Con fuertes reproches entre las distintas fuerzas que componen la comisión de la Cámara Baja, Diputados comenzó a delinear el calendario de trabajo para debatir la propuesta de juicio político impulsada por el oficialismo. Nota Al Pie dialogó con el presidente de Libres del Sur, Humberto Tumini, acerca de la iniciativa que se propone remover a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Tensión en la primera reunión
En la primera jornada se comenzaron a analizar los expedientes de la denuncia y se definió el esquema de trabajo. La propuesta es que la comisión avance los jueves de las próximas semanas en el proceso de admisibilidad y dentro de quince días empiece la etapa de apertura del sumario a prueba. Más allá de las incipientes definiciones, el desarrollo del espacio estuvo signado por fuertes cruces entre los legisladores.
En general, Juntos por el Cambio definió su estrategia a partir de tres argumentos. En primer lugar, que el oficialismo impone esta iniciativa para posicionarla en el centro de la agenda política, ocultando los verdaderos problemas de su gestión. En segundo lugar, que el motivo de fondo del proyecto es detener el avance de las causas en contra de la vicepresidenta, Cristina Fernández, como por ejemplo su condena en la Causa Vialidad. Y por último, que el debate es inconducente (un “circo”) ya que saben que no tienen el respaldo político suficiente para que el proyecto prospere.
Por otro lado, el Frente de Todos apeló a tres planteos. El primero de ellos, que la iniciativa se funda en el mandato constitucional. A su vez, el rechazo de la oposición a debatir expresa que la Justicia y los medios masivos de comunicación les tributan políticamente. En tercer lugar, que la Justicia se desenvuelve “como una mafia” y por ello es apropiado juzgarla por “mal desempeño”. Luego de un debate de tres horas que inició a las 11 horas del mediodía, el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, valoró la discusión y dio por finalizada la primera jornada.
“Un favor para Juntos por el Cambio”
De acuerdo a la situación del proyecto, Humberto Tumini, presidente de Libres del Sur, argumentó que la iniciativa “es una maniobra política del oficialismo”. El presidente del movimiento planteó que “no tiene ninguna posibilidad de materializarse ya que no cuentan con los votos ni en la Cámara de Diputados ni en la de Senadores”.
Según Tumini, el gobierno pretende “meter presión a la Corte respecto de las resoluciones que seguramente deberá tomar en los juicios a Cristina Kirchner por corrupción”. Por otro lado, considera que el oficialismo busca “poner el debate político nacional hasta las elecciones por fuera de lo económico”, el factor que pone en riesgo su gestión y su competitividad electoral.
Además, opina que el proyecto no expondrá a Juntos por el Cambio ya que los argumentos del Frente de Todos “son más que endebles” y se concentran en la defensa de la vicepresidenta. Sin embargo, lamenta que este auténtico motivo le quite entidad a las acusaciones de acuerdos entre el PRO, la Justicia y los medios, que considera verosímiles.
¿Prosperará el proyecto?
Después de la primera jornada de debate en comisión aún queda en duda la posibilidad de que la iniciativa política tenga un cauce favorable para el oficialismo. La realidad indica que el propio Poder Ejecutivo le otorga una gran importancia al asunto ya que encuadró el tema en el conjunto de asuntos que quiere trabajar en Sesiones Extraordinarias.
En concreto, la iniciativa Solicitudes de Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación involucra 14 proyectos diferentes presentados tanto por legisladores como por particulares. Y son cuatro los causales que motivan los pedidos que apuntalan al desplazamiento de los magistrados e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos. El fallo por la Coparticipación y la composición del Consejo de la Magistratura, por un lado, y los pedidos de juicio político por “mal manejo de la obra social” y el fallo del 2×1 que pretendió beneficiar a los represores de la última dictadura cívico militar.
Si bien la propuesta cuenta con el respaldo de gran parte de la dirigencia política y gremial del peronismo, es difícil que se sancione como ley. En la Cámara Alta el Frente de Todos ha perdido representatividad, lo cual le quitó su capacidad de “quórum propio” de la cual gozó hasta diciembre de 2021.
Además, en Diputados la situación es aún más adversa: a fines de 2022 varias sesiones cayeron porque el oficialismo ni siquiera pudo acordar los temas de debate con el conjunto de la oposición. Al panorama desolador en “el poroteo” en el Congreso se suma la falta de síntesis de la iniciativa dentro de todos los niveles de gobierno: algunos gobernadores e intendentes le han retirado su apoyo en las últimas semanas.