El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, afronta su peor momento desde que asumió la presidencia en 2021. Esta semana se aprobó el juicio político en su contra por una amplia mayoría, 88 de los 116 legisladores votaron a favor en la Asamblea Nacional. De este modo, la próxima semana se desarrollará una nueva votación para definir su continuidad.
La votación tuvo 23 votos negativos y 5 abstenciones. Cabe recordar que la misma surgió de una moción de la legisladora Viviana Veloz, del movimiento Unión por la Esperanza, encabezada por el exmandatario Rafael Correa.
Para destituir al presidente se requieren un mínimo de 92 votos del total de 137 diputades, lo que se buscará lograr en la próxima sesión. Esta debe convocarse en el plazo de cinco días por el presidente de la Asamblea Nacional. Allí, acusadores y acusades tendrán que presentar las pruebas correspondientes. En caso de ser destituido, el vicepresidente asumiría la primera magistratura hasta el año 2025.
Según algunos asambleístas, la convocatoria debería ser el próximo lunes, un día después de la renovación de las autoridades de la asamblea prevista para el domingo 14 de mayo.
Por su parte, Lasso se presentará en el Congreso para afrontar el juicio político al que será sometido. En referencia a ello, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, informó en una entrevista que acudirá a la Asamblea Nacional “a defender su posición y a demostrar la verdad”.
La acusación
El Presidente es acusado por presunta malversación de fondos. Precisamente, de un supuesto peculado en el transporte de hidrocarburos.
El miércoles 12 de abril, las asambleístas y solicitantes del juicio político Viviana Veloz y Mireya Pazmiño, presentaron las pruebas en la Comisión de Fiscalización de la legislatura. Se trató de un total de once cuerpos de pruebas documentales y doce pedidos de comparecencias.
Entre las primeras pruebas que llegaron al presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, está una carta suscrita por el gerente comercial encargado de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC), Jorge Regalado.
El juicio político tiene origen en un reporte del medio digital La Posta del año pasado. El mismo reveló una supuesta estructura de corrupción para la asignación de cargos públicos en empresas estatales en los cuales estaría involucrado el cuñado de Lasso, Danilo Carrera; el ex delegado del Presidente, Hernán Luque; y el empresario Rubén Cherres, cercano a Carrera.
Las declaraciones
Como se mencionó, quien tomó el mando de la denuncia y el juicio político fue la asambleísta Viviana Veloz. Según su investigación, Lasso junto a un delegado suyo, Hernán Luque, fueron quienes “definieron la continuación de los contratos de transporte de petróleo en favor de terceros, conscientes de que los mismos representaban una pérdida para el Estado”.
Veloz, además, asegura que el presidente “conocía y sabía de la estructura de corrupción de FLOPEC”. Por último, expresó en su cuenta de Twitter: “Un presidente caído es un presidente liquidado políticamente. ¡El juicio va! Más allá de los embustes y argucias de los legisladores oficialistas. El pueblo los juzgará y jamás volverán a poner un pie en el hemiciclo legislativo. El tiempo de Lasso y sus acólitos pronto acabará”.
El bloque oficialista, esas 23 bancas que votaron en contra de enjuiciar al presidente, acusaron a los partidarios del exmandatario Rafael Correa, de promover un golpe de Estado Parlamentario. Además, el coordinador de la Bancada del Acuerdo Nacional, Juan Fernando Flores, aseguró que la intención de la oposición es hacer una medición de fuerzas para la posible destitución.
Antes de la sesión, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, sostuvo que el proceso de enjuiciamiento “carece de la formalidad necesaria”. Apoyándose en un artículo de la Constitución, argumentó que “a un presidente debe acusárselo de cometimiento de un delito, y en este caso lo acusaron de un peculado que todavía no pudieron demostrar”.