Trabajadores estatales de los hospitales públicos y talleres protegidos porteños, nucleades en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), realizarán una jornada de conmemoración y pedido de justicia por la represión que sufrieron hace 10 años en el Hospital Borda.
La misma es organizada por las juntas internas de los Hospitales Borda, Tobar García, Moyano y Talleres Protegidos. La actividad se desarrollará este miércoles a partir de las 9:30, en la institución de salud que se encuentra en Ramón Carrillo al 300, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El 26 de abril de 2013, la policía Metropolitana irrumpió a la fuerza en dicho nosocomio con el fin de garantizar el comienzo de las obras del futuro Centro Cívico. Allí se pretendía relocalizar algunos ministerios del Gobierno de la Ciudad, encabezado por Mauricio Macri. La represión dejó más de 50 herides, además de la consecuente demolición del Taller Protegido Intrahospitalario 19.
En este sentido, tanto las organizaciones sindicales como representantes de la salud mental llevarán a cabo un nuevo pedido de justicia para les responsables políticos. Asimismo, van a solicitar la construcción de un nuevo taller protegido.
Cabe resaltar que los talleres protegidos son espacios de inclusión socio-laboral donde se trabaja en la producción de bienes o servicios. En el caso del Hospital Borda, se dedican a la resocialización de les pacientes.
La salud mental en juego
“El 26 de abril es una fecha en que se conmemoran muchas cosas: el inicio de lo que fue la resistencia para defender los hospitales públicos de salud mental y la unidad de trabajadores poniendo el cuerpo para defender nuestros espacios”, expresó la secretaria general de la Junta Interna de ATE en el Hospital Borda, Gabriela Sánchez, a Télam. También sostuvo que esa fecha representa un hecho político que no debe ser olvidado.
“El 26 de abril no solo nos vinieron a decir que no les interesaba la salud mental en la Ciudad, sino que vinieron a apropiarse de nuestros terrenos para un negocio inmobiliario”, indicó.
Además, remarcó que “es una fecha que nos interpela, nos lleva a pensar cómo construimos día a día el lugar que ocupamos dentro de los hospitales y dentro de Talleres Protegidos. Queremos garantizar con nuestro trabajo diario la salud pública, gratuita y de calidad para todos y todas”.
Para el secretario general de la Junta Interna de ATE en Talleres Protegidos, Gustavo Fernández Ferro, el 26 de abril es una fecha que representa mucho más que la represión y demolición del Taller. En ese sentido, expresó a Télam que “representa el modelo de salud que quiere el Gobierno de la Ciudad para los y las trabajadoras, pero también para los y las ciudadanas de la Ciudad y Argentina”.
“Ellos quieren reducir todo, quieren destruir la salud. Lo vienen haciendo a cuentagotas, pero en ese momento fue la visión más clara de lo que ellos pretenden”, manifestó. Por esta razón, enfatizó en que “la lucha sigue, la salud se defiende con el cuerpo, con el alma y con el corazón”.
El pedido de justicia
A través de un comunicado, desde ATE expresaron: “Aquel día de 2013 quedó al descubierto la verdadera cara del proyecto deshumanizador y represor macrista. Pero también demostró el grado de unidad y consciencia de los trabajadores y las trabajadoras para defender la salud pública”.
Sin embargo, en la actualidad aún no hay culpables y todo sigue impune. “A 10 años de la locura más grande de la historia, exigimos justicia. Queremos juicio y castigo a los responsables políticos e intelectuales: Macri, Vidal, Larreta, Montenegro y los jefes de la entonces Policía Metropolitana”. En ese sentido, agregaron: “Queremos la reconstrucción del Taller Protegido 19 en el lugar en que estaba”.
Durante la madrugada del 26 de abril de 2013, y en contra de una orden judicial, la policía Metropolitana ingresó al predio y demolió el Taller Protegido 19. Les efectives reprimieron a quienes se oponían. No sólo se agredió al personal de los hospitales Borda, Moyano, Tobar García y de Talleres Protegidos, sino que también fueron baleades y apresades legisladores y trabajadores de prensa. Como resultado, hubo más de 50 herides, 7 detenides y una causa judicial contra les trabajadores por agredir a la policía.
El objetivo del gobierno porteño era relocalizar algunos ministerios que, hasta ese entonces, funcionaban en el Palacio del Plata y en Bolívar 1.
El lunes 29 de abril de 2013, la Justicia debía informar si autorizaba la construcción del Centro Cívico en dicho predio. Pero 3 días antes, sin respetar la medida cautelar, el Gobierno de la Ciudad decidió demoler el Taller Protegido 19.
Desde las juntas internas, tanto del Hospital Borda como de Talleres Protegidos en ATE, presentaron pruebas de que la obra no contaba con el análisis de impacto ambiental.
De igual modo, demostraron que tras el cierre del taller se perjudicó el tratamiento de les pacientes. En esa línea, denunciaron que el lugar al cual serían trasladades, tanto el personal como les pacientes, no contaba con las condiciones mínimas de salubridad y seguridad. Por último, sostenían que reparar el edificio donde funcionaba el Taller Protegido 19 tenía un costo mucho menor que la construcción de un nuevo edificio.