Un pedido que avergüenza: solicitaron liberar a los represores detenidos por delitos de lesa humanidad

Familiares y militantes defensores de los condenados publicaron una carta en el diario La Nación para pedirle a los líderes de La Libertad Avanza que cumplan con sus promesas de campaña.
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Una joven Cecilia Pando militando por la libertad de los genocidas. Crédito: La Tinta.

Los lazos fraternos entre el gobierno de Javier Milei y les familiares y militantes que defienden a los represores detenidos por los delitos cometidos en la última dictadura cívico-militar, no son desconocidos. En especial, si se tiene en cuenta la postura al respecto de la vicepresidenta, Victoria Villarruel

Sin embargo, este vínculo parece estar sufriendo algunas grietas que quedaron expuestas en una carta pública difundida esta semana en el diario La Nación

En ella, esposas, madres y hermanas de los militares condenados por delitos de lesa humanidad le reclaman a los líderes de La Libertad Avanza (LLA) que cumplan con lo prometido en campaña. De este modo, confirman lo que la vicepresidenta quiso ocultar en el debate previo a las elecciones: el deseo de liberar a los represores condenados.

Una vez más, la iniciativa es encabezada por Cecilia Pando, histórica militante defensora de los genocidas. Además, el escrito cuenta con la firma de la madre y la hermana de Alfredo Astiz, entre otras. 

La carta y el festejo a medias

“Días atrás el mundo festejó la llegada de un nuevo año con esperanza y buenos deseos de prosperidad, pero el festejo en la Argentina ha sido a medias porque se cumplieron 20 años de injusta e ilegal prisión de nuestros soldados que defendieron al país del terrorismo en los años 70”, así comienza la carta. De este modo, las firmantes intentan instalar que se trató de una guerra y no de crímenes de lesa humanidad.

Quienes suscriben se cuestionan: “¿Por qué las autoridades no cumplen con las promesas hechas a los familiares de las víctimas del terrorismo judicial de hoy?”, lo que deja un espacio para preguntarse cuáles fueron esos acuerdos que los entonces candidatos de LLA hicieron durante la campaña para contar con el apoyo de diferentes sectores. 

Carta, dictadura
La carta de las familiares pide a los líderes de LLA que cumplan “lo prometido”; es decir, que le otorguen la libertad a los represores de la última dictadura cívico militar. Crédito: La Primera Piedra.

Uno de los párrafos de la nota publicada parece estar en especial dirigido a la actual mandataria. En el final, la carta se dirige a los “compatriotas” a quienes les cuestiona: “¿Es que ya no corre por nuestras venas una sola gota de sangre?”. Para finalizar, se preguntan: “¿No son ellos de carne y hueso y nosotros la misma cosa”.

Por su parte, Villarruel se vio acorralada varias veces en entrevistas televisivas, así como también en los debates vicepresidenciales al ser consultada sobre su relación con los represores.

En tanto, el ahora presidente se limitaba a responder con resabios del discurso de su compañera de fórmula, cuestionando la cifra de desaparecides y calificando a los delitos de lesa humanidad como “excesos” 

Sin embargo, tras ganar el ballotage, la Unión de Promociones (UP), grupo militar que se opone a los avances de los juicios de lesa humanidad, se reunió con el diputado de LLA, Facundo Correa Llano, para pedir una “solución definitiva” para los represores. 

Hasta el momento, sólo se manifestó una sala de la Cámara Federal de Casación Penal, la cual envió un pedido para discutir la prisión domiciliaria de los mayores de 70. La solicitud fue formulada por los defensores de Diego Chemes, represor del Centro Clandestino de Represión El Vesubio


Las autoras de la carta 

Las artífices de la publicación en el diario La Nación son un grupo de mujeres que hace años militan contra los juicios por los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado que gobernó el país. 

Desde el retorno a la democracia, las mismas realizaron marchas en contraofensiva a las multitudinarias movilizaciones por Memoria, Verdad y Justicia.

La cara más conocida es la de Cecilia Pando, quién jamás ocultó sus intereses y preside la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina. Durante la campaña presidencial, le brindó su apoyo a Patricia Bullrich, mientras que a Villarruel le reprochó “haber abandonado la causa de los presos políticos”, como llama a los genocidas. 

