Esta semana, el secretario de Acción Social de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT), José Luis Lingeri, dio a conocer, a través de un documento, la crisis financiera que atraviesan las obras sociales.
La CGT lleva meses en negociaciones con el Gobierno Nacional para lograr una compensación, que si bien está plasmada en el Presupuesto, aún no se cristaliza. Además de que los números alarman, según indica el documento, todavía no se ha logrado alcanzar una reparación concreta.
A partir de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, los cambios que se produjeron en el mercado laboral acumulan trabajadores en la informalidad y acotan los márgenes de ingresos de las obras sociales. Desde el análisis a partir de los recursos, el informe indica que no sólo queda establecido el déficit actual sino que, en proyección, esa deuda seguirá en aumento.
Además, el documento anticipa que el sistema de obras sociales llegará al fin de este 2023 con un déficit de 132.610 millones de pesos.
Desde el gremio remarcaron que las personas con discapacidad, que representan el 0,7% de les beneficiaries del sistema (es decir, unas 100 mil personas), consumen el 75% de los recursos totales. En este sentido, el informe indica que los costos del “sistema solidario” han aumentado de manera desequilibrada y dos de sus ítems no son estrictamente médicos: Educación y Transporte se llevan 47 de cada cien pesos.
El sistema de las obras sociales
A nivel nacional, el sistema de salud de las obras sociales brinda cobertura a 14.422.066 beneficiaries mediante 288 prepagas inscriptas en el registro de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Aproximadamente 12 millones entran en el régimen general, mientras que 2 millones son monotributistas y 255.000 empleadas domésticas, según detalla el informe. El 70% de les afiliades se concentra en 40 entidades y el 75% de elles se concentra en cinco jurisdicciones: Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Santa Fe, Córdoba y Mendoza.
“La cápita promedio del sistema a marzo de 2023 es de $8.604. Con este valor como referencia vemos que el 33% de las obras sociales tienen un ingreso promedio por encima de este valor, mientras que las restantes no llegan a la media del sistema”, expresa el documento.
Asimismo, alerta que a la fecha “el costo estimado del Programa Médico Obligatorio (PMO) supera el promedio de ingreso”, lo que hace suponer que la mayoría de las obras sociales del Sistema Nacional del Seguro de Salud no logra cubrir el costo. Según la central obrera, “gran parte del déficit lo están cubriendo las organizaciones gremiales” con aportes a sus obras sociales.
Sistema solidario
El Fondo Solidario de Redistribución (FSR), el instrumento central de recursos que aportan las obras sociales y que administra el Estado, se constituye a partir de entre el 15 y el 20% de los aportes y contribuciones, según la naturaleza de la obra social. Mientras que en 2016 el financiamiento de les afiliades con discapacidad representaba el 22% del FSR, en la actualidad esa proporción se ubica en el 75%.
El FSR funciona con dos objetivos diferenciados. Por un lado, es un reaseguro para cubrir enfermedades de alto costo y baja incidencia a partir de los reintegros que financia el Sistema Único de Reintegros (SUR). En 2017 se sumó el Mecanismo de Integración, que apunta al financiamiento para las personas con discapacidad del Sistema cubierto por las obras sociales nacionales. A través de este último, se intentan compensar los gastos.
Cabe mencionar que, según explica el análisis, este “no es un ítem obligatorio ni automático, sino que depende de que haya excedente en los fondos para distribuir”. En este marco, “dada la evolución del gasto en discapacidad, a la fecha, existen más de $38.000 millones entre solicitudes y expedientes SUR analizados que no se pueden pagar por falta de fondos, cifra que va creciendo dinámicamente”, agrega.
Pero además, el FSR es redistributivo y se lleva a cabo mediante la transferencia de distintos tipos de subsidios: Subsidio Automático Nominativo de Obras Sociales (SANO); Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA); Subsidio de Mitigación de Asimetrías para Regímenes de Trabajo Especial (SUMARTE); y el actual Subsidio para Mayores de sesenta y cinco años (SUMA65).
A partir de estos recursos, se cubren las prestaciones de 99.843 personas con discapacidad, con un promedio de gasto per cápita de $131.052. El 47% del total corresponde a educación y transporte, prestaciones no ligadas a situaciones sanitarias de manera directa.
Propuestas para recuperar el equilibrio
En el documento, la CGT contempló algunas propuestas para impulsar el fin de la crisis financiera de las obras sociales. En primer lugar, propone la elaboración de una “canasta básica de servicios organizada por líneas de cuidado”, que reemplace al actual sistema de Prestación Médicas Obligatorias. Además de la creación de un fondo especial que esté destinado a financiar los medicamentos de alto costo.
Asimismo, contempla la creación de un fondo específico para financiar las prestaciones que no están ligadas al sector sanitario, educación y transporte de personas con discapacidad. En ese marco, también exige la adecuación de los esquemas de subsidios financiados desde el FSR.