos los procesos por los casos de los crímenes cometidos en tres centros clandestinos que funcionaban bajo su dominio: los “Pozos” de Banfield y de Quilmes y el “Infierno” de Avellaneda. Por allí pasaron, entre tantas víctimas, los chicos y las chicas secuestrados en lo que se conoció como la Noche de los Lápices.
Etchecolatz murió custodiado, con el repudio hasta de su familia y con el silencio que acompaña todavía a los genocidas sobre el destino de los desaparecidos. Entre ellos, el de Jorge Julio López una de sus víctimas y por partida doble. En la dictadura y ya en democracia cuando el albañil-militante lo enfrentó con esos ojos que hoy interpelan desde los carteles que lo recuerdan.
Se llevó secretos a la tumba, de la que carecen sus víctimas como López. ¿Habrá llevado también el papel donde tenía anotados los contactos que aparentemente lo ayudaron en la defensa? Eso ocurrió en el juicio de 2006 donde lo condenaron y nombres como los de Victoria Villarruel, actual vicepresidenta reivindicadora de la dictadura, acaso tengan algo para decir.