En un reciente movimiento que ha causado gran preocupación, el Ministro de “Desregulación y Transformación del Estado”, Federico Sturzenegger, anunció la reglamentación del primer tramo de la Ley Bases. Esta ley, celebrada por su enfoque en el achicamiento del Estado, trae consigo profundas implicancias para el empleo público y la estructura del Estado.
Según el Capítulo IV de la reglamentación, los futuros empleados de la Administración Pública deberán aprobar una «Evaluación General de Conocimientos y Competencias» que se llevará a cabo de manera anónima. Los candidatos sólo serán identificados después de la calificación, y la medida también se aplicará a los «contratados Ley Marco«. Esta modalidad reemplaza el tradicional ingreso por concurso, que garantiza estabilidad laboral.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se critica duramente esta medida, argumentando que busca encubrir la pérdida de derechos laborales y facilitar la entrada masiva de militantes políticos en lugar de proteger la estabilidad del empleo público. Según ATE, la ley también pretende legalizar contratos temporales y permitir la transferencia de empleados del sector público al privado, desprotegiendo a los trabajadores formados por el Estado.
Además, la reglamentación establece que el personal afectado por la reestructuración y supresión de órganos o funciones quedará en «situación de disponibilidad» con períodos de gracia de 6, 9 o 12 meses, dependiendo de su antigüedad. Esta disposición busca facilitar la desvinculación de empleados públicos y su incorporación al sector privado, según denuncian los sindicatos.
Lo que el gobierno quiere hacer es una transferencia de empleados públicos al sector privado: trabajadores que fueron formados por el Estado, en los que se invirtieron recursos, quedarán a disponibilidad de empresas privadas.
ATE Capital y otros sectores del movimiento sindical destacan la necesidad de una unidad de acción para enfrentar esta reforma, que consideran un ataque a los derechos laborales y a la estabilidad del Estado, perjudicando especialmente a los trabajadores más vulnerables.