Este miércoles se llevará a cabo el plenario de las comisiones de Defensa Nacional y Seguridad Interior para abordar el proyecto de ley que busca modificar la Ley 24.059. La reforma apunta a habilitar un comité de crisis para la intervención de las Fuerzas Armadas ante sucesos que se consideren terroristas.
La jornada se realizará a las 17:00, con la asistencia del Ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, para el inicio del tratamiento del proyecto de ley.
Terrorismo como excusa para la persecucción politica
El proyecto establece la modificación de dos artículos de la Ley de Seguridad Interior N° 24.059, que fue sancionada en 1991. En primer lugar se quiere modificar su artículo 27, el cual plantea que las Fuerzas Armadas son apoyo a las Fuerzas de Seguridad. En segundo lugar, el ejecutivo pretende modificar el artículo 31, que regula el uso de elementos de combate previo a una declaración del estado de sitio.
En ese marco, la ley propone que las FFAA “actúen en caso de acciones terroristas que tengan por fin aterrorizar a la población, sin necesidad de llegar a utilizar un remedio extremo, como es la declaración de estado de sitio”.
En relación, cabe preguntarse quiénes serían catalogados como terroristas. A partir del manejo de la gestión mileista, todo indicaría que las protestas sociales y parte del pueblo entrarían en el calificativo.
En caso de que la ley sea aprobada y puesta en marcha, las FFAA podrán actuar frente a “terroristas” que afecten a la población. Esto también está resguardado bajo las reformas dadas en el 2011 y 2023 en relación a actos terroristas.
De esta manera estaría permitido que los militares se desplieguen en las calles para patrullar, controlar vehículos y personas, vigilar instalaciones, inmuebles, y aprehensión en flagrancia. Es decir, los militares estarán a cargo de operaciones de Seguridad Interior más que de la Defensa Nacional.
Asimismo, se establece que las acciones del personal militar en el marco legal será calificado como “en cumplimiento del deber y, por consiguiente, no punible en los términos del artículo 34 del Código Penal de la Nación Argentina”. Ello implica que se daría impunidad a les militares en instancias en las que desarrollen su labor.
La nueva Secretaría de Inteligencia del Estado
De forma paralela al proyecto de ley para el despliegue militar, se encuentra el debate por los fondos hacia la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
El miércoles pasado se llevó a cabo una sesión para tratar el DNU 656/2024 que establece un fondo reservado de $100.000 millones para la SIDE. Sin embargo, el derribo del DNU fracasó por falta de quórum.
No es un dato menor que, mientras se busca la reestructuración de la SIDE, también se impulse un cambio en las funciones de las FFAA, insistiendo en la figura del terrorismo y los terroristas.
En ese contexto, las medidas que promueve el gobierno libertario apuntan al establecimiento de un estado de vigilancia absoluta sobre opositores y opiniones contrarias. Sin duda, tales normas son alarmantes para la democracia argentina.