El juez Daniel Obligado a través del Tribunal Oral Federal (TOF) 5, elevó una denuncia penal contra el grupo de diputados libertarios y personal del Servicio Penitenciario Federal (SPF) por las visitas a Alfredo Astiz y otros represores de la última dictadura militar.
La causa, que será investigada por el magistrado Ernesto Kreplak, tendría como eslabón final a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de quién depende el SPF.
Resulta que el SPF no pudo precisar con exactitud quienes fueron parte de la visita al penal de Ezeiza, ni los motivos de la misma.
El inicio de esta causa nació por iniciativa del coordinador de la Comisión de Crímenes Contra la Humanidad de la Cámara Federal de Casación Penal, el juez Alejandro Slokar, que exhortó, justamente a Obligado, a descubrir los detalles de la visita carcelaria.
En este sentido, Obligado le solicitó a Bullrich un informe sobre lo sucedido en el SPF, el cual fue demorado casi una semana pese al carácter de urgente que requería la situación.
Finalmente, en la respuesta no apareció la firma ni de Bullrich ni del titular del SPF, Fernando Martínez. Según detalló Página 12, quien puso el gancho fue el subdirector del Servicio Penitenciario, Diego Morel.
En el mismo, solo se señalaba el 11 de julio como visita y que los diputados presentes siguieron las normativas, sin citar a las personas en cuestión ni con quién se entrevistaron.
De igual modo, son conocidos los nombres de los diputados que arribaron hacia la Unidad 31 de Ezeiza. El grupo de seis personas estuvo integrado por Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra Ugalde, María Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci.
De esos nombres, Arrieta y Bonacci intentaron despegarse de lo sucedido con el argumento de que fueron “engañadas”, y que no sabían que iban para visitar genocidas. Particular fue la excusa de Arrieta al justificar su desconocimiento de la existencia de Astiz por “haber nacido en 1993”.
El principal motivo de estas visitas, según declaró la propia Arrieta, serían para dialogar con los represores sobre un potencial proyecto para otorgarles, al menos, la prisión domiciliaria.
De este modo, el gobierno de Javier Milei reafirma su compromiso pro militar, tras la intención de modificar la Ley de Seguridad Interior para militarizar las calles.
La denuncia con el SPF bajo la mira
Las visitas de diputados del bloque de La Libertad Avanza a represores de la última dictadura militar encontró complicidad de parte del Servicio Penitenciario Federal que depende del Ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich.
Ante las irregularidades que surgieron en las visitas a Alfredo Astiz y otros represores, el abogado querellante Pablo Llonto pidió una investigación, la cual encontró el respaldo del fiscal Félix Crous.
En primera instancia, señalan que Arrieta y Bonacci no podrían haber llegado engañadas al penal de Ezeiza, tal como aseguran las libertarias.
En consecuencia, Llonto interpretó que se habría violado el artículo 8 del decreto 1136/97 sobre la pena privativa de la libertad. El mismo señala que las visitas se concederán tras la aprobación del interno, por lo que Arrieta y Bonacci no podrían haber pedido la autorización y al mismo tiempo desconocer el motivo de su visita al penal.
Por otra parte, el fiscal Crous añadió, según reveló Página 12, que se podría haber violado el artículo 109 del mismo decreto, que establece que los miembros de los organismos oficiales deben acreditar el motivo de la visita al establecimiento penitenciario.
En tanto, sin la documentación, tanto diputados como personal del SPF podrían caer en el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos o falsedad ideológica.
Ahora, este caso queda bajo investigación de la justicia federal de Lomas de Zamora, en manos del juez federal Ernesto Kreplak.