
BUENOS AIRES โ Carolina Rodrรญguez es madre de seis hijos, produce alimentos en una zona rural de Argentina, cerca de la ciudad de La Plata, y es promotora de salud de una organizaciรณn campesina. โTrabajamos con compaรฑeras jรณvenes. Muchas quedan embarazadas a los 13 o 14 aรฑos y cuando van al hospital son rechazadas o discriminadasโ, cuenta.
La propia Rodrรญguez quedรณ embarazada a los 15 aรฑos por falta de informaciรณn y del derecho a decidir sobre su cuerpo y hoy transformรณ su experiencia en trabajo solidario: โTratamos de que las chicas reciban del sistema de salud anticonceptivos para cuidarse y seguir estudiando. Pero no es fรกcil: generalmente nos responden que se los tiene que dar nuestra organizaciรณnโ.
Ella es una de las mujeres rurales que llegรณ a Buenos Aires este mes de agosto para compartir su historia en la presentaciรณn del informe โCampesinas, organizaciรณn para la saludโ, que relata los obstรกculos que enfrentan para acceder a sus derechos sexuales y reproductivos y describe cรณmo las redes comunitarias asumen el trabajo que deberรญa hacer el Estado.
Se trata de una investigaciรณn del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) realizada en distintas provincias de este extenso paรญs sudamericano. La organizaciรณn de derechos humanos la fundaron en 1979 activistas que se oponรญan a la รบltima dictadura militar (1976-1983).
โIntentamos darle la posibilidad a una chica abusada de encontrar una salida. Pero es difรญcil porque en el campo es muy duro hablar sobre violencia de gรฉnero. Y tambiรฉn nos costรณ mucho hablar de aborto, porque hasta hace poco era una mala palabra y uno quedaba mal visto si la mencionabaโ: Carolina Rodrรญguez.
Desde que gobierna el paรญs el economista ultraderechista Javier Milei, quien se jacta de querer โdestruir el Estado desde adentroโ, las polรญticas pรบblicas en materia de salud sexual y reproductiva han sufrido particularmente.
Se desfinanciรณ, por ejemplo, el Plan de Prevenciรณn del Embarazo No Intencional del Embarazo en la Adolescencia (Enia), cuyos resultados habรญan sido destacados por organizaciones cientรญficas y de derechos humanos.
Algo que contar en ese sentido lo tiene Rodrรญguez, quien vive y trabaja en Abasto, una localidad ubicada a solo 60 kilรณmetros de Buenos Aires, donde miles de agricultores familiares producen buena parte de las hortalizas y verduras que se consumen en la capital argentina, una ciudad interminable en la que viven unos 14 millones de habitantes, casi un tercio de la poblaciรณn total del paรญs.
Allรญ, cuenta durante el encuentro de campesinas en que participรณ IPS, muchas veces las promotoras de salud de la Asociaciรณn Mujeres de la Tierra tienen que luchar no solo contra la ausencia del Estado sino contra los propios prejuicios, estigmatizaciones y sesgos arraigados en las familias, que se convierten en obstรกculos para que las mujeres accedan a sus derechos.
Aunque el aborto es legal en la Argentina desde 2020, Rodrรญguez explica que, cuando una niรฑa o adolescente queda embarazada, la decisiรณn sobre el camino a seguir generalmente la toma la madre, que a veces decide que su hija siga adelante con la gestaciรณn y tenga el bebรฉ para luego darlo en adopciรณn, incluso en casos que involucran abuso sexual.
โIntentamos darle la posibilidad a una chica abusada de encontrar una salida. Pero es difรญcil porque en el campo es muy duro hablar sobre violencia de gรฉnero. Y tambiรฉn nos costรณ mucho hablar de aborto, porque hasta hace poco era una mala palabra y uno quedaba mal visto si la mencionabaโ, sostiene.
Muchas cosas en comรบn
Las campesinas de Abasto, que son cercanas a la capital argentina, tienen muchas cosas en comรบn con las de las provincias de Mendoza, en el oeste del paรญs, y Santiago del Estero, Misiones y Jujuy, en el norte: deben viajar horas por su salud.
Todas conocen de memoria los horarios de los buses colectivos de larga distancia que las pueden llevar a los hospitales o centros de salud mรกs cercanos, dice el informe del Cels.
A veces, incluso, ni siquiera hay transporte. Marta Greco, del Movimiento Nacional Campesino Indรญgena (MNCI), relata que, en una zona rural de Mendoza, โuna compaรฑera tiene que ir al centro de salud con sus cuatro hijos muy temprano, caminando cinco kilรณmetros, solo para preguntar si pueden darle un turno. Y pensando en que al mediodรญa tenรญa que llevar a sus hijos al colegioโ.
