El Gobierno nacional oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso Nacional, que serán del 23 de enero al 28 de febrero. Así lo anunció, el pasado jueves en conferencia de prensa desde la Casa Rosada, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti, según se publicó este viernes en el Boletín Oficial.
Por medio del Decreto 17/2023, que lleva la firma del presidente Alberto Fernández y del jefe de Gabinete Juan Manzur, el Poder Ejecutivo confirmó no sólo la convocatoria a sesiones extraordinarias, sino también los 27 proyectos de ley que formarán parte del temario.
Este incluye el pedido para someter a juicio político a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, además de otras iniciativas relacionadas con reformas al sistema judicial. Entre ellas, se encuentran un proyecto para ampliar el número de integrantes del máximo tribunal de la República Argentina, la modificación de la Ley del Consejo de la Magistratura, y una norma sobre el tratamiento del acuerdo requerido para designar al Procurador General de la Nación.
En el decreto se explica que “la Corte Suprema de Justicia exhortó al Congreso de la Nación para que, en un plazo razonable dictara una ley para organizar el citado Consejo”. Al respecto, se dispuso que “si ello no sucedía en el plazo de 120 días, el mismo debía integrarse y funcionar, en sus aspectos institucionales más relevantes, conforme una ley fenecida”.
Cabe destacar la mención de que “dicho plazo se encuentra largamente vencido y, hasta la fecha, el Congreso de la Nación no dio cumplimiento a la medida dispuesta por el Alto Tribunal, por lo que resulta necesario que ello se realice en el menor plazo posible”.
Sesiones extraordinarias con iniciativas diversas
Los proyectos incluidos en el temario también están relacionados con la promoción científica y tecnológica, la creación de universidades nacionales y con el régimen previsional.
A su vez, el decreto publicado en el Boletín Oficial precisa que “se incorporan iniciativas que tienen como objetivo mejorar el sistema de salud, otras que se vinculan con el cuidado del ambiente, y también proyectos para la prevención y represión del lavado de activos”.
Además, se incluyen proyectos sobre “regímenes de promoción de energías renovables y fomento al desarrollo agroindustrial, entre otros”.
