LONDRES – Cada vez son más las demandas en los tribunales contra gobiernos y empresas a causa del cambio climático, según mostró un estudio del Instituto Grantham de Investigación sobre Cambio Climático y Medio Ambiente de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas en esta capital.
Actualmente existen 2666 casos de litigio climático registrados, y alrededor de 70 % se presentaron desde 2015, año en el que la inmensa mayoría de los países adoptaron Acuerdo de París, con compromisos nacionales para reducir la emisión de gases de efecto invernadero que calientan el planeta.
Solo en 2023 se presentaron 230 casos y por primera vez en Panamá y Portugal, por lo que el total de países con litigios climáticos ahora asciende a 55.
Estados Unidos posee el mayor número de casos (1745 en total y 129 en 2023). Le siguen Reino Unido (139 en total, 24 en 2023), Brasil (82 en total, 10 en 2023) y Alemania (60 en total, siete en 2023).
Pero el litigio climático está dejando de ser cuestión de Europa o Estados Unidos, y en la actualidad más de 200 casos (ocho por ciento del total) proceden de países del Sur global, incluida América Latina y el Caribe.
Esta cifra pudiera incrementarse en el futuro conforme se presenten más litigios climáticos relacionados con derechos humanos. De hecho, 2023 fue un año clave para los litigios internacionales sobre clima y derechos humanos.
En total se han presentado 146 casos ante cortes y tribunales tanto internacionales como regionales, y nueve de ellos en 2023, incluyendo la solicitud de una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las obligaciones de los Estados ante las emergencias climáticas.
También se han presentado argumentos de derechos humanos ante la Corte Internacional de Justicia, que está respondiendo a una solicitud de opinión consultiva sobre responsabilidades de los Estados ante el cambio climático y en particular su impacto sobre los pequeños Estados insulares en desarrollo.
Según la investigación “Tendencias globales en litigios sobre el cambio climático: instantánea de 2024”, estos casos reflejan una tendencia creciente en el uso de argumentos de derechos humanos en casos climáticos y se espera que las opiniones consultivas sirvan de base para futuros litigios.
Se cita como ejemplo la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de abril de 2024 en el caso “KlimaSeniorinnen y ors. contra Suiza”.
El tribunal dio la razón a un grupo de mujeres, mayores de 65 años, que dijeron que su edad y género las hacían particularmente vulnerables a los efectos de las olas de calor relacionadas con el cambio climático, y la sentencia indicó que los esfuerzos de Suiza para cumplir sus objetivos de reducción de emisiones fueron inadecuados.
Se prevé un aumento de los casos centrados en la mala gestión de la respuesta dada ante un desastre y su posterior reconstrucción. En Puerto Rico, por ejemplo, un caso cuestiona la reconstrucción de infraestructura basada en combustibles fósiles.
Históricamente, la gran mayoría de los casos climáticos se han presentado contra gobiernos. En Estados Unidos, la jurisdicción con el mayor número de casos, solo 15 % se presentaron contra empresas, pero en el resto del mundo alrededor de 40 % de los casos involucraban a empresas.
En 2023 se presentaron 47 nuevos casos de lavado climático contra empresas y gobiernos, con “más de 140 casos de este tipo presentados hasta la fecha sobre lavado climático, lo que la convierte en una de las áreas de litigio en expansión más rápida”, señaló el informe.
El lavado climático o ecoimpostura, también conocido por el vocablo inglés greenwhasing, se refiere al lavado de imagen que una empresa u otra entidad hace para convencer al público que sus medidas de impacto medioambiental son mayores de las que efectúa en realidad, lo que desvía la atención y retrasa la adopción de medidas concretas y creíbles.
El informe sostiene que la mayoría de los casos decididos de lavado climático han confirmado que las comunicaciones eran engañosas. Más de la mitad de los casi 140 casos de lavado climático revisados entre 2016 y 2023 han llegado a decisiones oficiales; 54 de estos 77 casos han concluido a favor del demandante.
También hubo en 2023 novedades importantes en los casos de “quien contamina paga”, con más de 30 en todo el mundo que actualmente buscan responsabilizar a las empresas por los daños relacionados con el clima y que son causados por sus contribuciones a las emisiones de gases de efecto invernadero.
Finalmente, el estudio también identificó seis casos de “cierre de grifos”, que desafían el flujo de financiación hacia proyectos y actividades que no están alineados con la acción climática: 33 casos de este tipo desde 2015.
El contenido de esta nota es de IPS