Estos operativos, encabezados por la Gendarmería Nacional y la Policía Federal, resultaron en heridos y detenciones arbitrarias, según informaron fuentes cercanas a las organizaciones de derechos humanos que monitorean estas situaciones.
Durante la marcha que culminó en las inmediaciones del Congreso Nacional, periodistas y manifestantes fueron atacados por efectivos de Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal. Estos últimos se posicionaron en la avenida Callao, cortando la circulación y avanzando sobre personas que estaban desconcentrando pacíficamente, incluidos los periodistas que cubrían la jornada.
Los testigos denuncian que los efectivos agredieron a los presentes utilizando escudos, tonfas y, posteriormente, lanzaron gases químicos de manera indiscriminada, sin justificación alguna para dispersar a la multitud.
El Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), asistió a al menos 26 personas con heridas o problemas respiratorios graves provocados por el uso de estos gases. Además, un integrante del Mecanismo local de CABA, encargado de monitorear estas situaciones, resultó herido durante la represión.
Al finalizar la jornada, la Policía Federal detuvo arbitrariamente a dos personas, Francisco Bellomo, de 62 años, y Roberto Vidal, bajo los cargos de «atentado y resistencia a la autoridad». Durante la detención de Vidal, los agentes golpearon y patearon a quienes reclamaban por el arresto, lo que generó nuevas denuncias por el «uso desmedido de la fuerza».
La CPM, en sus denuncias, exige una investigación exhaustiva y urgente sobre los hechos, solicitando que se esclarezcan las responsabilidades de los agentes involucrados. Entre las medidas solicitadas, el organismo demanda la «identificación de las autoridades que ordenaron la represión, así como la nómina completa del personal policial que participó del operativo».
La CPM pidió información detallada sobre la compra y uso de los lanzadores de gases químicos utilizados en la represión.
Estas denuncias se suman a una serie de reclamos que la CPM ha realizado en los últimos meses, denunciando la creciente represión estatal bajo el marco del llamado «protocolo antipiquetes», instaurado por el nuevo gobierno nacional. En las 34 jornadas de monitoreo que la organización ha realizado desde el año pasado, se han registrado múltiples casos de lesiones, detenciones arbitrarias y el uso sistemático de gases, vulnerando los derechos humanos de quienes ejercen su derecho constitucional a la protesta social.
La CPM continúa expresando su «preocupación ante lo que considera una estrategia estatal de disciplinamiento social mediante la represión en los espacios públicos, advirtiendo que esta práctica socava los derechos democráticos y refuerza el control autoritario sobre la protesta social en Argentina».