Tal es así que, fue ella quien confirmó que la vicepresidenta visitaba a Jorfe Rafael Videla durante su estadía en la cárcel. Villarruel, quien no lo negó, argumentó que lo hizo en pos de una investigación para su libro.

Cuando en la segunda vuelta las opciones se redujeron a dos, Pando comenzó a publicar videos en redes sociales para solicitarle al futuro presidente que tomara una posición clara con respecto al destino de los represores condenados. 

Por otra parte, el escrito también cuenta con la firma de María Elena Vázquez y su hermana Lucrecia, familiares de Alfredo Astiz. El ex militar argentino fue condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad; entre ellos, secuestro, tortura y desaparición. 

También aparece Ana Magi, esposa de Ernesto “Nabo” Barreiro, un ex carapintada condenado a perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en Córdoba. Magi militó de manera constante durante la iniciativa llamada “la otra campana del Nunca Más”. 

A ella, se sumó Luz García Hamilton, periodista tucumana. Hamilton se movilizó contra los juicios en Tucumán y se la vio colgando carteles contra referentes del movimiento de derechos humanos, como Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo

A su vez, figuran otros nombres como el de María Inés Lamolla, esposa de Carlos Esteban Pla, condenado a perpetua en San Luis, y Marta Ravasi, quien estuvo acusada de facilitar la huida de su marido, Jorge Olivera, del Hospital Militar, también pueden leerse al pie de la carta. 

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Victoria Villarruel, la otra hija de la dictadura. Crédito: El Tiempo.

La otra hija de la dictadura

Villarruel viene de una familia militar y durante la campaña presentaba a su padre, Eduardo Villarruel, como “Veterano de Malvinas”, aunque nunca mencionó la participación del mismo en el Operativo Independencia

Además, su tío, Ernesto Guillermo Villarruel, fue detenido en 2015 por crímenes de lesa humanidad cuando se desempeñaba como inspector del Regimiento de La Tablada. Luego fue apartado del proceso por incapacidad.

Por el lado materno, la vicepresidenta está emparentada con la Armada Argentina, ya que su abuelo, Laurio Helvedio Destéfani, fue jefe del Departamento de Asuntos Históricos Navales entre 1970 y 1984.

Villarruel se egresó de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Tres años después fundó el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTyV), cuya fundación coincidió con la celebración de los primeros juicios contra los criminales de lesa humanidad en 2006.

En la actualidad, a Victoria le gusta autodenominarse como defensora de las víctimas del terrorismo de Estado, pero ese rol fue una mutación, porque originalmente militaba por la libertad de los genocidas.

El planteo que la carta hace a los actuales gobernantes no está tan lejano a la postura de Villarruel. En el debate vicepresidencial frente al ex candidato, Agustín Rossi, dijo que el represor multicondenado, Juan Daniel Amelong, fue victimizado por el proceso judicial al que fue sometido.

“¿Por qué abandonan a quienes lucharon también por la vida de ellos y los retienen presos hasta los 100 años sufriendo tratos crueles y degradantes?”, dice el escrito que, en otro contexto, podría llevar la firma de la vicepresidenta.

En una serie de entrevistas que datan del 2018, la misma Pando cuenta que fue Villarruel quien la estimuló a “armar una asociación que protegiera a los militares que estaban ilegalmente detenidos”. 

“Yo conocí el tema de los presos políticos por Victoria Villarruel, porque ella me llevó a la cárcel a conocerlos”, explicó Pando.

Ambas fueron amigas, pero antes de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) Pando estalló en X luego de que Milei asegurase que no evaluaba un indulto para los represores. 

En ese sentido, la militante acusó a Villarruel de haber firmado libros que, en realidad, fueron escritos por Alberto González, un represor de la Escuela de Mecánica de la Armada (ex ESMA). 

Dichas obras son las que Villarruel utiliza para explicar sus recurrentes visitas a los genocidas detenidos. Tal es así que, siendo diputada reconoció que se encontraba con los criminales para hacer entrevistas para sus libros. 

Sin embargo, hay fotos y testimonios que certifican que lo de Villarruel no era un simple interés investigativo, sino que su lazo con los represores era tan fuerte como el reclamo que Pando sostiene hasta hoy.

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