La demanda internacional contra el Estado había sido realizada por la agrupación Memoria Activa en 1999 y con el respaldo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La denuncia mencionaba la falta de esclarecimiento del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
“Las condiciones políticas e institucionales que ocasionaron que, pasadas tres décadas del atentado, todavía no sepamos casi nada de lo que sucedió siguen presentes. Los tribunales argentinos fueron cómplices de la falta de investigación y de los obstáculos para impedir que se desarmara el encubrimiento”, explicó el CELS.
El 18 de julio se cumplirán 30 años desde el atentado contra la mutual judía y luego de 25 años de litigio, el tribunal dio a conocer su decisión: “Argentina es responsable por no haber adoptado medidas razonables para prevenir el atentado”, dijeron.
La audiencia resolutiva se desarrolló en horas de la mañana (11 AM hora Argentina), y se transmitió en vivo por el canal de YouTube de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La misma ya se encuentra disponible para ver en cualquier momento.
Historia de la causa
El 18 de julio de 1994 una camioneta-bomba explotó, volando en pedazos el edificio donde funcionaba la sede de la AMIA y ocasionando en el hecho 85 muertes y más de 300 heridos. El atentado sigue impune hasta el día de hoy.
La CIDH basó su sentencia en la admisión de los cargos por parte del Estado. Néstor Kirchner había admitido la responsabilidad estatal relacionada con la falta de previsión para impedir el atentado y la ausencia de una investigación válida.
En 1999, Memoria Activa denunció ante la CIDH, ciertas irregularidades graves en la causa, y la falta de justicia. En 2004, el tribunal oral federal anuló la investigación que llevaban adelante el ex juez José Galeano, y los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, que luego fueron destituidos y condenados por las maniobras que se realizadas durante la investigación. Lo mismo ocurrió con el aparato de la SIDE y con integrantes de la Policía Federal.
La Justicia fue cómplice de la falta de investigación y de los obstáculos para impedir que se desarmara el encubrimiento que continúa vigente. En aquel momento, Claudio Grossman, presidente de la CIDH y veedor del juicio, realizó un informe donde quedó plasmado el encubrimiento y el desvío de la investigación.
En 2019, la CIDH determinó la responsabilidad internacional del Estado argentino. Para ese momento, ya era claro que la posibilidad de saber qué era lo que había pasado ya era imposible.
A esto siguió un sinfín de denuncias e incumplimientos estatales. En marzo de 2021 el caso pasó a la Corte Interamericana. La sentencia de la Corte define en qué términos el Estado argentino y sus funcionarios fueron responsables en el fracaso judicial de darle una respuesta y explicación histórica a la sociedad argentina.
La condena
“A casi 30 años del atentado todavía no se tiene claridad sobre lo acontecido, sus responsables, ni las razones por las cuales el Estado utilizó su aparato judicial para encubrir y obstaculizar la investigación”, señaló el CIDH en la sentencia.
Para la Corte, Argentina violó su obligación de prevención por hacer caso omiso a situaciones previas que debieron “haber llamado la atención sobre la custodia de la AMIA”, como el caso del ataque perpetrado en 1992, contra la Embajada de Israel, y que dejó un saldo de 29 víctimas fatales.
El Estado argentino “conocía de una situación de riesgo real e inmediata sobre los sitios identificados con la comunidad judía y no adoptó las medidas razonables para evitar dicho riesgo”, dicta la resolución de la Corte, leída en vivo por la presidenta, la jueza Nancy Hernández.
Además de no haber garantizado la correspondida prevención, la CIDH señaló que Argentina “no cumplió con la obligación de investigar con la debida diligencia y dentro del plazo razonable el atentado y su encubrimiento”. La CIDH leyó la lectura de un resumen y publicó la sentencia completa y el resumen oficial, en simultáneo.