lunes 22 de julio de 2024

Persecución judicial: finalizaron las audiencias de las organizaciones sociales

Concluyeron las indagatorias en los tribunales federales de Comodoro Py con la declaración del líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni. El juez Casanello tiene 10 días para fallar en la causa por defraudación al Estado y desvío de fondos.
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Organizaciones sociales arribaron frente a Comodoro Py en el último día de audiencias para brindar respaldo a los dirigentes que son perseguidos por la justicia. Crédito: La izquierda diario.

Finalizó la instancia de audiencias en la causa que persigue a las organizaciones sociales por presunta defraudación al Estado y desvío de fondos.

La justicia, con el empuje del gobierno de Javier Milei busca amedrentar y disuadir las protestas populares a partir de causas judiciales.

Desde el 11 de junio desfilaron 23 miembros de organizaciones sociales por los tribunales federales de Comodoro Py, en la causa que instruye el juez Sebastián Casanello con el impulso del fiscal Gerardo Pollicita.

El origen de la causa partió con una denuncia del ministerio de Seguridad que comanda Patricia Bullrich, donde el fiscal, primeramente, guiaba la investigación por presuntas extorsiones de los dirigentes sociales sobre los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.

Rápidamente, se modificó la carátula tras una serie de allanamientos ilegales por lo que se pasó a investigar sobre una defraudación al Estado y administración fraudulenta por el presunto desvío de fondos.

Esta mañana, se presentó a indagatoria el referente del Polo Obrero (PO), Eduardo Belliboni y más tarde, lo hizo MaríaTangoIsolda Dotti, entre otros referentes de la organización social.

Ante ello, diversas organizaciones sociales y políticas concentraron frente a Comodoro Py para repudiar la persecución política y judicial por la que se ven asediados.

Tras tres horas de audiencia, Belliboni se retiró de tribunales y ante la prensa rechazó enérgicamente las acusaciones y explicó lo sucedido en la indagatoria.

A partir de ahora, el juez Casanello cuenta con 10 días para resolver si procesa, sobresee u otorga la falta de mérito a los acusados.

Por otro lado, continúan cinco personas detenidas a raíz de los reclamos en las afueras del Congreso contra la Ley Bases, que entra en una semana clave para su definición.

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El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, asistió a la audiencia, rechazó las acusaciones y denunció que se trata de una persecución política. Crédito: NA.

Belliboni denunció persecución política contra organizaciones sociales

El referente del PO, Eduardo Belliboni, se defendió ante la prensa tras prestar declaración indagatoria durante tres horas en los tribunales federales de Comodoro Py.

Hace dos semanas, se había pronunciado a través de la red social X, donde expresó que en la causa tanto la fiscalía como el juez trabajaban “para intimidar a denunciantes y a testigos, para manipularlos y construir el relato que les sirve para la persecución política”.

En sus declaraciones de hoy ante la prensa, reveló: “Hemos presentado no solo una declaración oral, sino también tres carpetas”, y agregó que las mismas contienen “pruebas más que suficientes para demostrar no hubo extorsión ni defraudación”.

Asimismo, dichas carpetas, cuenta que revela incluso el trabajo de las organizaciones sociales por “el mejoramiento de las condiciones de vida de muchos trabajadores”.

Una de las acusaciones que recibían los dirigentes, es el de extorsión para obligar a titulares del programa Potenciar Trabajo a asistir a movilizaciones bajo la amenaza de la quita del plan.

Esa premisa no encuentra concordancia dado que las organizaciones nunca contaron con el poder de dar altas o bajas del programa, sino que era potestad absoluta del Estado.

Tras ello, la causa persigue a dirigentes sociales por el presunto el desvío de fondos que recibían desde el Estado. Es que las organizaciones se encargaban de gestionar las cooperativas donde ocurría la contraprestación laboral de los beneficiarios del programa.

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El juez Sebastián Casanello instruye la causa por la que se investiga a 23 integrantes de organizaciones sociales por presunta defraudación al Estado y desvío de fondos. Crédito: Página 12.

Ante esta situación, Belliboni afirmó: “Presentamos pruebas también de lo que compramos con el dinero que nos dio el Estado, al que dicen que defraudamos”.

Y añadió: “Están allí los elementos, las computadoras, las impresoras, los lugares donde hacían cursos de capacitación”, y contó que invitó tanto al juez como al fiscal para visitar los lugares y corroborarlo.

Por último, el referente social reveló: “También denunciamos el escándalo de los allanamientos, y que los medios de comunicación tuvieran datos personales de personas allanadas antes que lo tuvieran la justicia”.

Ante esta situación, cerró: “Se lo dijimos al juez y al fiscal, se trata de una persecución política que se inicia el 20 de diciembre cuando la ministra (Bullrich) prohíbe las movilizaciones populares”.

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