Greco es de la municipalidad de Lavalle, una zona รกrida en el norte mendocino, donde muchas familias indรญgenas y campesinas viven en una zona conocida como Laguna del Rosario, que dejรณ de tener agua por el cambio climรกtico, y en la que hay un solo hospital, al que llega transporte pรบblico una vez cada 15 dรญas. Ante cualquier urgencia, la gente tiene que viajar 45 kilรณmetros, hasta el hospital de Mendoza, la capital provincial.
En el caso de la salud sexual y reproductiva de las mujeres rurales, las alternativas pasan por los puestos sanitarios mรณviles o pequeรฑos camiones de salud que recorren los pueblos con profesionales y equipos. Sin embargo, los recorridos no son constantes ni frecuentes.
โA veces tenemos el aviรณn fumigador todo el dรญa sobre el campo nuestro. Nos contaminan el agua que tomamos y que damos a los animales, que estรก en depรณsitos que no tienen cobertura. Desde que pasa esto empezaron a nacer los animales ante de tiempoโ: Pamela Moreno.
En la poblaciรณn de Quimilรญ, en Santiago del Estero, el vehรญculo se acercรณ por รบltima vez en 2019, antes de estallar la pandemia de covid-19, y los resultados de los estudios que se hicieron nunca fueron entregados.
Enย Bernardo de Yrigoyen, en Misiones, el camiรณn pasa una vez al aรฑo y realiza los estudios de papanicolau del cรกncer cervical, colposcopรญa y mamografรญa, pero las mujeres cuentan, tambiรฉn, que los resultados nunca llegan.
Impacto inesperado
Lucia de la Vega, coordinadora del informe, dice que durante la investigaciรณn comprobaron que muchas mujeres campesinas renuncian a la propia salud por la sobrecarga en sus tareas cotidianas y las exigencias de cuidar a sus familias.
ยซQuisimos remarcar el rol medular de las organizaciones campesinas, que son la condiciรณn para acceder a derechos frente a la actual ausencia del Estado Nacionalยป, detalla durante el encuentro con las mujeres campesinas.
ยซLa idea fue indagar en derechos sexuales y reproductivos en el รกmbito rural, porque venรญamos de 2020, cuando se logrรณ la legalizaciรณn del aborto como resultado de la movilizaciรณn en la calle con un tejido que mezclรณ feministas, abogadas y movimientos sociales, y pensรกbamos cรณmo empujar la implementaciรณn saliendo del รกmbito urbanoยป, detalla.
Pero, subraya que ยซlo que descubrimos en la investigaciรณn es que en las zonas rurales no existe solo un problema de salud sexual y reproductiva de las mujeres, sino de salud integralยป.
Ademรกs, detalla De la Vega, en las conversaciones con las mujeres rurales apareciรณ inesperadamente la cuestiรณn del impacto de los agroquรญmicos en la salud de los habitantes rurales.
Muchos campesinos y agricultores familiares en la Argentina viven rodeados por grandes campos dedicados a la agricultura industrial, donde en los รบltimos 25 aรฑos la expansiรณn del modelo transgรฉnico ha disparado el uso de agroquรญmicos. Distintos informe han seรฑalado que esto provoca en el campo una incidencia creciente de los abortos espontรกneos durante el primer trimestre de gestaciรณn.
โA veces tenemos el aviรณn fumigador todo el dรญa sobre el campo nuestro. Nos contaminan el agua que tomamos y que damos a los animales, que estรก en depรณsitos que no tienen cobertura. Desde que pasa esto empezaron a nacer los animales ante de tiempoโ, dice Pamela Moreno, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MoCaSE).
Ella asegura que tambiรฉn ha habido un crecimiento de las enfermedades de piel en muchas zonas rurales. โLos mรฉdicos nos dicen que no saben de dรณnde vienen las enfermedades. Me han dicho que a mi hija hay que analizarle los materiales pesados en sangre, pero he recorrido toda la provincia de Santiago del Estero y no he conseguido que le hagan el estudioโ, relata.
En abril, Cels y otras organizaciones de la sociedad civil de Brasil, Paraguay, Bolivia y Alemania, presentaron una queja ante la Organizaciรณn para la Cooperaciรณn y el Desarrollo Econรณmicos (OCDE) contra Bayer AG, responsabilizรกndola por los impactos en el ambiente y los derechos humanos que genera la agricultura industrial en Sudamรฉrica.
Entre las recomendaciones que sirven como conclusiรณn del informe, figuran las de profundizar la investigaciรณn sobre la incidencia de los agroquรญmicos en la salud de las poblaciones y controlar la aplicaciรณn de la normativa ya existente que prohรญbe las fumigaciones en zonas pobladas.
Tambiรฉn se sugiere a los organismos pรบblicos que articulen con las organizaciones sociales y comunitarias que son, muchas veces, imprescindibles para acceder a los derechos. Ella son las que se encargan de gestionar turnos mรฉdicos, acompaรฑar a los hospitales o tomar el relevo en las tareas de cuidado.
Estรกn ahรญ, donde el Estado no estรก.
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