Este 26 de junio se cumple un nuevo aniversario de la Masacre de Avellaneda ocurrida durante una protesta del año 2002. Allí, la Policía Bonaerense llevó adelante una represión y asesinó a Darío Santillán, de 21 años, y Maximiliano Kosteki, de 22.
Durante aquella jornada de lucha, donde organizaciones sociales se movilizaron desde la Estación Avellaneda hacia el Puente Puerreydón, hubo 30 personas heridas. En el contexto de crisis socioeconómica, miles de personas salieron a las calles para exigir aumentos de los programas de asistencia social, Jefes y Jefas de Hogar.
22 años después, la lucha de Darío y Maxi sigue más vigente que nunca y en diferentes puntos del país se llevan a cabo diversas actividades en su memoria. Por el crimen, organizaciones políticas exigen que este hecho sea reconocido como un crimen de Estado y así lograr verdadera justicia.
En línea con lo anterior, desde las 10 de este miércoles organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y de derechos humanos se concentraron en la mencionada estación de trenes para luego movilizar al Puente Pueyrredón. En ese punto realizarán el acto de cierre de las jornadas conmemorativas, en el cual volverán a exigir cárcel para todos los responsables políticos de la masacre.
Contexto político del 2002
La historia argentina está atravesada por continuas luchas políticas, y el “Argentinazo” fue un levantamiento particular que derribó a cinco presidentes en menos de 15 días. Este alzamiento popular fue la respuesta del pueblo ante el ajuste aplicado año tras año por gobiernos neoliberales, sobre todo el gobierno del Partido Justicialista de Carlos Menem, que comenzó en los años 90 y que colocó a Domingo Cavallo como superministro, y su continuidad con el radical Fernando de la Rúa, representante de la Alianza, que lo mantuvo en su cargo.
El plan de entrega de los bienes comunes que respondía a los mandamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI), el desmantelamiento de la industria nacional, el famoso “corralito”, la estatización de deudas privadas y el remate de empresas estatales dejó un tendal de desocupados.
De esta manera, pueblos hundidos en la miseria, infancias desnutridas y salarios de indigencia, fueron el motor de una bronca que causó una gran crisis social y logró que, al grito de “que se vayan todos”, las clases populares protagonizaran una rebelión que embistió el viejo régimen político en el país.
En este contexto, el presidente interino Eduardo Duhalde, dio la orden de “mano dura”, a fin de “controlar la calle”. Eso derivó en represión, en la Estación Avellaneda policías bonaerenses ejecutaron a Santillán por la espalda y a corta distancia. Darío acompañaba a Kosteki, quien agonizaba víctima de un disparo policial que recibió mientras participaba en la protesta.
Solo seis meses después del estallido de diciembre de 2001, los dos homicidios fueron resultado de un operativo represivo feroz montado para frenar la mayor protesta de 2002 y la organización social y política masiva surgida de una crisis que dejó a más de la mitad del país en una situación desesperante.
Rápidamente, los policías montaron una escena. Levantaron las evidencias, corrieron los cuerpos e intentaron instalar una versión oficial falsa: que los jóvenes piqueteros fueron víctimas de una pelea entre organizaciones. En una época sin celulares con cámaras y sin redes sociales, la versión del encubrimiento se sostuvo por más de un día en el discurso de policías y autoridades.
Sin embargo, dos reporteros gráficos, Pepe Mateos y Sergio Kowalewski, habían fotografiado de cerca los hechos en la estación. Cuando salieron en los medios, las imágenes no dejaron dudas: el comisario bonaerense a cargo del operativo, Alfredo Fanchiotti, junto al cabo Alejandro Acosta, ejecutaron fríamente y por la espalda a Santillán, que se quedó en la estación para asistir a Kosteki, y el grupo de policías intentó encubrir todo.
La criminalización de la protesta, un rasgo de los gobiernos antipopulares
Los homicidios de Kosteki y Santillán, sumados a los asesinatos del 19 y 20 de diciembre de 2001, derivaron en una fuerte demanda social y política: nadie debe perder la vida por organizarse para defender sus derechos. Con el tiempo, eso se tradujo en la “política de no represión de la protesta”, la prohibición para las instituciones de seguridad de portar armas de fuego en las manifestaciones públicas como principio fundamental de un conjunto amplio de medidas para limitar la violencia y la represión.
Con los años, cambiaron los conflictos y los movimientos que luchan, pero ese límite fue reiteradamente traspasado y otros manifestantes fueron asesinados por la acción policial. La organización social y política continuó castigada también por formas de criminalización que se aprovechan de figuras penales muy graves que desgastan a las organizaciones y a sus referentes en eternos procesos judiciales.
En la actualidad, aún hay 5 personas detenidas en el penal de Ezeiza por protestar frente al Congreso contra la Ley Bases. Según un informe de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el despliegue judicial y del Gobierno “remite a la dictadura militar”. Según el documento que detalla lo ocurrido el 12 de junio de 2024, “la acción represiva logró lo que se proponía: desarmar la movilización e impedir la libre expresión política de la ciudadanía”.