“La Ley Bases aniquila el derecho a la estabilidad en el empleo público”, afirmó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE, quien fundamentó la inconstitucionalidad de la ley al señalar que viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza la estabilidad en el empleo para los trabajadores del sector público. Aguiar subrayó que la norma permite el despido arbitrario de empleados públicos, contraviniendo lo establecido por la Constitución reformada en 1957.
ATE cuestiona los artículos 11 y 14 de la Ley de Empleo Público (modificados por la Ley 27.742), así como sus reglamentaciones, ya que permiten que el Gobierno defina discrecionalmente la «dotación óptima» de personal en los organismos estatales. Según Aguiar, esta subjetividad puede ser utilizada para justificar despidos masivos y vulnerar los derechos de los trabajadores.
En su presentación judicial, ATE argumenta que la Ley Bases debilita las garantías constitucionales que protegen a los empleados públicos y podría derivar en despidos arbitrarios con el pretexto de ajustar la plantilla del Estado a criterios de eficiencia. «No podemos aceptar que sea el propio empleador quien defina qué es la dotación óptima», enfatizó Aguiar, advirtiendo que esta medida abre la puerta a una reducción significativa del personal estatal bajo criterios poco claros.
El sindicato también denunció que la aplicación de la norma ya está afectando gravemente a los trabajadores. “Quienes fueron declarados en disponibilidad sufren bajas salariales, recortes de derechos y, en muchos casos, la pérdida de sus empleos”, alertó el dirigente sindical, exigiendo la suspensión inmediata de la Ley Bases.
La presentación judicial de ATE
El documento presentado por ATE, firmado por Rodolfo Aguiar y los abogados Matías Cremonte y Mariana Amartino, sostiene que el Gobierno está “sentando las bases para la destrucción del empleo público y del Estado”. ATE acusa al Poder Ejecutivo de violar varios artículos de la Constitución Nacional, entre ellos el 1, 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75, inciso 22, que protegen los derechos fundamentales de los trabajadores públicos.
Asimismo, el sindicato argumenta que está legitimado para accionar judicialmente de acuerdo con el artículo 43 de la Constitución, que otorga a las asociaciones la capacidad de defender tanto derechos subjetivos como colectivos.
En paralelo a la demanda, ATE solicitó a la Secretaría de Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, información detallada sobre el número de trabajadores en planta permanente de la Administración Pública Nacional, así como los despidos ocurridos desde diciembre de 2023. El gremio también exigió conocer si existe un informe oficial sobre la «dotación óptima» de empleados públicos en los diferentes organismos del Estado.
Esta acción legal por parte de ATE se da en un contexto de tensión entre los sindicatos y el Gobierno, mientras el sector público enfrenta una profunda reestructuración impulsada por la administración de Javier Milei, que ha prometido reducir el tamaño del Estado.