Esta semana, la Cámara de Diputados llevará adelante sesiones para tratar distintos proyectos de los bloques legislativos. De esta forma, se pondrá a votación cuestiones destacadas como los fondos a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), el presupuesto de universidades nacionales y la declaración de la educación como servicio estratégico esencial.
No hay plata para el pueblo, sí para vigilancia
A mediados de julio, el Gobierno decretó la reestructuración de la SIDE y la designación de un presupuesto de $100.000 millones para su desarrollo de carácter reservado. Es decir, que no se realizarán controles respecto al dinero destinado a este órgano.
En consecuencia, y por la historia de la SIDE, se desató la polémica y el rechazo de la oposición. Cabe recordar que el servicio de inteligencia tiene el rol de ayudar en la prevención de atentados terroristas y garantizar la seguridad nacional. Sin embargo, fue usado para la persecución política a través de escuchas a políticos y periodistas.
Este jueves 15 de agosto se discutirá el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que estableció dicho presupuesto, que estaría en manos de Sergio Neiffert. La sesión especial fue solicitada por la oposición integrada por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, el radicalismo, la Coalición Cívica y parte de Hacemos Coalición Federal.
La educación en jaque
En tanto, el miércoles 14 de agosto tendrá lugar una sesión para debatir el presupuesto universitario nacional y la declaración de la educación como servicio estratégico esencial.
En relación a la situación universitaria, el radicalismo decidió llamar a sesión para esta semana en el marco de un paro de 72 horas y la posibilidad de una segunda marcha multitudinaria. La nueva sesión se da tras no haberse dado quórum en el tratamiento del 24 de abril, la cual fue pedida por Unión por la Patria. Ocasión en la que también se hubiese tratado el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
Por otro lado, con la declaración de la educación como servicio estratégico esencial se pretende garantizar 180 días de clases en las escuelas argentinas. El proyecto establece que las provincias deben asegurar el ejercicio del derecho a la educación “durante todo el ciclo lectivo durante días de clases afectados por medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente y no docente que se susciten durante el ciclo lectivo y que afecte al normal dictado de la propuesta curricular”. Esto implica que se deberá establecer un sistema de guardias mínimas obligatorias.
La medida del oficialismo no busca solucionar de raíz la problemática de les docentes y no docentes, sino atacar el único método de protesta con el que cuenta la comunidad educativa. Esto en un contexto en el que las universidades públicas del país vienen advirtiendo la situación crítica del presupuesto, la cual les impide afrontar gastos básicos para asegurar las cursadas. A pesar de ello, la gestión actual prioriza la inversión en espionaje.